Por medio de una resolución del Consejo Nacional de Estupefacientes se han generado nerviosismo porque prácticamente se estarían legalizando los cultivos de coca de pequeños cultivadores y se les permitiría a los grandes narcotraficantes adquirir la droga al menudeo legalmente.
El proyecto de resolución, clasificado como confidencial y dado a conocer por Semana ordena que se suspenda la radicación manual forzada de los cultivos de uso ilícito familiar, es decir, las áreas de las cuales depende la subsistencia de una familia y que den ingresos mensuales cercanos a los $3′500.000.
Lo que preocupa del borrador es que la resolución más allá de la rentabilidad, no se fija un tamaño del cultivo. Esa precisión se dará a conocer en la presentación del documento técnico, dependiendo de la región en donde esté sembrada la droga.
La resolución sería firmada por el ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna Patiño, en calidad de presidente del Consejo Nacional de Estupefacientes, y por Gloria María Miranda Espitia, secretaria técnica de dicho consejo.
En el documento se plantean los llamados Acuerdos Territoriales de no Ampliación del Área Sembrada (ATNAS), que deberán firmar las autoridades locales y delegados de juntas de acción comunal o entidades sin ánimo de lucro que representen a los pequeños cultivadores de coca.
El diseño de estos acuerdos es que los campesinos se deberán comprometer a no aumentar el tamaño de las áreas sembradas con hoja de coca con corte al 31 de diciembre de 2022. Inquieta que en caso de un incumplimiento, la erradicación no se realizaría de forma inmediata, sino que primero deberán realizarse estudios y análisis de riesgos, consultas previas y un plan operativo.
Conocedores del tema aseguran que el borrador de la resolución del Ministerio de Justicia no señala cuál deberá ser la autoridad encargada de autorizar la erradicación forzosa. Se habla de un sistema de monitoreo y alertas tempranas que servirá para hacerle un seguimiento a la suspensión de la erradicación manual forzosa.
La contingencia del borrador del Ministerio de Justicia es que podría ser demandado por incumplir las obligaciones asumidas por el Estado colombiano contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
Además de que este, podría retardar la operatividad contra los cultivos ilícitos, los que incrementaría la siembra de hojas de coca sin control y la producción de pasta de coca. Así mismo, incrementaría la guerra territorial por el control de los cultivos de coca, con el agravante de que los campesinos de pequeños cultivos quedarían aún más expuestos.
Uno de los puntos más importantes del borrador podría ir en contravía del Acuerdo de Paz, teniendo en cuenta que reduce los incentivos para la sustitución de los cultivos ilícitos.
Cambios sobre la política de droga en la nación
El 26 de agosto del 2022, en una visita al Catatumbo, la segunda región con más cultivos de coca después del Pacífico, el presidente Gustavo Petro anunció la primera asamblea de campesinos cultivadores de hoja de coca. El mandatario aclaró que se trataba de unas primeras conversaciones para que las familias cocaleras transitasen el camino desde la ilegalidad al mercado formal.
En el marco de diálogos con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, el mandatario de los colombianos expuso que su Administración impulsaría una reforma agraria para democratizar el acceso a tierras para los campesinos e impulsar una campaña de sustitución de cultivos.
La política antidrogas debe “dejar de ver como criminal al campesino productor de hoja de coca”, manifestó Petro el 3 de octubre. En esa misma línea, el mandatario ha abogado por pasar de la criminalización “a la prevención y al tratamiento de la drogadicción como una enfermedad de salud pública”.