
El llamado del ministro de Defensa, Iván Velásquez, fue claro: el rompimiento del cese al fuego con el Clan del Golfo no significa que las conversaciones con ese grupo para su desmantelamiento también se hayan caído.

Al respecto, explicó en diálogo con CM& que “el cese al fuego es la suspensión de la confrontación armada, por eso es la disposición y los decretos del presidente para que la fuerza pública no realice operaciones ofensivas”.
En esa línea, dijo que la negociación es un elemento distinto, y si bien la orden a los agentes del Estado para que persigan a integrantes de esta estructura ilegal, el Gobierno nacional en cabeza de entidades como la oficina del alto comisionado para la Paz, lideran los diálogos para su desarme por la vía legal.
Incluso, dijo que la ofensiva militar no solo incluye la búsqueda y detención de quienes pertenecen a ese grupo ilegal, sino también su neutralización en caso de ser necesario. “Si existe una confrontación armada y no es posible la captura pues también... matar, con todo lo grave que suena la expresión, pero el asunto es someter a esa organización”, mencionó al respecto el jefe de la cartera castrense.
Incluso, reconoció que el propósito de la actual administración es que la Paz Total debe ponerse en marcha “a las buenas o a las malas”. Por otra parte, reafirmó que hay ocho mil hombres de las Fuerzas Miliares en el Bajo Cauca, el Nordeste Antioqueño y el sur de Córdoba y que cerca de dos mil de la Policía también están listos para controlar estas regiones y liderar la ofensiva contra las también denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
“Esos 10 mil hombres van a permanecer en esta zona, y además deben generar todos los dispositivos necesarios para tener el control sobre las otras áreas en las que el Clan del Golfo tiene injerencia”, expuso el ministro de Defensa.
Este aumento en el pie de fuerza está directamente relacionado con la difícil situación de orden público presentada en el noroccidente colombiano, especialmente en Antioquia, donde se lleva a cabo el paro minero desde hace tres semanas y que, de acuerdo con el general Helder Giraldo, tuvo la infiltración de integrantes del Clan del Golfo.
Producto de ello se realizaron acciones violentas como hostigamientos con fusil y la quema de vehículos en vías cercanas a Caucasia, donde el presidente Petro lideró el más reciente consejo de seguridad el lunes 20 de marzo.
“Clan del Golfo presionó a las comunidades ante la destrucción de dragas”
El alto funcionario también indicó ante el medio citado que, ante la explosión de esas dragas ilegales con dinamita, el grupo ilegal reaccionó presionando a las comunidades del Bajo Cauca. De hecho, según informó el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, durante un foro a la justicia realizado también el martes 21 en la Universidad Externado, más de 250 mil personas de esa zona fueron confinadas ante la escalada de violencia.
Pese a las presiones, Velásquez confirmó que van a dinamitar las dragas existentes con el fin de atacar una de las fuentes de financiación de esa estructura: la extracción del oro de forma ilegal. En ese punto, esclareció que esa ofensiva no se detendrá porque consideran que, dentro de la lucha contra el narcotráfico, es importante atacar todas sus rentas ilícitas.
Por otra parte, reconoció que hay una fuerte presencia del ELN en Arauca y, en esa medida, enfrentamientos constantes con otros actores ilegales en la lucha por el control territorial. También resaltó que las acciones militares no han cedido en ese departamento y mencionó el combate que se presentó entre esa guerrilla y el Ejército con un saldo de dos insurgentes muertos.
“Son muchas violencias simultáneas”, señaló Velásquez como una de las dificultades para la consolidación de la ‘paz total’, especialmente en los territorios. De igual manera, lamentó que en los últimos años gran parte de los actores ilegales han aumentado su capacidad violenta mediante prácticas como el reclutamiento forzado.
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