“No somos felices viendo que una persona tenga un padecimiento con una condena de 36 o 37 años, así se lo merezca. Y no somos felices porque ellos también tienen familiares, hijos, personas que van a sufrir (...) Por eso vemos justo que esa pena, a través de la JEP, pueda ser reducida considerablemente, pero eso tiene una contraprestación”. Con este testimonio, Jorge Franco, hermano de Irma Franco, una de las mujeres que desapareció de manera forzada en la retoma del Palacio de Justicia, inició el segundo día de audiencia de reconocimiento sobre el general (r) Jesús Armando Arias Cabrales ante la Jurisdicción Especial para la Paz.
La diligencia, cuyo primer día fue el martes 17 de enero, estuvo centrada no solo por los crudos testimonios de familiares de las víctimas, sino por la versión entregada por el general retirado sobre su papel en la retoma del Palacio de Justicia, pues estuvo al mando de la Operación Tricolor —también Brigada XIII del Ejército—.
Las 35 sillas vacías, representando a aquellos que fueron raptados en noviembre de 1985, volvieron a estar presentes el 18 de enero, y sobre las 10:30 de la mañana comenzó la audiencia con testimonios de familiares que narraron el calvario que han tenido que vivir por más de 37 años. El objetivo de la magistratura era uno solo: determinar si el testimonio de Arias Cabrales podía satisfacer a las víctimas.
En ese sentido, la magistrada Claudia Saldaña, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, le pidió al exmilitar una explicación sobre las formas en que el personal del Ejército y la Policía que estaban resguardados en la Casa del Florero, interrogó a los trabajadores de la cafetería del Palacio.
Al respecto, el general (r) dijo que estuvo fuera de los interrogatorios. “Hasta ahí llega mi conocimiento y en ningún momento nadie del B2 —unidad de inteligencia militar— que tenía la coordinación trabajando de una manera unísona con el resto de elementos, hubiera manifestado que había algún tipo de procedimiento diferente al del interrogatorio y la ayuda que se le daba a las personas”.
De igual manera, Arias negó que el B2 pudiera utilizar la tortura como método para extraer la verdad. “Ese tipo de órdenes o de procedimientos no estaban establecidos por parte mía como comandante de la Brigada y el B2 nunca reportó que se hubiera cumplido ese tipo de procedimientos”.
En medio de la audiencia, una familiar de las víctimas le formuló varias preguntas al general retirado. Negó la existencia del paradero de Norma Esguerra Forero, afirmó tener el control de la Brigada XIII del Ejército y, en ese orden, aceptó que lo mantuvo durante toda la operación. Sin embargo, cuando le preguntó si respondía afirmativamente por su jerarquía militar “y cargo por las acciones de sus subalternos”, respondió que “cada uno responde por sus acciones” y dijo que sí entregaría a sus subalternos que cometieron irregularidades de la retoma.
Ante estas respuestas, la víctima declaró: “yo concluyo que usted es un militar incompetente, no sabe nada de sus subalternos, desconoce todo supuestamente. En esta sala, señor Jesús Armando, usted ha declarado que no sabe nada de lo que hacían las personas a su cargo y a todo responde la palabra favorita ‘no sé‘. ¿Qué clase de general y de militar es usted?”
Rosa Milena Cárdenas, hermana de Luz Mary Portela, le preguntó al general (r) por el paradero de su familiar quien también desapareció en la retoma. La réplica del compareciente no satisfizo los intereses de la asistente.
“No tengo certeza de que hubiera salido del Palacio de Justicia. La Fiscalía y Medicina legal fueron quienes llevaron a cabo la labor de levantamiento de cadáveres y emitieron este tipo de conceptos”, aseguró Arias Cabrales. Al finalizar la audiencia, Alejandra Rodríguez, hija de Luis Carlos Rodríguez, llegó a la conclusión de que el aporte de verdad del exmilitar fue nulo. En ese orden, la magistrada Saldaña dijo que, en cumplimiento de lo ordenado por la Sección de Apelación, se revisará o no la continuación del exgeneral en esa jurisdicción.
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