Por desfalco de 38.000 millones de pesos en Universidad de Chocó judicializaron a nueve personas

Los investigados fueron imputados por delitos contra la Administración Pública. Los dineros, aparentemente, comprometidos en los actos de corrupción, provendrían de las regalías entregadas al Chocó

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Las labores de la policía judicial evidenciarían que los investigados, al parecer, suscribieron, tramitaron y autorizaron el pago de los referidos contratos sin que existieran estudios previos para su ejecución. Foto: Universidad Tecnológica del Chocó
Las labores de la policía judicial evidenciarían que los investigados, al parecer, suscribieron, tramitaron y autorizaron el pago de los referidos contratos sin que existieran estudios previos para su ejecución. Foto: Universidad Tecnológica del Chocó

Por medio del boletín 47774 la Fiscalía General de la Nación informó que fueron judicializadas nueve personas; entre funcionarios, exfuncionarios y contratistas de la Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH), comprometidos en un desfalco superior a los 38.000 millones de pesos.

El ente investigador tendría evidencia de varios contratos irregulares, relacionados con el suministro de maquinarias y equipos industriales, además de la construcción de un Centro de Desarrollo Tecnológico de la Madera en el municipio de Atrato, suscritos por los señalados en los hechos de corrupción.

Los investigados fueron imputados por daños contra la Administración Pública. En ese sentido, los judicializados, según sus responsabilidades individuales deberán responder por los delitos de firma de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad en documentos público.

Los dineros, aparentemente comprometidos en los actos de corrupción, provendrían de las regalías entregadas al departamento.

En la foto aparecen Eduardo Antonio García Vega, Manuela Gómez, César Augusto García Pino, Yesid Emilio Aguilar Lemus y Angel María Melo Chaverra.
En la foto aparecen Eduardo Antonio García Vega, Manuela Gómez, César Augusto García Pino, Yesid Emilio Aguilar Lemus y Angel María Melo Chaverra.

Los primeros capturados por este hecho de corrupción fueron Eduardo Antonio García Vega, quien para 2017 se desempeñaba como rector de la UTCH; Manuela Gómez Córdoba, extesorera; César Augusto García Pino, representante legal Consorcio Atrato 2020; Yesid Emilio Aguilar Lemus, coordinador del proyecto maderero y Ángel María Melo Chaverra, interventor de un contrato.

De acuerdo con lo informado por la Fiscalía General, las acciones ilegales, en las que habrían participado estas personas, se dieron en desarrollo de la implementación de dos proyectos de ciencia, tecnología e innovación agropecuaria cuyo objetivo era capacitar a los habitantes de los municipios de Riosucio, Acandí, Quibdó, Carmen de Atrato, Tadó, Itsmina, Bahía Solano y Juradó.

Las labores de la policía judicial evidenciarían que los investigados, al parecer, suscribieron, tramitaron y autorizaron el pago de los referidos contratos sin que existieran estudios previos para su ejecución.

Así mismo, se estableció en la investigación que:

“No se contó con una póliza autorizada por la entidad correspondiente y que los recursos no se depositaron en una fiducia; sino que fueron girados a cuentas de particulares. Además, no se evidenciaron avances en las obras a pesar de tener como fecha límite para la ejecución el mes de diciembre de 2019″.

Cinco de los investigados fueron enviados a prisión y cuatro continúan vinculados penalmente, aunque afrontarán el proceso en libertad. Ellos son: Fredy Iván Paz Perea, tesorero de la UTCH; Alexander Palacios Mosquera, actual vicerrector administrativo de la UTCH; Lilia Mercedes Mena López, hoy jefe financiera de la UTCH; y Edinson Ledezma Ramírez supervisor del contrato.

Pero los escándalos por corrupción en la Universidad Tecnológica del Chocó no son nuevos. En 2021, la Fiscalía General presentó ante un juez de control de garantías a cinco personas, entre funcionarios y particulares, involucradas en irregularidades en el contrato de construcción de la sede de la universidad, en Itsmina.

En ese momento, se conoció que el contrato 010 de 2013 contempló construir una sede que albergaría a 1.300 estudiantes. Sin embargo, una parte quedó en obra gris, abandonado y expuesto a la maleza y la inclemencia del clima de la región.

En ese caso, las investigaciones evidenciaron que el terreno escogido no era apto para soportar una infraestructura de este tipo. Adicionalmente, se estableció que las obras habrían iniciado sin licencia de construcción y en un aparente desconocimiento de los parámetros definidos por las normas de sismo resistencia. También quedó en evidencia un detrimento patrimonial por 4.100 millones de pesos.

Los señalados por este desfalco fueron los exsecretarios de Infraestructura de la Gobernación de Chocó, Dahaira Castillo Hurtado, Alberto Quintero Barco y José María Córdoba Rentería y el interventor del proyecto José Albert Lemus Lozano.