Los síntomas reveladores comenzaron a fines de mayo, casi una semana después de una visita rutinaria de profesionales médicos del gobierno a la comunidad indígena kanamari en una parte remota de la Amazonia: las personas de la tercera edad de la comunidad comenzaron a tener problemas para respirar.
Durante meses, mientras el coronavirus avanzaba con rapidez por Brasil, los kanamari habían buscado protegerse de la pandemia limitando estrictamente el acceso a sus aldeas ribereñas en el recóndito Valle de Javari, uno de los territorios indígenas más grandes de Brasil.
Sin embargo, parecía que incluso ahí el virus los había alcanzado. Y se desató el pánico.
“Mucha gente agarró un poco de ropa, una hamaca y huyó a la selva para esconderse”, comentó Thoda Kanamari, un líder de la unión de los pueblos indígenas de ese vasto territorio, hogar de grupos que tienen poco contacto con el mundo exterior. “Pero fue demasiado tarde, todo el mundo ya se había infectado”.
Y, según entrevistas y datos federales consultados por The New York Times, los portadores de la enfermedad pudieron ser los profesionales de la salud que fueron designados por el gobierno federal para proteger a las poblaciones indígenas del país.
Mediante el uso de la ley de libertad de información y entrevistas con representantes sindicales, se encontró que hasta inicios de julio más de 1.000 enfermeras y doctores que forman parte del servicio federal de salud indígena, conocido como SESAI, habían dado positivo por coronavirus.
Profesionales médicos y líderes indígenas sostienen que, al no tener los equipos adecuados de protección para trabajar y sin el acceso a pruebas suficientes, es posible que esos trabajadores hayan puesto en peligro involuntariamente a las comunidades que intentaban ayudar.
Más de 15.500 indígenas brasileños han sido diagnosticados con el coronavirus, entre ellos al menos 10.889 que viven en territorios protegidos, según el Instituto Socioambiental, una organización a favor de los derechos indígenas. Al menos 523 han muerto.
En el Valle de Javari, una región poco poblada al noroeste de Brasil, la agencia federal de atención médica para las comunidades indígenas señaló que había identificado 220 casos y un fallecimiento.
Robson Santos da Silva, el coronel del ejército que lidera el SESAI, defendió la respuesta de la agencia durante la pandemia y menospreció las críticas al decir que se trata de “mucha desinformación, mucha política”.
“Estamos en la vanguardia”, comentó. “Estamos combatiendo esta enfermedad a diario”.
En un comunicado enviado por medio de un correo electrónico, el SESAI mencionó que los informes que responsabilizaban a los profesionales de la salud de haber expuesto a los indígenas al virus eran “no concluyentes”. La agencia señaló que sus empleados usaban el equipo de protección.
“Toda esta planeación e investigación previa produjeron una atención eficiente y oportuna en los pueblos”, mencionó el comunicado.
No obstante, el Times detectó que, al menos en seis oficinas, la cantidad de trabajadores infectados superaba al promedio de la región de la Amazonia que es de 8 por ciento para la población general. Dos sucursales en particular tuvieron tasas de infección extraordinariamente altas, según los cálculos que compilaron los sindicatos del sector salud.
La oficina encargada del estado de Amapá y la zona norte del estado de Pará reportó que 186 personas —casi la mitad de sus trabajadores— había dado positivo por el virus. Además, en la oficina que cubre la comunidad yanomami, la cual se extiende a lo largo de la frontera entre Brasil y Venezuela, 207 funcionarios —más del 20 por ciento del personal médico– estaba infectado.
Representantes del sindicato de trabajadores del sector salud y expertos aseguran que es probable que la cantidad real de casos entre profesionales indígenas de la salud a nivel federal sea mucho más alta. Muchas de las personas que están en la vanguardia han buscado pruebas por su cuenta pero, hasta el 30 de junio, el servicio de salud indígena tan solo les había realizado 1080 exámenes a sus empleados, casi el 5 por ciento de su fuerza laboral.
La gran cantidad de trabajadores contagiados sugiere que “hubo fallas en la protección de los profesionales de la salud en un momento crucial, esto afectó a los equipos que atienden a una población muy vulnerable”, comentó Felipe Tavares, quien investiga la salud de los indígenas en la Universidad Federal Fluminense.
Los líderes indígenas aseguraron que es imposible determinar con certeza cuántos casos se generaron por la presencia de los trabajadores del sector salud. Algunos indígenas podrían haber llevado el virus a sus comunidades después de viajar a las ciudades para conseguir provisiones y ayuda gubernamental de emergencia. Los mineros y leñadores ilegales que operan en territorios indígenas también pudieron ser parte activa de los contagios en algunas comunidades.
Luiza Garnelo, doctora y antropóloga de Fiocruz Amazonia, una agencia gubernamental de investigación sanitaria en la Amazonia, comentó que la pandemia había evidenciado la vulnerabilidad de las comunidades que ya estaban luchando con una atención médica de mala calidad, con la pobreza y, a menudo, con la invasión violenta de sus tierras.
“Mucho tiempo antes de que azotara la epidemia, la inversión en la atención médica de los pueblos indígenas era insuficiente y los recursos disponibles no se aprovecharon para dar una respuesta eficaz a la epidemia”, mencionó. “La población indígena es social y económicamente vulnerable”.
Algunas comunidades han exigido una mejor atención médica, mientras la pandemia afecta a Brasil.
Carmem Pankararu, presidenta del sindicato de trabajadores indígenas de la salud, mencionó que los trabajadores se han visto afectados por una burocracia lenta al momento de obtener pruebas y suministros cruciales para las regiones donde el transporte y la logística son un problema muy complicado, incluso en circunstancias normales.
“Solo les realizaban la prueba cuando mostraban síntomas”, mencionó Pankararu. “Necesitamos pruebas masivas”.
Dentro de los territorios indígenas, y fuera de ellos, están aumentando las críticas al presidente Jair Bolsonaro por su manejo de la pandemia.
Después de las renuncias de dos ministros de Salud que eran médicos, en abril y mayo, Bolsonaro puso en el Ministerio de Salud a un general del ejército, quien ha llenado los altos cargos del organismo con oficiales militares que no son expertos en atención médica.
Varios trabajadores del SESAI que hablaron con el Times bajo la condición de permanecer en el anonimato, por temor a represalias, describieron una misión de una complejidad excepcional, que se ha visto afectada por un manejo deficiente, la desconfianza de muchas comunidades indígenas y la escasez de pruebas.
Enoque Taurepang, coordinador del Consejo Indígena de Roraima, comentó que a los doctores y las enfermeras les habían tendido el camino para fracasar.
“No podemos culpar a los profesionales de la salud porque no tienen las herramientas necesarias para actuar”, comentó Taurepang.
Mientras tanto, aumentan las pérdidas de las personas indígenas.
c.2020 The New York Times Company