“La Iniciativa Mérida está muerta”, declaró el gobierno mexicano

Frustrado por la violencia, el gobierno mexicano busca reformar la Iniciativa Mérida, un programa de ayuda estadounidense de USD 3 mil millones que ha sido la pieza central de la cooperación de seguridad entre las dos naciones en la última década, pero que no ha logrado reducir el derramamiento de sangre.

Desde finales de la primavera, funcionarios mexicanos se han reunido con sus homólogos de la administración de Biden para reenfocar su cooperación contra los cárteles de la droga y otros grupos criminales, en medio de la creciente preocupación de que tales bandas estén expandiendo su control sobre el territorio mexicano.

“La Iniciativa Mérida está muerta. No funciona. Ahora estamos en otra era”, aseguró el canciller Mercelo Ebrard en una entrevista con el diario estadounidense The Washington Post.

Lanzada durante la presidencia de George W. Bush, la Iniciativa Mérida inicialmente destinó cientos de millones de dólares para aviones, helicópteros y otros equipos para las fuerzas de seguridad de México. Sin embargo, en los últimos años el financiamiento se trasladó a la asistencia técnica y la capacitación para fortalecer la policía y el sistema judicial de México.

El plan representó un cambio histórico para México, que durante mucho tiempo se había mostrado cauteloso a la hora de permitir que Estados Unidos se involucrara demasiado en sus asuntos.

Pero a pesar de los miles de millones de dólares invertidos en ayuda, se ha seguido registrando un “enorme aumento de la violencia”, señaló Ebrard. Los homicidios en México se han cuadriplicado desde que se anunció la iniciativa en 2007. Mientras tanto, las muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos se dispararon a un récord de 93,331 el año pasado, impulsadas por el aumento del uso de fentanilo. Gran parte de este estupefaciente ha sido contrabandeado a través de la frontera suroeste.

“No hemos reducido ni el tráfico ni el abuso de drogas”, dijo Ebrard. “Así que tendremos que hacer otra cosa”.

También explicó que las prioridades de México incluían un mayor enfoque en la reducción de homicidios, en lugar de capturar a los capos de los cárteles. Precisó que se han intensificado los esfuerzos para incautar los productos químicos utilizados para fabricar fentanilo y otras drogas, así como tratar de reducir drásticamente el número de armas estadounidenses traficadas ilegalmente a través de la frontera.

Los funcionarios mexicanos dijeron que no intentaron renegociar la Iniciativa Mérida con la administración Trump porque ambas partes tenían claros desacuerdos sobre la estrategia de seguridad. La divergencia se hizo especialmente obvia en 2019, cuando el entonces presidente Donald Trump ofreció enviar tropas a México para “librar la GUERRA” contra los cárteles de la droga después de la masacre de nueve personas con doble nacionalidad (estadounidense y mexicana).

La relación bilateral bajo Trump se centró principalmente en la migración ilegal. La administración Biden está ansiosa por “generar una cooperación más sólida” en materia de seguridad, de acuerdo con un alto funcionario del Departamento de Estado, que habló bajo condición de anonimato. Las autoridades estadounidenses han propuesto una reunión a nivel de gabinete con sus homólogos mexicanos este otoño para discutir una Iniciativa Mérida renovada. “Queremos ver esto más temprano que tarde”, expresó el funcionario.

Las conversaciones se producen en medio de un ambiente tenso entre las dos naciones vecinas. El Congreso de México aprobó una ley en diciembre para frenar la capacidad de los agentes estadounidenses en territorio mexicano. Aquello fue una especie de represalia por el arresto en Los Ángeles del exministro de Defensa, Salvador Cienfuegos, señalado por cargos de narcotráfico. Posteriormente, el Departamento de Justicia abandonó el caso debido a las protestas en México y las interrogantes sobre la solidez de la evidencia.

Mientras tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha alterado la estrategia de seguridad de México con la creación de la Guardia Nacional (GN) como reemplazo de la Policía Federal (PF), plagada de corrupción, y también ha recortado los fondos para la policía estatal y local. El gobierno de Estados Unidos había invertido millones de dólares en mejorar la aplicación de la ley civil y el sistema judicial.

