La furia catalana se ha encendido de nuevo, ¿qué le depara el futuro a España?

Por Raphael Minder

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Manifestación separatista en Barcelona (Photo by LLUIS GENE / AFP)
Manifestación separatista en Barcelona (Photo by LLUIS GENE / AFP)

MADRID — La sentencia que se dictó el 14 de octubre contra doce exlíderes del movimiento independentista catalán, por su participación en un intento fallido para separarse de España en 2017, ha desatado días de manifestaciones y reavivado las tensiones que desde hace tiempo estaban latentes en la región.

La disputa territorial y sus ramificaciones se han cernido sobre la política española desde que la causa de los separatistas catalanes ganó impulso —lo cual culminó en un referendo de 2017 que España declaró inconstitucional— y proclamaron su independencia. El gobierno central en Madrid tomó medidas severas e impuso un periodo de control directo sobre la región, por lo que anuló el intento de secesión y expulsó al gobierno liderado por los separatistas.

Sin embargo, las largas sentencias de prisión impuestas a los líderes han generado una nueva ola de disturbios en la región en un momento fundamental para España, que se prepara para celebrar elecciones nacionales el próximo mes, la cuarta votación de este tipo que se realiza en el país en los últimos cuatro años.

¿CÓMO SE LLEGÓ AL FALLO?

El Tribunal Supremo condenó a nueve líderes a un periodo de entre nueve y trece años en prisión por sedición, así como malversación de fondos públicos. Otros tres políticos fueron declarados culpables por el delito menos grave de desobediencia durante el tumulto de 2017.

Los jueces retiraron los cargos más graves de rebelión, los cuales podrían haber derivado en condenas de hasta 25 años. Aunque destacaron que hubo “episodios de violencia”, los jueces describieron el intento de secesión como “una quimera” inventada por políticos que engañaron a “ciudadanos agitados”. El Tribunal Supremo determinó que los legisladores separatistas habían violado la legislación española de manera deliberada y que habían creado un sistema paralelo de leyes.

El fallo se dio a conocer antes de la decisión del tribunal europeo sobre si se otorgará inmunidad a los políticos que ganaron curules en el Parlamento Europeo en las elecciones de mayo. Si los políticos condenados pueden argüir que sus sentencias infringen derechos fundamentales, podrían presentar recursos de apelación ante el Tribunal Constitucional de España y quizá incluso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo, Francia.

También hay una interrogante en cuanto a cómo se cumplirán las sentencias, ya que el Tribunal Supremo confirmó que las autoridades regionales de Cataluña tienen derecho a administrar su propio sistema penitenciario. Algunos de los líderes separatistas que recibieron condenas podrían acceder a la opción de libertad condicional a partir de enero del próximo año.

¿QUÉ IMPLICA ESTO PARA LA POLÍTICA ESPAÑOLA?

El veredicto llegó apenas semanas antes de que España celebre sus cuartas elecciones en cuatro años y en medio de un estado de fragilidad y fragmentación partidista. Se convocó a repetir las elecciones el 10 de noviembre debido a que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) no lograron obtener el apoyo suficiente de los partidos más pequeños a fin de convertir su victoria electoral de abril en un gobierno viable.

El lunes, durante un discurso a la nación, Sánchez dijo que el fallo del Tribunal Supremo confirmaba a España como una de las democracias más firmes del mundo y que le permitiría a Cataluña entrar en “una nueva etapa”.

Sin embargo, Sánchez y Joaquim Torra, el presidente separatista de la Generalidad de Cataluña, no han logrado ningún progreso político para resolver la disputa desde que ambos asumieron funciones en junio de 2018. El 14 de octubre, Torra prometió “avanzar sin excusas hacia la creación de una república catalana”. Durante una visita a Madrid en septiembre, advirtió que Cataluña podría seguir el ejemplo de los manifestantes de Hong Kong.

Aunque el PSOE lidera las encuestas, la atención renovada en la situación de Cataluña podría influir en los votantes, en particular si las protestas se intensifican. Torra solicitó amnistía general para los líderes condenados y Sánchez podría usar sus facultades ejecutivas para conceder indultos individuales. No obstante, los principales partidos de oposición quieren que Sánchez prometa que no será tan indulgente.

