El pasado 28 de julio de 2024, con las elecciones en Venezuela, el mundo fue testigo en vivo y en directo de cómo funcionan las dictaduras del Socialismo del Siglo XXI, que mediante un gran despliegue de su estado de propaganda, pretenden siempre disfrazarse de democracias y desarrollan una narrativa falsa para engañar y confundir a los incautos.
Pero cuando hablamos de incautos podríamos pensar en el ciudadano promedio que, por cuestiones de la vida, no tiene tiempo para informarse o toma como cierto todo lo que ve en un video de TikTok. No, no me refiero a ese tipo de incauto, me refiero a que se vuelve difícil pensar que quienes desempeñan roles y responsabilidades de poder en estados democráticos puedan ser confundidos por el estado de propaganda de las dictaduras. Cabe preguntarse si en las Américas enfrentamos no sólo dictaduras, sino además líderes llamados democráticos que actúan con irresponsabilidad, desidia, e incluso mala fe, convirtiéndose en cómplices por omisión de los delitos que cometen estas dictaduras.
Al respecto cabe recordar unos pocos de los cientos de hechos que se han observado a lo largo del tiempo en Venezuela y que, a pesar de haber sido crímenes evidentes, la comunidad internacional, y especialmente los llamados “líderes democráticos”, poco o nada hicieron, permitiendo que Venezuela continúe cayendo en la espiral de dictadura, violencia y descomposición institucional que observamos hoy.
Recordar por ejemplo a Génesis Carmona, de 22 años, estudiante de marketing, ex reina de belleza, asesinada de un disparo en la cabeza durante una protesta pacífica de febrero de 2014, en la que se registraron otras 43 muertes. Según documentó Amnistía Internacional, la muerte de Génesis se dio a manos de grupos armados a favor de la dictadura del Socialismo del Siglo XXI que gobierna ese país desde 1999.
Otro caso. Según las organizaciones Provea y el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, al menos 35 personas fueron asesinadas en el contexto de manifestaciones pacíficas registradas en Caracas y otras ciudades entre los días 22 y 25 de enero de 2019.
Otro hecho que demostró las violaciones de derechos humanos en Venezuela fue La Masacre del Junquito, el 15 de enero de 2018, en la fue asesinado Óscar Pérez junto a seis de sus compañeros (cuatro policías y militares, un periodista y una enfermera, pareja de uno de ellos), pese a su rendición antes del ataque. Hay que recordar además que Óscar Pérez fue un policía que, por pedir democracia para su país, fue denominado como “rebelde” y “terrorista” por la dictadura.
En cuanto a la violencia en general que se vive en las calles de Venezuela, según el Observatorio Venezolano de la Violencia, los homicidios cometidos durante el año 2016 fueron 28.479. Para el año 2017 fueron 26.616 asesinatos, 73 por día, tres cada hora. Mientras que para 2018 el país sudamericano cerraba el año con una tasa de 81,4 homicidios por cada 100.000 habitantes, con un total de 23.047 personas asesinadas.
Ante estos hechos cabe la pregunta: ¿qué hicieron los denominados “líderes democráticos” de las Américas?
Ahora, volviendo al fraude electoral del pasado 18 de julio, al 23 de agosto de 2024 existirían ya 27 muertos en el contexto de las protestas por el fraude electoral en Venezuela.
Cabe nuevamente la pregunta: ¿qué hicieron los denominados “líderes democráticos” de las Américas?
Los hechos de violaciones a los derechos humanos en Venezuela se cuentan por miles y son llevados a cabo a vista y paciencia de los llamados líderes democráticos que se reúnen en cómodos hoteles, realizan escuetos comunicados, pero olvidan (no se sabe si por ignorancia o conveniencia) que en las Américas rigen marcos legales con los cuales se debieron y pudieron parar estos abusos a tiempo.
Hoy, muchos de los denominados líderes democráticos dicen estar alarmados por el fraude del pasado 28 de julio en Venezuela y no se preguntan cómo llegamos aquí. Porque para indignados y comunicados, Venezuela tiene bastante.
Al respecto, cabe mencionar que resulta bastante sospechosa la demora de la Corte Penal Internacional (CPI), que ya lleva varios años -desde 2018- “investigando” sobre crímenes de lesa humanidad de Maduro sin emitir una orden de arresto. ¿Qué pruebas le hacen falta a la CPI? En el año 2019, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó que los escuadrones de la muerte de Maduro fueron responsables de más de 7.000 muertes extrajudiciales en los 18 meses anteriores, según documenta el periodista Andrés Oppenheimer. ¿Será que le faltan más pruebas a la CPI?
Es demasiado claro cómo las dictaduras del Socialismo del Siglo XXI se apoyan unas a otras, y es demasiado claro cómo los simpatizantes de estos dictadores como Gustavo Petro, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Luis Inácio Lula Da Silva han defendido y siguen defendiendo las violaciones, por demás claras, que ocurren en Venezuela.
Bien harían los otros simpatizantes del Socialismo del Siglo XXI pensar dos veces antes de defender -y, por ende, resultar en una posible complicidad- violaciones de derechos humanos o fraude electoral, porque son delitos susceptibles de ser perseguidos a nivel internacional, según se desprende de la Convención de Palermo en su artículo 3, inciso 2, literales a, b, c y d.
Es hora que los líderes de las Américas empiecen a cumplir su rol y su responsabilidad, habilitando y acelerando tratados como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, más conocida como Convención de Palermo, que permite investigar y perseguir los crímenes cometidos tanto por la dictadura de Maduro en Venezuela, como por las dictaduras de Nicaragua, Cuba, Bolivia e incluso por las violaciones a derechos humanos cometidas en el Ecuador en el tiempo de Rafael Correa, quien fue parte de este grupo de amigos del Socialismo del Siglo XXI.
¿No será hora de que los denominados “líderes democráticos” en las Américas empiecen a actuar en el marco legal que corresponde aplicando la Convención de Palermo?