La tensa situación en el Bajo Cauca antioqueño continúa por cuenta del paro minero, que ya lleva dos semanas, por lo que las vías del departamento se han visto fuertemente afectadas y el transporte de carga se ha visto gravemente afectado. A este tema se refirió Clarita María García Rúa, directora de Defencarga, asociación gremial de empresarios del transporte, que aseguró que, aunque no se han dejado de transportar alimentos, se han tenido que tomar otras rutas, lo cual implica más tiempo e inversión.
“Es una situación sumamente grave. Se han visto afectadas cerca de 280.000 toneladas (…) Lo que más preocupa es la calidad de vida y la seguridad de los conductores”, señaló García Rúa en diálogo a la emisora Blu Radio.
Por eso, manifestó su preocupación por la comunidad, que desde hace varios días ha tenido dificultades para recibir alimentos y otros elementos esenciales. “Había dificultades frente al transporte de carga con alimentos de primera necesidad. Ojalá se pudieran garantizar corredores humanitarios para no tener hechos de desabastecimiento”, dijo.
Aseguró así mismo que desde octubre de 2022 se vienen presentando bloqueos, pero que, desde enero, febrero y marzo de 2023, la situación se empezó a complicar más, lo que hace difícil el transporte de carga por las vías del Bajo Cauca y nordeste antioqueños.
El gremio estima que las pérdidas rondan los 45.000 millones de pesos, sobre todo por la imposibilidad de llevar productos desde la Costa Atlántica hacia Medellín y viceversa por los bloqueos desde Yarumal hasta Nechí, desde donde el cierre ha sido casi total y a lo largo de 233 kilómetros. “Esto no afecta solo el sector logístico y transporte, también lo sienten las comunidades con el desabastecimiento y el sobrecosto en los productos”, dijo la directora de Defencarga.
De igual forma, la asociación gremial reveló que para el pasado 16 de marzo se habían dejado de realizar 15.000 viajes desde el inicio del paro minero, cada uno con 13.980 toneladas, lo que para ese momento sumaban 209.700 toneladas.
A esto se suma las pérdidas que causa el daño en el peaje de Tarazá, que según estima el Invías, se calculan en más de $48 millones de pesos por cada día que no opere. De acuerdo con información revelada por el diario El Colombiano, por esa vía circularían diariamente 3.200 vehículos en ambos sentidos.
Cabe recordar que seis vehículos fueron incinerados el 19 de marzo pasado en la vía que conecta a los municipios de Valdivia y Caucasia y, además, las autoridades confirmaron un hostigamiento con fusil en contra de los uniformados que se encontraban allí.
El presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió a los hechos y ordenó finalizar el cese al fuego con el Clan del Golfo, grupo armado que es señalado de ser el principal instigador de la situación de orden público en esa subregión de Antioquia.
La quema de los vehículos la notificó el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien desde su cuenta de Twitter rechazó lo sucedido con cuatro vehículos de carga y dos buses de servicio público, además de cuestionar que esto se tratase de acciones hechas en medio de una protesta pacífica o en relación con el paro minero, ya que aseguró que hubo hostigamientos con fusil en contra de la fuerza pública que se encontraba allí.
“Hace pocos minutos se presentó la quema de por lo menos cuatro vehículos de carga y dos buses de transporte público en carreteras del Bajo Cauca. Repudio total a quienes insisten en sembrar zozobra y terror ante ofensiva de la fuerza pública contra los ilegales”, fue uno de los trinos publicados por el gobernador Gaviria.