Maduro se declara prisionero de guerra para encarar los cargos en EE. UU.

Su afirmación ante un tribunal federal busca subrayar las contradicciones de las acciones del gobierno de Trump en el Caribe.

Nicolás Maduro, el dirigente venezolano depuesto que el lunes se declaró no culpable de cargos federales ante un tribunal de Manhattan, insistió en que no era un acusado penal común, sino un "prisionero de guerra".

Maduro estaba enviando un mensaje contundente: que la incursión de las fuerzas especiales en su complejo en Venezuela el sábado no fue una operación para aplicar la ley, como ha argumentado el gobierno de Donald Trump, sino una acción militar.

Él ha sido acusado de narcoterrorismo y de conspiración para importar cocaína. El lunes, mientras era procesado por el juez que supervisa el caso, Alvin Hellerstein, Maduro insistió en que era el presidente de Venezuela y afirmó que había sido "secuestrado".

Maduro no es el primer acusado penal que hace tal afirmación, y es probable que tenga poca repercusión en su caso, dijo Daniel Richman, profesor de la Facultad de Derecho de Columbia, quien trabajó como fiscal federal en Manhattan.

Si una persona es prisionera de guerra, el derecho internacional y la Convención de Ginebra dictan su trato, dijo Richman.

Un prisionero de guerra es un combatiente legal -incluidos los miembros de las fuerzas armadas, la milicia o los cuerpos de voluntarios- que es capturado y detenido durante un conflicto. No enfrentan juicios por el mero hecho de ser miembros de una fuerza hostil.

Según la Convención de Ginebra, un prisionero de guerra, al ser interrogado, "está obligado a dar solo sus apellidos, nombres y rango, fecha de nacimiento y número de ejército, regimiento, personal o de serie o, en su defecto, información equivalente".

Aunque los movimientos de un prisionero de guerra pueden ser limitados, no puede ser confinado en un espacio estrecho, a menos que sea necesario por su seguridad, según la convención.

Generalmente son liberados al final de un conflicto, en lugar de ser condenados a una pena impuesta por un juez. Y, lo que es crucial, no se enfrentan a ninguna acusación de culpabilidad personal.

Un acusado penal enfrenta una imputación de delito personal y un juicio conforme a las leyes civiles.

En Manhattan, si a un acusado federal no se le concede la libertad bajo fianza, se le recluye en el problemático Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn mientras espera el juicio. Las condiciones de reclusión han sido tan graves que un juez se negó en 2024 a enviar allí a un hombre condenado en un caso de drogas mientras esperaba la sentencia.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, se encuentran entre las 1300 personas recluidas en el imponente centro, según el sitio web del lugar, y sus casos podrían tardar años en tramitarse ante los tribunales.

En las horas posteriores a la noticia de que Maduro y Flores habían sido sacados de Caracas, la capital venezolana, en una operación de comandos de la Fuerza Delta del ejército, surgieron preguntas sobre la naturaleza de la acción, realizada sin la aprobación del Congreso.

El secretario de Estado, Marco Rubio, y Trump argumentaron que la operación estaba destinada a ayudar a las fuerzas del orden federales tras una acusación penal formulada hace cinco años en Manhattan. El gobierno señaló como precedente la captura en 1989 de Manuel Noriega en Panamá por cargos federales de narcotráfico.

El sábado, Rubio y Trump describieron la misión como una operación de aplicación de la ley y no como una acción militar.

Pero el gobierno, en ocasiones, también ha descrito sus acciones en relación con Venezuela en el contexto de la guerra. Durante meses, Trump ha dirigido una campaña militar contra embarcaciones en el mar Caribe y el océano Pacífico que, según dijo, transportaban drogas, en un esfuerzo por presionar a Venezuela y a Maduro.

Se han producido decenas de ataques letales a embarcaciones en los últimos cuatro meses, operaciones que muchos juristas califican de asesinatos o crímenes de guerra. El gobierno afirma que dispone de información de inteligencia que vincula las embarcaciones con el narcotráfico, pero no ha presentado pruebas públicamente.

Un memorando secreto del Departamento de Justicia que justifica la legalidad de los ataques se basa en la idea de que Estados Unidos y sus aliados se encuentran legalmente en un estado de conflicto armado con los cárteles de la droga.

Estados Unidos desplegó miles de soldados y una decena de buques de guerra en el Caribe. El gobierno de Trump anunció el bloqueo de los petroleros que navegan hacia y desde Venezuela.

En respuesta, Maduro ordenó a su armada que escoltara a los barcos que transportaban productos petrolíferos.

En todo momento, el gobierno afirmó que Maduro era un presidente ilegítimo que además era un "narcoterrorista", relacionándolo con el Tren de Aragua, un cartel venezolano que el gobierno de Trump designó como organización terrorista el año pasado. Se trata de una afirmación que las agencias de inteligencia estadounidenses han contradicho.

Aunque Maduro invoque el derecho internacional o alegue inmunidad por ser jefe de Estado, su caso se decidirá como un proceso penal, dijo Richman.

Tanto el gobierno de Trump como Maduro están utilizando palabras que creen que comunicarán con el mundo, dijo Richman. A lo largo de la audiencia del lunes, Hellerstein interrumpió los discursos de Maduro sobre la legalidad de su captura, diciéndole: "Ya habrá tiempo y lugar para entrar en todo esto".

Richman dijo que las acciones del líder venezolano derrocado son reveladoras.

"Un supuesto fundamental de las causas penales es que el acusado admitirá, al menos provisionalmente, la jurisdicción del tribunal y se comportará en consecuencia", dijo Richman. "Y cuando tienes a alguien que se resiste por completo a eso, puede ser bastante obstruccionista".

Hurubie Meko es periodista del Times y cubre la justicia penal en Nueva York, con énfasis en la fiscalía de distrito de Manhattan y las cortes penales estatales de Manhattan.