Texas versus Estados Unidos: ¿inmigración, es política nacional o tema internacional?

En la recta final de la elección presidencial, el tema de la inmigración, sobre todo la ilegal o irregular en la frontera sur, es uno de aquellos que definirán el nombre del próximo presidente. Sin embargo, no es el único país donde ocurre.

En EE. UU. el debate es polarizado y lleno de acusaciones mutuas. Por cierto, llama la atención la incapacidad de llegar a acuerdos mínimos en este u otros temas importantes, y de tal modo es cierta esta afirmación, que la última vez que los políticos alcanzaron acuerdos relevantes fue hace 4 décadas, en el gobierno de Reagan. Así de antiguas son las soluciones legales para este problema, difícil de solucionar, a lo que se agrega, que probablemente nunca se va a expulsar a millones de inmigrantes sin visa permanente, que ya han hecho su vida acá como también que en general encuentran empleo, al necesitárseles para diversos trabajos que los locales no desean hacer.

Lo difícil de entender es la virtual imposibilidad que la potencia pueda encontrar una solución racional no solo al tema global, sino a situaciones de justicia mínima, como es el caso de los “dreamers”, aquellos que no pueden obtener su residencia definitiva, a pesar que llegaron de niños traídos por sus padres, y no han conocido otro país que puedan considerar como propio, además que muchos no hablan otro idioma que el inglés.

Sin embargo, existe otra arista que también está presente que, para mi sorpresa, figura muy poco en el debate y que explicaré más adelante. Se trata del hecho que se están aplicando a la inmigración dos legislaciones al mismo tiempo, una es la ley nacional todavía vigente, mientras que, por otro lado, se aplica la ley internacional, sobre todo, por el gobierno federal, aunque EE. UU. no ha firmado ninguno de los tratados correspondientes.

Es lo que más me sorprende, y hace aún más difícil la solución, toda vez que división y polarización política es solo una de las facetas de un tema que parece no tener solución en un país que históricamente ha pasado por periodos de bienvenida y de rechazo a los inmigrantes, solo que ahora parecen coincidir al mismo tiempo, y en noviembre podrían decidir elecciones tanto locales como nacionales.

Además, EE. UU. sigue siendo un país abierto, ya que sobre un millón y medio de personas ingresan legalmente con visa de residencia cada año, entre los cuales me incluyo al igual que mis padres e hijos, todos separadamente en el tiempo. Ello, sin contar a quienes llegan con visas de estudiante, trabajo o inversión y que en definitiva se quedan aquí, todo en comparación a grandes países como China o Japón donde prácticamente no hay inmigración de alguna relevancia numérica.

Como otras veces, es posible, que al no poder ser resuelto en los lugares que corresponde, sea elecciones o el Congreso, es probable que el tema vaya a ser resuelto -al menos parcialmente- por la Corte Suprema al revisar el caso que ha enfrentado a Texas con el gobierno federal, o , Texas versus Estados Unidos tal como ha quedado caratulado en la Corte.

En EE. UU. la Corte Suprema tiene mayor importancia que instituciones del mismo nombre en otros países, toda vez que no solo es el más alto tribunal, sino también en ser la única institución con la capacidad para que sus resoluciones sean obligatorias no solo para las Cortes menores sino también para toda institución o persona de la nación, debido a que además de separación de poderes, existen frenos y contrapesos, incluyendo ese rol especial de los supremos.

Es al mismo tiempo, un país federal, pero federal de verdad y a todo nivel, que en la práctica establece una equivalencia real en poder y atribuciones entre los gobiernos estaduales y el nacional, muy distinto a lo que ocurre con aquellos países que se llaman también federales (Argentina, Brasil, México), pero donde el predominio legal y en recursos del gobierno central es tal, que tiene un poder mucho mayor que los estaduales o provinciales.

En EE. UU. no es de ahora, sino que ha sido así históricamente, ya que primero existieron colonias que aprobaron Artículos de Confederación para luego redactar una Constitución, en la cual 13 colonias transferían poderes al gobierno que se instaló en la nueva ciudad de Washington y no al revés.

Y desde entonces la institución encargada de arbitrar la relación entre el gobierno federal y los gobiernos estaduales y locales es la Corte Suprema, teniendo los estados sus propias atribuciones, además de gobernadores, congresos y gobiernos locales. Y son atribuciones de las cuales son muy celosos. Es la situación que explica que las policías dependan de los alcaldes, que la guardia nacional de los gobernadores y que en la pandemia muchas de las atribuciones de salud recayeran en los gobiernos estaduales y locales. Es la misma situación que lleva a que en vez de un sistema electoral existan al menos 51, los 50 estados más el de la capital Washington, conocido como el Distrito de Columbia.

