Álvaro Uribe se refirió a la decisión de EE.UU. de negar la entrada a ex altos oficiales del Ejército colombiano: “Por qué sustentarla en el Acuerdo con las Farc”

El país norteamericano negó la entrada a ese país al general (r) Iván Ramírez Quintero, y a los coroneles (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez y Juan Carlos Figueroa Suárez

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Expresidente Álvaro Uribe Vélez
Expresidente Álvaro Uribe Vélez

Luego de que el gobierno de Estado Unidos anunciara que no permitirá el ingreso a ese país a exaltos oficiales del Ejército Colombiano, presuntamente implicados en los mal llamado ‘falsos positivos’, en el que militares corruptos asesinaron a civiles y guerrilleros en indefensión para hacerlos pasar como bajas en combate y obtener beneficios, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se refirió a la decisión.

“Aprecio, gratitud con USA. Respeto a sus decisiones soberanas, pero por qué sustentarlas en el Acuerdo con Farc que trajo más violencia, recuperó el narco y desconoció el plebiscito popular. En la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz), justicia definida por Farc, igualaron a nuestros soldados con terroristas, cuando nuestras FFAA han sido democráticas y no beneficiarias de impunidad (sic)”, expresó en su cuenta oficial de Twitter.

Los oficiales a los que acogen la sanción son el general (r) Iván Ramírez Quintero, y los coroneles (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez y Juan Carlos Figueroa Suárez.

La sanción está motivada “por su participación en graves violaciones de los derechos humanos durante las décadas de conflicto armado interno de Colombia”.

Como resultado de la acción, los tres no son elegibles para entrar en Estados Unidos, una sanción que también aplica a “cinco de sus familiares”.

“Estas designaciones reflejan la fe que tiene EE.UU. en la JEP. Todavía queda trabajo por hacer para abordar la enorme tarea de abordar las heridas que dejaron décadas de conflicto (...) Estamos con el pueblo de Colombia para ofrecer una justicia centrada en las víctimas”, indicó Van Schaack, embajadora itinerante del país norteamericano para la Justicia Global Penal.

En este contexto, el presidente de la JEP, el magistrado Roberto Carlos Vidal, señaló en rueda de prensa que “los crímenes internacionales son una preocupación de la comunidad internacional”, muestra de lo cual son estas sanciones, que aclaró fueron una “decisión autónoma” de Estados Unidos.

Estados Unidos “ha venido apoyando de manera clara y contundente el desarrollo y búsqueda de paz en el país, y en particular al trabajo de la JEP”, según Vidal, que recordó el viaje que acaba de hacer a Washington donde dio a conocer la labor del tribunal y recibió el apoyo de las instituciones estadounidenses.

“Estamos tratando de innovar y construir los caminos a través de la justicia que le permitan a Colombia llegar a la reconciliación”, concluyó el alto jurista.

La funcionaria estadounidense agregó que: “(Colombia es) uno de los pocos países que ha tomado medidas concretas para cumplir las promesas de justicia transicional. No cabe duda que está demostrando al mundo que la justicia y la paz pueden ir de la mano”.

“El éxito hasta el momento es indudable”, mientras la JEP y el país siguen “dando pasos para ayudar al país a recuperarse y garantizar que estas atrocidades no vuelvan a repetirse”, y para ayudar a esta labor el secretario de Estado, Antony Blinken, anunció estas sanciones que esperan “animen a otros a presentarse y cooperar”.

“Estamos enviando un mensaje a las personas de todos los bandos del conflicto que aún no han decidido comparecer ante la JEP”, a la vez que alertó de que “obstaculizar la justicia para las víctimas y los supervivientes tiene consecuencias nacionales e internacionales”.

A propósito de la jurisdicción de Paz, el mismo jueves autorizaron a la unidad de Inteligencia de la Policía y al Archivo General de la Nación para que aprueben la consulta de los archivos del DAS relacionados con el caso de Carlos Augusto Rodríguez Vera y otros desaparecidos en la toma del Palacio de Justicia.

El auto firmado por el magistrado Oscar Parra también ordenó a la Unidad de Investigación y Acusación del mismo tribunal para que conforme un grupo especial de Policía Judicial para que, en un plazo de 30 días hábiles, adelante las diligencias correspondientes a la revisión de esos archivos.