La Comisión Permanente del Congreso le otorgó un plazo de 15 días a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que emita un informe final sobre la denuncia presentada contra Raúl Doroteo, Juan Carlos Mori, Jorge Flores, Darwin Espinoza, Ilich López y Elvis Vergara, quienes son llamados “Los Niños” de Acción Popular.

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Con 29 votos a favor y ninguno en contra, el grupo de trabajo parlamentario acogió lo planteado por la legisladora Patricia Chirinos (Avanza País), quien alega que sus colegas del partido de la lampa cometieron la presunta infracción de los artículos 38 y 39 de la Constitución y por la supuesta comisión de los delitos de colusión simple y agravada, cohecho pasivo impropio, organización criminal y tráfico de influencias agravado.

Como se recuerda, el Ministerio Público investiga a los parlamentarios de la lampa por el presunto delito de organización criminal. Las autoridades han dispuesto que el proceso sea por 36 meses. Según la tesis fiscal, los congresistas Vergara, López, Flores, Espinoza, Doroteo y Mori habrían obtenido beneficios ilícitos, como el direccionamiento de licitaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la colocación de funcionarios en puestos claves en la cartera.

Entre las obras supuestamente direccionadas se menciona la lista de siete licitaciones de Provías Nacional que Karelim López reveló como parte de su colaboración eficaz con la fiscalía. Los proyectos se dieron en los primeros meses de la gestión de Castillo y los ganadores de los contratos fueron consorcios formados por empresas peruanas y chinas por un monto de S/891′855.814.

“Además de intervenir en las citadas contrataciones, habrían respaldado la gestión del presidente Castillo y de Silva en el MTC mediante sus votos en el Congreso, ya sea en contra de la moción de vacancia presidencial o contra la censura/interpelación de ministros”, señala el documento fiscal. A cambio de este apoyo, “solicitaban direccionar algunas contrataciones públicas y contratar al personal de confianza que ellos proponían en distintos ministerios, entregando para ello los currículos correspondientes”.

Los seis parlamentarios de Acción Popular serían mandos medios dentro de la presunta organización criminal, “constituyendo el denominado ‘brazo congresal’, que además estaría conformado por otros congresistas en proceso de identificación, todos los cuales con su rol garantizaban la permanencia de la aludida organización en el Poder Ejecutivo”.

Repartija de cargos

No solo los llamados “Los Niños” de Acción Popular -que serían Elvis Vergara, Ilich López, Darwin Espinoza, Jorge Flores, Juan Carlos Mori y Raúl Doroteo- habrían sacado beneficio en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones durante la época del hoy prófugo Juan Silva para respaldar al Ejecutivo a interceder por empresas chinas y peruanas.

También tuvieron mucho que ver en la designación de Mario Cavero Polo como viceministro de Pesquería en el Ministerio de la Producción, donde también los parlamentarios de la lampa quisieron colocar a funcionarios en entidades como el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) y el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES).

Igualmente, “Los Niños” de Acción Popular tuvieron influencia en la destitución de Roxana del Águila como superintendente de Migraciones para colocar en su puesto a Martha Silvestre Casa.

Freddy Díaz

Por otro lado, la Comisión Permanente aprobó el informe de calificación de las denuncias constitucionales 284 y 286 acumuladas, formuladas contra el congresista suspendido Freddy Díaz Monago (no agrupado), quien fue acusado de violación sexual a una extrabajadora del Parlamento.

También se estableció un plazo de 15 días para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales investigue y presente un informe final sobre el caso de Díaz.

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