Fuerza pública deberá asumir el control de los territorios con influencia del Clan del Golfo

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, dirigió un Consejo de Seguridad en Barrancabermeja y ordenó a las Fuerzas Militares y a la Policía abordar de manera inmediata la problemática de confinamiento en la que se encuentran 260 pobladores del caserío Micoahumado, en San Agustín, departamento de Bolívar, a causa de las afectaciones al orden pública que ejerce el Clan del Golfo.

Copar territorios para lograr su control, ejercer operaciones ofensivas e impedir una expansión de organizaciones armadas ilegales, fueron algunas de las conclusiones del Consejo de Seguridad en el que también participó la cúpula militar y de Policía, los alcaldes de la región, el gobernador de Santander, representantes de la gobernación de Antioquia, así como autoridades locales y regionales.

Para esto, el ministerio dispuso para el Bajo Cauca, el Nordeste Antioqueño y el Sur de Córdoba, presencia de 8.055 efectivos de las Fuerzas Militares y 4.500 de la Policía Nacional.

Con relación a la destrucción de maquinaria vinculada a la minería ilegal, que es una de las fuentes de riqueza para organizaciones criminales, el jefe de la cartera de Defensa se refirió a que esta lucha no afecta a los pequeños mineros, quienes a su vez han sido engañados por esta organización criminal presentando el trabajo de la fuerza pública como una acción en contra de la pequeña minería.

Por otro lado, Velásquez reiteró el propósito del Gobierno nacional de alcanzar cifras históricas en incautación de cocaína, “pero también de los insumos líquidos y sólidos que se utilizan para la producción (…) y también respecto de los beneficios económicos de las riquezas que se obtienen a partir de esa actividad, por lo cual, se viene ejecutando un plan especialmente con la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero, pero con la contribución de toda la inteligencia del Estado, en cuanto a la identificación para la persecución de los bienes y riquezas provenientes de estas actividades ilícitas”.

De la misma manera, fue anunciada la intermediación del Ministerio de Defensa para la gestión oportuna y pronta con el Ministerio de Justicia y las alcaldías municipales, de avanzar en la solución de hacinamiento en los centros carcelarios, ya que, fue dado a conocer un proyecto de la construcción de la cárcel de Barrancabermeja que ha superado la elaboración del proyecto, la destinación de un terreno y la asignación de unos recursos.

Ante la campaña que se ha venido gestando por parte de gobernadores de distintas regiones, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, fue enfático y aseguró que “nadie va en contravía de hacer de Colombia un verdadero Estado social y democrático de derecho”, ya que, prosiguió, “nosotros no lo entendemos como una censura o reclamo o recriminación, es un propósito colectivo, es un propósito nacional, porque la libertad, el orden, la democracia, el estado social y democrático de derecho, la lucha contra el hambre, la lucha por mejorar las condiciones sociales de la población no es una lucha política”.