En un fallo histórico, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado Colombiano por el exterminio de integrantes, funcionarios y militantes del partido Unión Patriótica (UP), que nació tras un acuerdo de paz entre las FARC-EP y el Gobierno de Belisario Betancur, en 1985.
De acuerdo con el el juez Ricardo C. Pérez, que leyó el falló en una audiencia virtual desde Costa Rica, entre 1984 y el 2004, agentes estatales y grupos delincuenciales habrían violado de manera sistematica los derechos a la vida, integridad, libertad, garantías judiciales y honra de más de 6.000 partidarios de la UP.
Por lo tanto, el Estado se encuentra en la obligación de reparar de manera integral a las victimas, reabriendo los procesos por violación de derechos en contra de miembros de la UP, determinando el paradero de sus desaparecidos, declarando un día nacional en conmemoración a las víctimas d ela persecución política, erigir un monumento, realizar “una campaña nacional en medios públicos con la finalidad de sensibilizar a la sociedad colombiana respecto a la violencia, persecución y estigmatización a la que se vieron sometidos los dirigentes, militantes, integrantes y familiares de los miembros de la Unión Patriótica” y pagar indemnizaciones económicas por daños materiales e inmateriales que podrían llegar hasta los 250 millones de pesos, por persona.
Al respecto, la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucia Zamora, que asistió a la audiencia de forma virtual, comentó en una entrevista para Blu Radio que el fallo:
“Sobre las víctimas directas hace un estimativo de 55.000 dólares para cada una de ellas y la diferencia que hace es en montos respecto a las madres, padres e hijos de las víctimas. También se refirió a los hermanos en un monto de 10.000 dólares para cada uno en los que aparece referido. Son alrededor de 761 víctimas directas e indirectas, pero recordemos que la Corte se ha referido de manera clara y puntual a la tarea de búsqueda de identificación y de acreditación de otras víctimas que, para el momento de su desición, no habían sido identificadas”.
Con las tasa de cambio a $4.556 por dólar, 55 mil dólares equivalen a 250′580.000 de pesos colombianos y 10.000 dólares a 45′560.000 pesos. Con lo que, dentro de los primeros doces mese al fallo, notificado a demandado y demandantes el lunes 30 de enero, tendrán que repararse a 761 personas. Con la posibilidad de ampliar este plazo a 2 años.
Aunque es clara obligación del Estado de seguir identificando a victimas de aquel periodo de horror, y ayudarlas a reparar el daño. Compromiso al que se sumó el presidente Gustavo Petro, quien, a puertas de conocerse la desición de la Corte comentó: ‘’ La justicia internacional se creo cuando los estados no son capaces de juzgar los peores delitos: los crímenes contra la humanidad. Este gobierno apoyará la justicia nacional e internacional contra la impunidad”.
Es así como el Estado tendrá que responder economicamente de la siguiente forma: 15 mil dólares a las victimas por desplazamiento forzoso; 10 mil dólares a la familia de a la familia Miguel Ángle Diaz, que tuvo que tuvo que refugiarse en España tras la desaparición de su padre. 55 mil dólares al resto de victimas por desaparición forzosa que logren ser identificadas; 30 mil a sus padrés, hijos o parejas sentimentales, y 10 mil a sus hermanos.
35 mil dóleras a las victimas de ejecución extrajudicial, 20 mil a sus padres, hijos y parejas sentimentales y 10 mil a sus hermanos. 5 mil a quienes fueron victimas de tentativa de homicidio. 10 mil a quienes, siendo menores de edad se enfrentaron a la violación del derecho a la vida.
5 mil a sobrevivientes de masacres e intento de homicidio y 5 mil a quienes no fueron respestados sus derechos a garantias judiciales y protección judicial.
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