Es también lo que lleva a que no es el gobierno federal el que financia la estructura de poderes, sino que es la Cámara de Representantes la que entrega los recursos, registrándose situaciones donde ante la falta de acuerdo político, la paralización es tal que ni siquiera trabajadores de museos o las fuerzas armadas reciben sus sueldos y salarios mientras dura esta situación.

En la relación entre estados versus el gobierno federal, un caso con la potencialidad para resolver el tema de la inmigración, legal, y, sobre todo, ilegal o irregular ha quedado planteado entre el gobernador de Texas (con el respaldo de otros estados republicanos) y la Casa Blanca, con el agregado que los sentimientos estaduales son mayores en Texas que en otros estados, ya que Texas fue un país soberano por nueve años, después de su rebelión contra México y antes de integrarse a la Unión.

La Corte Suprema no es solo un tribunal de apelación, la última palabra en materias legales. Es más que eso, ya que también es Tribunal Constitucional y no solo no tiene obligación de aceptar toda apelación, sino que lo hace con pocas de ellas, usualmente, cuando existe un tema constitucional. Tan recientemente como el 19 de marzo, la Corte Suprema rechazó una apelación del presidente BIden, declarando que una ley de Texas era constitucional y se le permitía aplicarla, incluso arrestando a migrantes que esa ley de Texas consideraba ilegales.

Como distintas cortes han fallado en forma diferente, ahora se está a la espera de los pasos siguientes, y si como se supone, la Corte Suprema va a seguir escuchando argumentos, y si va a dejar las cosas como están o si va a ingresar al fondo de la discusión. Si el pasado sirve de antecedente, en general, la Corte Suprema ha dado la razón a los estados cuando no hay ley que expresamente le de atribuciones al gobierno federal. Es el caso de la legislación existente, donde todos reconocen que está obsoleta, pero es derecho vigente y que le da atribuciones al gobierno federal para el tema de la frontera, siendo para Texas el problema que la administración Biden simplemente no ha querido cumplir con varias de sus obligaciones.

Fue la propia Casa Blanca la que llevó la ley de Texas a la justicia alegando que el sistema se basa en precedentes y en el pasado, a propósito de un caso de Arizona, la propia Corte Suprema había determinado que el gobierno federal tenía atribuciones exclusivas. Sin embargo, ahora se aceptó que la ley de Texas era válida, aceptando su argumento que era su deber preocuparse por la seguridad de sus ciudadanos.

La situación actual se complicó aún más ya que el gobierno de México anunció que no aceptaría a los migrantes devueltos por Texas. En general, en el debate interno de EE. UU. hay muy poca comprensión de los problemas que se le crean al país vecino, con decisiones que lo perjudican, además que por razones diversas que van desde su propia conveniencia hasta amenazas comerciales, México ha colaborado mucho más allá de lo que exigen las prácticas internacionales.

Mas allá del hecho que la principal potencia sea incapaz de resguardar su soberanía, el caos fronterizo es creado tanto por la atracción de EE. UU. como por las facilidades de ingreso que en la práctica equivalen a una invitación, presentes desde la elección del presidente Biden que anunció y concretó una política totalmente opuesta a la del presidente Trump. Además, estos migrantes no solo no desean quedarse en México, sino que en su paso crean problemas de seguridad para México al igual que demandan recursos policiales y de seguridad social, un costo impuesto, y probablemente si fuera al revés, no habría este nivel de colaboración, y por el contrario, se hablaría del derecho al libre tránsito.

También México sufre el caos de esta frontera, sobre todo, el reforzamiento del poder de los carteles, y de esta situación existe poca comprensión en los medios de comunicación estadounidenses, que le dan tribuna a posiciones extremistas que piden enviar tropas a México.

El resguardo incompleto de la frontera sur la ha entregado de hecho a los carteles, que son quienes efectivamente hacen uso de ella, con nefastas consecuencias en violación de derechos humanos y abusos sexuales de mujeres y niños, además de efectos negativos en tráfico de drogas y seguridad nacional, como derivadas que se prolongaran en el tiempo.

Un grave problema no es solo la cantidad de personas que llegan de todo el mundo, sino que incluyen a quienes ingresan a pesar de figurar en listados de terroristas, lo que abre una temática radicalmente distinta para la seguridad de EE. UU. ya que en general los inmigrantes, legales o no, buscan solo trabajar para mejorar su situación personal y familiar.

