Un hombre camina en la lluvia rumbo a un centro de votación durante las elecciones generales en Antigua, Guatemala, el domingo 16 de junio de 2019 (AP Foto/Santiago Billy)
Un hombre camina en la lluvia rumbo a un centro de votación durante las elecciones generales en Antigua, Guatemala, el domingo 16 de junio de 2019 (AP Foto/Santiago Billy)

La elección presidencial de Guatemala de este domingo no produjo un claro ganador y el país se dirige a una segunda vuelta en agosto entre una ex primera dama y un ex director penitenciario.

Independientemente de quien gane, el resultado podría significar el fin un experimento de doce años de combate a la corrupción y establecimiento del estado de derecho en Guatemala, un panel de fiscales internacionales respaldado por Naciones Unidas.

El panel, cuyo nombre oficial es Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), ha estado investigando la corrupción endémica que desvía los fondos del Estado.

Las encuestas muestran que hasta 70 por ciento de los guatemaltecos aprueba el trabajo de la comisión que, en coordinación con la Procuraduría General de la Nación ha perseguido más de 100 casos e imputado a unas 700 personas involucradas en más de 60 redes criminales.

Pero ninguno de los candidatos que han pasado a la segunda vuelta han declarado su apoyo a la comisión.

En la segunda vuelta, Sandra Torres, la ex primera dama, se enfrentará con Alejandro Giammattei, ex director del sistema penitenciario nacional. Torres obtuvo casi 26 por ciento del voto mientras que Giammattei consiguió el 14 por ciento. Ambos han estado en la mira de Cicig.

Entre los candidatos que fueron descalificados de la contienda por la corte se encontraba la ex fiscala general Thelma Aldana, quien trabajó junto con la Cicig para imputar a políticos de alto perfil. Aldana era percibida como la candidata más fuerte en la lucha contra la corrupción.

Torres, de 63 años, contiende por segunda vez a la presidencia y fue acusada de violaciones a las reglas de financiamiento electoral en relación con su anterior campaña en 2015. Como no se le imputaron cargos hasta después de su registro como candidata, tiene inmunidad.

Giammattei, de 63 años, estuvo a cargo de las prisiones guatemaltecas cuando un comando de ejecución conformado por oficiales de alto rango ordenó la matanza de presidiarios. Aunque otros funcionarios del estado fueron condenados, un juez ordenó abandonar el juicio contra Giammattei por falta de evidencia. Es la cuarta vez que postula a la presidencia.

Con 19 candidatos que pretendían la presidencia en la elección del domingo la contienda electoral estuvo fragmentada. Dos de los  favoritos fueron descalificados por las cortes, entre ellos la ex fiscala Thelma Aldana. Sus enemigos políticos presentaron una larga lista de acusaciones burocráticos y lograron bloquear su candidatura.

En la votación del domingo los guatemaltecos también votaron para elegir a 160 legisladores y  340 alcaldes.

El periodo de la Cicig en Guatemala vence en septiembre. El presidente Jimmy Morales, quien también ha sido acusado de violaciones a las reglas de financiamiento electoral por el panel, dijo el año pasado que no renovaría su mandato.

Morales, quien dejará la presidencia en enero, ha sido profundamente impopular y ha dirigido muchas de las energías de su gobierno en los últimos dos años a despojar de autoridad a la Cicig.

Si la comisión anticorrupción se marcha "sería un grave retroceso y un muy mal precedente en la lucha contra la corrupción, no solo en Guatemala sino en toda la región de Centro América", escribió en Twitter Daniel Zovatto, director para Latinoamérica del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral.

Copyright: 2019 New York Times News Service