Una incursión armada del ELN (Ejército de Liberación Nacional) en San José del Palmar, Chocó, más exactamente en la estación de Policía, dejó un uniformado muerto; el fallecido fue identificado como Miguel Stiven Vaquero Rubiano.
De acuerdo con la Policía Nacional de Colombia, los guerrilleros llegaron el domingo cinco de marzo altamente armados y empezaron a disparar con armas largas en contra de la estación de Policía.
Cuando estaba haciendo su labor como centinela en esa madrugada, Miguel Stiven Vaquero Rubiano, que era oriundo de la ciudad de Villavicencio –Meta–, recibió un disparo de un fusil en un lado de su tórax que le quitó la vida al instante.
La Policía Nacional de Colombia señaló que –al parecer– a herida fue ocasionada por un francotirador del frente ‘Ernesto Che Guevara’ del ELN.
“El departamento de Policía Valle se permite informar que el día de hoy en horas de la madrugada se presenta el ataque a la estación de Policía por parte del GAO ELN, frente ‘Ernesto Che Guevara’, en donde lamentablemente pierde la vida uno de nuestros uniformados en el cumplimiento de su deber y quien de manera valiente ofrendó su vida para proteger la de los ciudadanos y de sus compañeros, enviamos un mensaje de fortaleza y solidaridad a toda su familia”, manifestó el coronel Éver Gómez, comandante de la Policía Valle.
Recientemente, la institución le habían notificado a el policía iba a ser trasladado a otra parte del país en 20 días; incluso, al pasar revista le entregaron varios regalos.
Desplazamiento masivo por paro armado del ELN en Chocó
El pacífico colombiano continúa bajo el asedio de los grupos armados del país, donde las autoridades han advertido la necesidad de una intervención por las múltiples estructuras que tienen presencia en esa zona. Una de ellas es el sur del Chocó, donde la Defensoría del Pueblo solicitó tomar medidas.
Carlos Camargo, director de la entidad veedora de los derechos humanos, señaló que la situación humanitaria que se presenta en Nóvita y Sipí es grave. En esa región, del sur del Chocó, se presentan enfrentamientos entre grupos armados ilegales al que se sumó un paro armado decretado por la guerrilla del ELN.
“Persiste una fase de escalamiento del conflicto en la zona, en donde nuestro Sistema de Alertas Tempranas (SAT) ha venido identificando y advirtiendo, en los últimos dos años, un incremento de vulneraciones a los derechos humanos por cuenta de la disputa entre los grupos armados ilegales por el control de los territorios para el desarrollo de actividades criminales”, aseguró el defensor del Pueblo.
Esta zona fue visitada y priorizada por el Gobierno nacional y la guerrilla del ELN (Ejército de Liberación Nacional) para los pilotos de los alivios humanitarios que se adelantan como parte de la construcción de paz, pero los resultados no han sido palpables para las poblaciones y en cambio se ha agravado la situación
En la zona ya se presentaban enfrentamientos entre los grupos armados ilegales mantienen en la zona, situación que se agravó luego de que el 25 de febrero, el Frente de Guerra Omar Gómez del ELN declaró un paro armado en la subregión del San Juan, epicentro de recientes eventos de confinamiento y desplazamiento masivos.
“De acuerdo con la última información recogida por la Regional Chocó y el SAT, dicho paro armado, el quinto registrado en el último año, estaría afectando a un total de 405 familias, 1.357 personas pertenecientes a las comunidades de Torrá, Cajón, Santa Bárbara (ubicadas en el municipio de Nóvita) y las comunidades de Charco Largo, Barrancón y Charco Hondo (en el municipio de Sipí)”, advirtió la Defensoría del Pueblo.