De acuerdo con el comunicado publicado por la Procuraduría General de la Nación el 14 de febrero de 2023, el proceso de evacuación de residuos de la Isla de Providencia y Santa Catalina, los cuales se generaron durante el proceso de reconstrucción tras el paso del huracán lota, aún está en camino.
La Procuraduría señaló que en varias ocasiones ha solicitado a las distintas entidades que lideran el proceso la evacuación de los desechos, así como también la disposición final de los residuos tanto ordinarios, como especiales, frente a posibles factores de riesgo en el medioambiente, así como aspectos financieros fruto por un manejo incorrecto.
Por su parte, el Ministerio Público señaló que durante el año 2021 y 2022 se pusieron en marcha jornadas de evacuación de varias toneladas de residuos, una visita realizada por el ente de control a la isla de Providencia, permitió observar que la problemática generada por la presencia de desechos sigue existiendo en la zona.
Esto, aun con la estrategia a través de la cual se designaron espacios específicos para el almacenamiento de los residuos de manera temporal y su posterior clasificación.
Con el objetivo de lograr una rápida acción para eliminar el problema, la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, hizo una solicitud a la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, dado que es la representante de las entidades a cargo, para encontrar una solución definitiva.
Cabe recordar que esta situación, no solo es un problema de salubridad sustancial para los habitantes de la región, sino que también representa un riesgo importante para el proceso de restauración de los ecosistemas que forman parte del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Los antecedentes del proceso de reconstrucción en Providencia
En el mes de octubre de 2022, la Corte tuvo en sus manos una tutela que fue presentada por Josefina Hiffington, frente a lo cual dijo que el plan de reconstrucción de Providencia estaba en proceso y que, de hecho, su finalización aún estaba bastante lejos.
A esto añadió que varios derechos de la población estaban siendo vulnerados por parte de la Presidencia, los ministerios de Vivienda y del Interior, la Alcaldía de Providencia y Santa Catalina y la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastre, como el derecho a la salud, la vivienda, el saneamiento básico y el agua.
De acuerdo con el alto tribunal:
“La Corte comprobó que el Gobierno incumplió los acuerdos sobre las características básicas que debían tener las nuevas viviendas, lo que llevó a que se entregaran casas incompletas e incapaces de proteger a sus habitantes ante un nuevo huracán, sin cisternas para almacenar las aguas lluvias y con graves defectos en los sistemas individuales de saneamiento básico”.
A esto añadió que los terrenos que fueron utilizados durante la emergencia con el fin de ofrecer un espacio de acopio temporal para los escombros, se habían convertido en botaderos de basura mayúsculos. A esto se suma que las autoridades a cargo de la reconstrucción de la isla se negaron ante el derecho de consulta previa que podría haber realizado el pueblo raizal y que condujo a una ausencia de diálogo entre los habitantes de la región y el Gobierno.
La inexistente relación entre las dos partes, pondría sobre el camino el incumplimiento de los acuerdos sobre las condiciones que debían tener las viviendas y las especificaciones sobre el proceso que tendría el material.
Por otro lado, la Contraloría General también encontró una serie de fallas en los diagnósticos, lo cual produjo irregularidades en el sistema hidrosanitario de las construcciones. Entre ellas, que no se había iniciado el proceso de construcción de zonas seguras, una parte fundamental de los acuerdos suscritos.
De hecho, la evaluación encontró que las viviendas de reparación integral no estaban conectadas a un sistema de tratamiento o que, en otros casos, estaban conectadas a pozos que no estaban en funcionamiento.
Por ahora, se espera que el Gobierno de Gustavo Petro se comunique frente al caso e inicie con pie derecho no solo la reconstrucción que llevan esperando los habitantes, sino también el levantamiento de escombros y residuos que se está convirtiendo en un problema de vital importancia y que necesita acelerar para dar cumplimiento a las necesidades de los habitantes.