“Las dos agendas no coinciden”, dijo Shannon O’Neil, analista de América Latina del Council on Foreign Relations. “La agenda de Estados Unidos se trata más de vigilancia comunitaria, profesionalización, áreas del proceso de seguridad, desde la policía hasta los tribunales y la prisiones... Pero eso no es realmente en lo que se centra la administración de AMLO”.

La amenaza del crimen organizado en México ha cambiado considerablemente desde que se lanzó la Iniciativa Mérida. Las fuerzas mexicanas, con la ayuda de la inteligencia estadounidense, han capturado o matado a decenas de capos de la droga. Pero en lugar de colapsar, los cárteles se han dividido en decenas de grupos que han diversificado sus actividades hacia el robo de petróleo, la extorsión, el tráfico de migrantes y la venta de metanfetamina. El general Glen D. VanHerck, jefe del Comando Norte de Estados Unidos, dijo en marzo que los grupos criminales transnacionales operan en “áreas no gobernadas, que constituyen entre el 30 y el 35 por ciento de México”.

Ebrard detalló que su gobierno busca desarrollar una mejor infraestructura para resolver los homicidios, “la principal preocupación de México”. Los asesinatos se han estancado en alrededor de 36.000 por año, o 29 por cada 100.000 personas, la tasa más alta en más de medio siglo. Solo aproximadamente 1 de cada 10 homicidios son resueltos por el sistema de justicia débil y sobrecargado de México, según el grupo de investigación Impunidad Cero.

Una Iniciativa Mérida renovada podría proporcionar capacitación y equipo forense para equipos mexicanos especializados que rastrearían los casos de homicidio desde la investigación hasta la sentencia, dijo Ebrard. Dijo que el plan también podría proporcionar tecnología sofisticada que permita a los dos países inspeccionar los contenedores que llegan a los puertos mexicanos y que podrían contener ingredientes para fentanilo u otros narcóticos.

“Vamos a elaborar un plan de acción en las áreas en las que estamos de acuerdo” con Washington, afirmó, incluyendo la reducción del tráfico de armas y la cooperación para disminuir el abuso de drogas. Las autoridades mexicanas dijeron que han discutido estas ideas con diplomáticos estadounidenses, así como con miembros del Consejo de Seguridad Nacional y la vicepresidenta Harris durante en su última visita en junio.

El funcionario estadounidense dijo que la administración Biden dio la bienvenida a las conversaciones. “Generalmente, nuestras prioridades son notablemente similares”, dijeron. “Ciertamente, la reducción de los homicidios es algo que queremos ver en todos los ámbitos”.

Sin embargo, el funcionario rechazó la afirmación de Ebrard de que la Iniciativa Mérida había fracasado. Dijeron que la iniciativa había capacitado a miles de instructores de policía, jueces, fiscales y otros empleados del sistema de justicia, y proporcionó equipos para desmantelar laboratorios de drogas, detectar cargamentos de narcóticos e identificar delincuentes que intentaban cruzar la frontera de Estados Unidos. Pero también reconoció que algunas partes de la estrategia estaban “fuera de nuestro control. No podemos hacerlo todo”.

Los analistas de seguridad dijeron que México no ha hecho lo suficiente para transformar su actual sistema de policía y tribunales. “En la actualidad, México gasta menos en seguridad que casi cualquier otro lugar de América Latina”, señaló O’Neil.

López Obrador ha calificado el modelo de la “guerra contra las drogas” como un fracaso y ha creado nuevos programas sociales en un esfuerzo por evitar que los jóvenes se unan a bandas criminales. Pero eso tampoco ha hecho mella en la violencia.

Es probable que el Congreso continúe financiando la Iniciativa Mérida para evitar que las condiciones de seguridad en México se deterioren aún más, dijo un miembro del personal de relaciones exteriores. Pero también dijeron que los legisladores estaban frustrados con los resultados.

Entre sus preocupaciones estaba la decisión de López Obrador de darle al ejército un papel cada vez más importante en la lucha contra el crimen, en lugar de fortalecer las fuerzas policiales civiles, detalló el miembro del personal, quien habló bajo condición de anonimato.

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