¿CUÁN GRAVES SON LAS MANIFESTACIONES?

Desde que se dieron a conocer las sentencias, manifestantes separatistas han salido a las calles en ciudades de toda Cataluña. Las protestas han desestabilizado centros de transporte, entre ellos el aeropuerto de Barcelona, donde se cancelaron más de cien vuelos el 14 de octubre debido a una manifestación masiva. Está previsto que el 18 de octubre se celebre un paro general en toda Cataluña.

La noche del 15 de octubre, tras una jornada de protestas mayormente pacíficas, algunos manifestantes se enfrentaron a la policía en Barcelona y otras ciudades. La policía atacó con gas lacrimógeno a los manifestantes, quienes erigieron barricadas callejeras para luego prenderles fuego. El gobierno español condenó los actos ilícitos de violencia que atentaron contra la ley y el orden en Cataluña.

Cuando la comunidad autónoma celebró el 11 de septiembre el Día de Cataluña, alrededor de 600.000 personas marcharon en Barcelona a favor del independentismo, una cifra menor en comparación con el millón que participó el año anterior.

Sin embargo, la sociedad catalana sigue dividida por la campaña independentista. Los políticos separatistas han gobernado la región desde 2015, pues han ganado la mayoría de los escaños parlamentarios en varias elecciones regionales, aunque jamás han conseguido una mayoría absoluta de votos.

A lo largo de la década pasada, dos organizaciones de la sociedad civil, la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, han sido el motor del movimiento independentista catalán y han organizado algunas de las manifestaciones más grandes en Europa. Los expresidentes de ambas agrupaciones están entre los líderes separatistas que fueron condenados a nueve años de prisión.

Si bien ambas agrupaciones continúan organizando manifestaciones, la tentativa de bloqueo del aeropuerto de Barcelona fue orquestada por una nueva organización misteriosa llamada Tsunami Democràtic. El gobierno español abrió una investigación judicial sobre el grupo a fin de investigar sus posibles vínculos con políticos ya electos.

¿CUÁL HA SIDO LA RESPUESTA DE LA POLICÍA?

El gobierno de Sánchez ha felicitado al cuerpo nacional de policía y a las fuerzas de seguridad de la comunidad autónoma de Cataluña por su cooperación para controlar las manifestaciones. Esta colaboración contrasta de manera evidente con lo sucedido en 2017, cuando el distanciamiento entre los oficiales de policía españoles y catalanes complicó una situación de por sí tumultuosa. El exjefe de policía de la región de Cataluña sigue en espera de ser juzgado por no seguir las órdenes de Madrid en ese entonces.

Hace poco, las autoridades españolas enviaron refuerzos de policías antidisturbios a Cataluña. El mes pasado, la policía española detuvo a siete activistas de línea dura que fueron acusados por un juez español de preparar actos de terrorismo. Torra denunció los cargos como una invención política cuyo objetivo era justificar medidas drásticas contra los separatistas.

El gobierno del PSOE ha amenazado con usar sus facultades de emergencia para restaurar el orden, lo que significaría que Cataluña volvería a ser sometida al control directo de Madrid, como sucedió en octubre de 2017.

¿QUÉ PASÓ CON CARLES PUIGDEMONT?

El 14 de octubre, un juez español emitió una nueva orden europea de detención y entrega para Carles Puigdemont, el exdirigente de la Generalidad de Cataluña. Puigdemont huyó al extranjero en octubre de 2017 luego de que el gobierno de España lo obligó a dimitir y, desde entonces, ha evadido con éxito los intentos de extraditarlo de Bélgica y, más recientemente, de Alemania. Un tribunal regional alemán rechazó la acusación de España de que él había liderado una rebelión.

Ahora, los fiscales españoles quieren que las autoridades belgas regresen a Puigdemont a España para que comparezca ante un juicio por sedición y no por rebelión. El poder judicial español también podría emitir nuevas órdenes internacionales en relación con otros políticos separatistas que han estado eludiendo a la justicia española en Bélgica, Escocia y Suiza.

*Copyright: 2019 The New York Times Company