El tema fundamental es lo que indicaba en los inicios, que EE. UU. a través del gobierno federal no está aplicando la ley vigente, sino la legislación internacional, mucha de ella presente en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, como también en resoluciones de menor entidad de organismos internacionales que no reemplazan a la ley nacional, pero que, si están presentes en tratados, pero el inconveniente es que no han sido firmados. De hecho, como país, EE. UU. firma menos tratados que los que se supone, a veces por razones que tienen que ver con la propia Corte Suprema, cuyas atribuciones protege celosamente al no suscribir nada que cuestione su estatus especial de ser la última palabra, lo que a veces es restringido en instrumentos que entregan esa función última a tribunales internacionales.

Al respecto, hay diversas situaciones que confirman lo dicho. Es así como las páginas webs, tanto del Departamento de Estado como de diversas instituciones que tienen que ver con las fronteras y la inmigración, más que hablar de inmigración “ilegal” usan la misma terminología de instrumentos internacionales para las cuales no existe esa calidad, sino que solo son “irregulares”, situación que desaparece inmediatamente que se acercan a alguna autoridad de inmigración o policial en la frontera, y que explica la conducta de muchos que ingresan por allí. Es, por lo tanto, una calificación que cambio absolutamente todo el proceso.

Un segundo elemento se encuentra, en algo más bien propio de EE. UU. como son ciudades y estados “santuarios” que le dan a quienes allí acuden la bienvenida al país, con una serie de beneficios muy atractivos para todo migrante, tales como tarjetas de crédito para gastos diversos, un celular (con el cual también se pueden hacer trámites migratorios), alojamiento en hoteles y otros. Este segundo punto no es secundario sino central a la visión diferente que tienen los instrumentos internacionales en relación a la ley estadounidense, toda vez que los primeros exigen igualdad de condiciones, que en las decisiones concretas apuntan a una preferencia por el recién llegado, ya que por definición este llega con lo puesto, por lo que al exigirse igualdad de condiciones con el ciudadano, va a recibir más beneficios, ya que por ejemplo, al llegar solo con mochila y maleta, generalmente poseerán menos bienes que un pobre local.

Es lo que ha llevado también a que en ciudades como Nueva York y Chicago se les de alojamiento en hoteles con preferencia sobre gente en situación de calle o escuelas que cambian de función para acogerlos, lo que ha generado movilizaciones en esas ciudades, lo que nunca ocurrió mientras estos muchos miles se quedaban en las ciudades fronterizas de Texas o Arizona. Por lo demás, el hecho que la crítica provenía también de alcaldes demócratas obligó a muchos medios de comunicación a informar de la magnitud de esta inmigración, lo que antes se había ocultado.

Por cierto, no es lo mismo declararse “santuario” a la distancia que tener a los inmigrantes allí. Fue lo que ocurrió en uno de los lugares de encuentro de la elite, como es el caso de la riquísima Martha´s Vineyard en Massachusetts, que apenas recibió 50 enviados por una treta poco amistosa de un gobernador de un partido rival, más que darles la bienvenida utilizó a la guardia nacional para su salida, lo que no es racismo, pero si clasismo, otra deriva del actual proceso inmigratorio y del debate provocado.

Este tipo de inmigración no solo tiene lugar en EE. UU. sino que en muchos países. En cierto modo, lo que está pasando en la frontera sur me recuerda a la frontera norte de Chile, situación similar en las consecuencias para quienes llegan después de un viaje de muchos kilómetros, y así como hay quienes que para llegar a Texas deben cruzar la Selva del Darién, en el caso de Chile hay que hacerlo con un desierto. Aún más, al ser un país de menos de 20 millones, el impacto de la inmigración ha sido mayor, incluyendo como porcentaje del total de población.

Esta comparación es útil en el sentido que, por el mismo motivo, los inmigrantes ilegales están acudiendo de inmediato a las autoridades más cercanas, sean instituciones de inmigración o más habitualmente guardias fronterizos o policías, por ello, la mayoría de quienes figuran en las estadísticas de EE. UU no han sido realmente “capturados” sino que se han entregado voluntariamente. La razón es que, en ese mismo instante, dejan de ser “ilegales” para pasar a ser solo irregulares, cuya situación deja de ser un delito para pasar a ser solo un trámite administrativo, aunque pocos esperan que se presenten a una audiencia con un juez de inmigración por un asilo político, con citación a 10 o más años plazo.

