La Sociedad de Activos Especiales (SAE) ha anunciado la subasta del predio más costoso que se mantiene en poder del Estado. Según cálculos, el terreno de 107 hectáreas ubicado en el Mamonal, en la bahía de Cartagena, está avaluado en algo de más de 328 mil millones de pesos, lo que equivaldría a unos 72 millones de dólares.
“La SAE pone a la venta uno de los inmuebles de mayor valor que tenemos en administración, utilizando el mecanismo de enajenación temprana. El negocio se realizará a través de CISA, lo que permitirá mayores recursos para los propósitos sociales del Gobierno del cambio. Por eso invitamos a todos los interesados a que presenten sus propuestas en el tiempo establecido. Es muy importante que la ciudadanía sepa que CISA no pagará comisión por venta”, manifestó Daniel Rojas Medellín, presidente de la SAE.
El predio, que estará a la venta a partir del próximo 5 de junio y hasta el 10 del mismo mes, cuenta con cuatro lotes de terreno urbanizables en una zona privilegiada de la zona industrial de la bahía de Cartagena, con acceso por vía marítima. Según comenta la entidad, el terreno es considerado como un puente hacia el mercado internacional, con vías de acceso principales que permiten el desarrollo del comercio, principalmente la carretera a Mamonal.
Los interesados en adquirir el céntrico lote deberán saber que el precio mínimo de la puja será de $328.079.582.651 y no es garantía de volverse propietario. Además, el aspirante al título de poseedor del inmueble, deberá certificar ante la entidad un nivel de activos (patrimonio bruto) de mínimo el 70 % del valor de la oferta presentada por el inmueble. Asimismo, la subasta se realizará a través de forma electrónica a través de la página web de CISA y se recibirán ofertas solo en los tiempos establecidos por la entidad.
“Es una inversión que exige todas las garantías tanto para el comprador como para el Estado. En el Gobierno del cambio, CISA ha establecido nuevos mecanismos para la comercialización basados en los principios de objetividad, libre concurrencia, transparencia y demás, propios de la administración pública”, afirmó Nicolás Corso Salamanca, presidente de CISA.
Además, por medio de un comunicado, la entidad ratificó que “es prioritario asegurar un proceso de comercialización y venta equitativa de cara a la ciudadanía y al sector empresarial, sin privilegios ni preferencias”, por lo que extendió la invitación a que se que considere este inmueble como una oportunidad de inversión, y que la ciudadanía participe de este proceso que se llevará a cabo a través del mecanismo de puja electrónica especial.
Una vez efectuada la subasta, la comunicación de la aceptación de la oferta se remitirá dentro de los cinco días hábiles siguientes a la aprobación definitiva de la misma. No obstante, la entidad puede reservarse el derecho de ampliar estos plazos.
Según las políticas de Central de Inversiones S.A., dentro de sus políticas establece que el ofertante que se quede con la puja electrónica, deberá efectuar el pago del inmueble de la siguiente manera.
- Un primer pago correspondiente al 20% del valor ofertado, que puede hacerse hasta la fecha máxima que se identifica en el cupón.
- Un segundo pago correspondiente al 30% del valor ofertado, que se deberá cancelar dentro de los treinta (30) días calendario siguientes contados a partir de la fecha del primer pago.
- Un tercer y último pago correspondiente al 50% del valor ofertado, que se deberá cancelar dentro de los noventa (90) días calendario siguientes contados a partir de la fecha del primer pago.
Los pagos deberán ejecutarse únicamente a nombre de la SAE, en las cuentas dispuestas por la entidad y que serán informadas oportunamente al ofertante.
Sobre el predio
Se conoce que el terreno de 107 hectáreas fue tomado por la Fiscalía General de la Nación con fines de extinción de dominio en el año 2018, luego de que el ente acusador reuniera material probatorio sobre la presencia de recursos ilícitos en la adquisición del predio.
De acuerdo con las investigaciones, los cuatro lotes eran propiedad de Javier García Rojas, alias Maracuyá, quien hacía parte de la estructura criminal conocida como La Oficina. García Rojas también era conocido como “el capo oculto del narcotráfico” al evadir las acciones judiciales en su contra.