Cauca, Nariño y Valle del Cauca fueron departamentos con alta presencia del Bloque Occidental de la extinta guerrilla de las Farc. Las atrocidades de esta estructura liderada por alias Alfonso Cano y Pablo Catatumbo, como el secuestro de los 12 diputados del Valle en abril de 2002, fueron documentados por la Jurisdicción Especial para la Paz —JEP—. Justamente, varios de sus exintegrantes rindieron versión voluntaria en la cual ampliaron buena parte de su actuar en esas zonas del suroccidente colombiano.
En la ampliación de la diligencia, conocida por La W, el antiguo comandante del Frente 30 de esa guerrilla, Luis Eduardo Prada, aseguró que tuvieron nexos con bandas locales como Los cabezones para ampliar su margen de terror en la comisión de delitos como el secuestro.
Sumado a eso, el también conocido con el alias de Freddy y otros exintegrantes de columnas como la Jacobo Arenas aceptaron el secuestro de niños, mujeres, comerciantes, campesinos y personas extranjeras. En ese sentido, relataron el caso de María Alejandra Cantoní, una menor de edad que fue retenida con fines extorsivos. También reconocieron las “afectaciones psicológicas que sus padres sufrieron, la angustia de 12 horas si verla o saber qué estaba haciendo, si estaba bien o no”.
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En su testimonio, aseveraron incluso que siempre trataron de brindarles un buen trato a los secuestrados. De hecho, describieron que no siempre estuvieron encadenados y que, incluso, aprovechaban para jugar ajedrez con ellos, ver películas y hacer ejercicio.
Concretamente, el objetivo de los guerrilleros “era proporcionarles la mejor atención en medio de esas circunstancias, que sabemos que es poco para unos civiles privados de su libertad de manera forzosa y en condiciones de guerra”. Sobre los cobros por la libertad de los secuestrados, estos sujetos les pedían a sus familiares sumas que iban desde los 30 milones hasta 5.000 millones de pesos.
En la audiencia también fueron abordados por la toma de la Asamblea del Valle y el secuestro de los 12 diputados de Valle del Cauca. Aunque asumieron la responsabilidad en el hecho, señalaron que no hubo colaboración de sectores políticos y mucho menos de agentes del Estado.
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Vale indicar que a través del Auto 0092 de 2021, la JEP hizo una documentación de los objetivos que no solo tenía el Bloque Oriental de las extintas Farc con el secuestro, sino el resto de estructuras que conformaron esa guerrilla que firmó el Acuerdo Final de Paz en 2016 con el Estado colombiano.
Por otra parte, este bloque revivió —como grupo residual—por cuenta de combatientes que decidieron no acogerse a lo pactado en La Habana. Sin embargo, en octubre del año pasado dieron un primer paso para acogerse a la Paz Total establecida por el Gobierno nacional. A través de un video, no solo manifestaron sus intenciones de acogerse a un cese multilateral, sino que cuestionaron la implementación del Acuerdo Final en el mandato de Iván Duque.
“Hemos confiado infinidad de veces en salidas negociadas por la vía política para este conflicto y así lo dice nuestra historia resistencia como pueblo alzado en armas y lo seguiremos haciendo”, afirmó ese grupo residual. Por ello, insistieron en la necesidad de un cese de hostilidades para entrar en negociaciones con el actual gobierno”. En ese sentido, ven con buenos ojos la apuesta del Gobierno de pacificar el país.
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