Más de 15.000 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado en lo corrido de 2023: Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo presentó un reporte, elaborado por la Delegada para Derechos de la Población en Movilidad Humana, que contiene las cifras de desplazamiento forzado en Colombia durante los primeros cinco meses de 2023.

En los datos se establece que ya se han presentado 43 desplazamientos, los cuales afectan a 6.081 familias en el país. En total, son 15.437 personas las que han tenido que salir de sus territorios debido a la presencia de grupos armados en sus territorios.

Asimismo, el informe de la entidad dice que los cuatro departamentos del Pacífico han sido los más afectados por eventos masivos de desplazamiento. Nariño ha registrado 17 casos; Valle del Cauca, 10; Chocó, cuatro; y Cauca, tres. Los departamentos que han presentado solo un evento de desplazamiento son Caquetá, Bolívar, Arauca, Norte de Santander, Vichada, Vaupés, Antioquia, Meta y Córdoba.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, la principal causa para que las personas tengan que salir de sus territorios es el constante enfrentamiento entre grupos al margen de la ley. Pues, 25 de los 43 eventos registrados corresponden a este motivo. Las siguientes razones por las que hay desplazamiento forzado son las amenazas, con ocho eventos; los homicidios, con cuatro; y la presencia de actores armados en las diferentes zonas del país, con cuatro también.

“Este reporte sobre desplazamiento nos muestra que los grupos armados ilegales deben dejar por fuera de las acciones bélicas a la población civil, necesitamos verdaderos gestos que permitan avanzar en la paz total que adelanta el Gobierno Nacional”, afirmó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

Uno de los eventos más recientes de desplazamiento forzado se conoció en mayo, cuando al menos 300 familias afro e indígenas, que equivalen a 1.500 personas, tuvieron que huir de sus territorios en la subregión de San Juan. Esto, debido a enfrentamientos entre miembros del ELN y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo).

“Desde la Defensoría del Pueblo estamos acompañando a las comunidades chocoanas de Charco Largo, Barrancón, Barranconcito, Charco Hondo, en zonas apartadas de Sipí, que fueron desplazadas hacia la cabecera municipal de Istmina; y a las comunidades de Santa Bárbara, Cajón, San José y Torrá, de la zona rural de Nóvita, que fueron desplazadas hacia el casco urbano del mismo municipio de Nóvita”, explicó el defensor del Pueblo en su momento.

Según el reporte, el mes de 2023 que presentó más eventos de desplazamiento forzado fue febrero, con 13 casos.

“Cuando hay un desplazamiento forzado de la población no solo genera miedo y zozobra en las comunidades, también afecta los derechos a la alimentación, la vivienda digna, al trabajo, a la educación, y pone en una condición de vulnerabilidad a las comunidades que lo padecen”, explicó la Defensoría del Pueblo en un comunicado.

El 22 de mayo, la entidad también hizo un llamado a frenar el reclutamiento de menores de edad, luego de conocerse el homicidio de cuatro niños y adolescentes, en Putumayo.

Los menores, pertenecientes a la comunidad indígena Murui, habían desertado de las filas del grupo armado. El bloque liderado por Iván Mordisco, de las disidencias de las Farc, se atribuyó la masacre, pero solo reconocieron haber “ajusticiado” a tres de las víctimas.

“Frente a los hechos ocurridos en el Putumayo, asumimos la responsabilidad de la muerte de los tres jóvenes (no fueron cuatro) que fueron ajusticiados, quienes tienen la edad que exige el Derecho Internacional Humanitario para el reclutamiento de combatientes, que en nuestro caso es de manera voluntaria”, dijeron en un comunicado.

Frente a esto, la Defensoría del Pueblo reiteró su llamado al denominado Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, para que abandonen las acciones en contra de la población civil.

“Necesitamos un compromiso real de paz por parte de todos los grupos armados ilegales, de manera especial a las disidencias de las Farc, ante el anuncio del presidente de la República, Gustavo Petro, de suspender el cese el fuego con el EMC en Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo, y de conminar a esa organización a iniciar la fase de diálogos para establecer el cese de hostilidades con enfoque territorial”, aseguró el defensor en un comunicado.