El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Roberto Vidal, brindó una conferencia de prensa el viernes 14 de abril donde anunció que la justicia transicional recibió la aprobación de 60.000 millones de pesos para la apertura de 423 nuevos cargos para su funcionamiento.
Ante los medios de comunicación, que llegaron hasta las instalaciones de la JEP, Roberto Carlos Vidal señaló que esta ampliación:
Con los nuevos 423 cargos, la justicia de paz completará una plata de 1.317 funcionarios.
En su intervención, Vidal puntualizó que las personas que lleguen a asumir esos puestos, “llegan a ampliar el alcance e impacto de la entidad en los territorios más afectados y que han sido priorizados en las investigaciones, pero también a fortalecer otras dependencias que se activaron desde 2022 cuando la Sala de Reconocimiento emitió las tres primeras resoluciones de conclusiones”.
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Así mismo, expresó que con los 894 cargos iniciales se avanzó en la creación de los primeros siete grandes casos y en la imputación de 78 responsables de delitos como la toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las Farc, como asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado, antiguamente conocidos como falsos positivos.
Hay que señalar que a la fecha, un total de 338.615 víctimas están acreditadas para participar en los diez casos abiertos por la JEP, ante la cual se han sometido 13.665 comparecientes.
Sobre las críticas, que desde varios sectores aseguran que la ampliación de la planta y el aumento de los recursos, es una decisión errada y con fines políticos, el presidente de la JEP aseguró que la jurisdicción es la que menos cargos tiene en comparación a otras entidades del Estado.
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En otro punto de su discurso, Roberto Vidal aseguró que en esta nueva etapa judicial, la JEP se acerca a la imposición de las primeras sanciones a los miembros de las extintas Farc, la fuerza pública y civiles que han sido imputados como máximos responsables en el marco del conflicto armado. “Este escenario requiere del fortalecimiento de los equipos para hacer posible el desarrollo de trabajos, como parte de las sanciones, con los que deberán cumplir los responsables”, dijo el presidente del tribunal.
Finalmente, el magistrado expresó que este acuerdo estaba planeado y aprobado desde el Gobierno de Iván Duque y confirmado en el Gobierno de Gustavo Petro, “porque la JEP es una jurisdicción con funciones específicas de juzgar 50 años del conflicto armado en delitos que son imprescriptibles”, puntualizó.
Con esta ampliación se espera la apertura del marcrocaso 11, sobre delitos sexuales, y la imposición de sanciones a los responsables de los grandes casos 1, 2 y 3 con sanciones de cárcel o con justicia restaurativa.
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