En todo caso, la reclamación es similar, sean guardias fronterizos estadounidenses o carabineros chilenos, que la masividad les impide preocuparse de labores de vigilancia, para estar más bien orientando a los recién llegados como si de trabajadores sociales se tratare.

La comparación siempre es útil para constatar una vez más un defecto, cuan poco se sabe en EE. UU. de lo que ocurre en otros países, en este caso, fundamentalmente por culpa de medios de comunicación que han fallado en informar que este no solo es un problema de EE. UU. sino que ocurre en muchos lugares y no solo en países desarrollados. De hecho, el mundo vive una época de grandes olas migrantes, y mucha se queda en países vecinos a donde ocurren las tragedias. Es el caso de la emigración venezolana, quizás la más numerosa hoy en el mundo, que recorrió buena parte de América Latina antes de llegar a la frontera sur, incluyendo al Tren de Aragua, que es presentado en la prensa en ingles de EE. UU. como si fuera una novedad que solo los afecta a ellos, y no como ocurre en las grandes migraciones, donde sale de los países lo bueno, pero también algo de lo malo en criminalidad. Y eso que el mundo todavía no recibe a los muchísimos que en el futuro reclamarán asilo por ser refugiados climáticos, sobre todo, cuando existe la exagerada idea de fin de mundo.

Entre quienes llegan a países subdesarrollados figuran las víctimas de las crisis y guerras civiles africanas que salen a países vecinos como también Afganistán en Asia que, desde hace mucho tiempo, sea por los talibanes o la invasión de USA ha entregado refugiados a Pakistán e Irán, así como sirios han llegado a Alemania, aunque mas se instalaron en el Líbano. En otras palabras, los problemas creados a países pobres tienen menor interés noticioso, aunque las consecuencias sean a veces más graves,

Parte de lo malo y muy malo que ocurre. es la actitud de las Naciones Unidas y de varias ONG de Derechos Humanos, que equivocadamente presionan a los países a donde quieren llegar los inmigrantes, y no a las dictaduras que han ocasionado esa emigración, como, por ejemplo, ocurre con Cuba y Venezuela, toda vez que esos gobiernos debieran ser castigado de alguna forma, ya que esa migración más que ser voluntaria, es en realidad migración forzosa causada por la represión.

¿Se preocupará la Corte Suprema de ingresar a la totalidad del problema o solo resolverá que secciones de la actual legislación y de la última ley de Texas entran en conflicto, y cuales disposiciones serian inconstitucionales en una u otra? No lo sabemos, cómo tampoco si va a incluir en la sentencia alguna opinión sobre la superposición que ha tenido lugar entre la ley estadounidense vigente con normas internacionales posteriores.

Por cierto, su opinión va a ser muy distinta en uno u otro caso como también si solo resuelve si le da la razón a Texas o al gobierno federal. La verdad es que nada la obliga o le impide tomar uno u otro camino, ya que, de partida, nada la condicionaba a tomar el caso de Texas, desde el momento que a diferencia de otras Cortes Supremas no está limitada a fijar solo el derecho, e incluso en su sentencia podría fijar tareas, tanto a los estados como al gobierno federal, resolviendo temas donde los políticos no han logrado acuerdos, tal como ha ocurrido en el pasado en temas tan conflictivos como el aborto o la discriminación racial.

¿Lo hará?

Como conclusión, en EE. UU. confunde mucho la diversidad de los latinos, el hecho que a su interior hay muchas posiciones, ya que existe más costumbre de ver a los grupos inmigrantes como grupos homogéneos, más en términos de etnia o raza que otras características, un ejemplo seria aquellos latinos afrodescendientes que se definen más por su cultura que por su raza.

También les cuesta entender lo que está pasando con los latinos hoy en lo político, ya que durante mucho tiempo existió un voto más cercano a los demócratas, pero las encuestas muestran un crecimiento sostenido en el apoyo a los republicanos, de lo cual el estado de Florida es un ejemplo, donde quienes no son latinos comprenden perfectamente que una de las razones sea el tema de la ambigüedad actual frente a la dictadura venezolana, pero no entienden fácilmente que muchos latinos critiquen el caos de la frontera sur, aunque tengan familiares o conocidos allí, sin saber que razones de ley y orden siempre figuraron entre los motivos por los cuales llegaron a Estados Unidos, y tanto republicanos como demócratas comparten esa falta de entendimiento.

De lo que estoy convencido es de la oportunidad que el tema de la inmigración abre para la comunidad latina, en su diversidad y complejidad. En efecto, es hoy la primera minoría en el país, pero todavía existen muchas vallas a ser cruzadas como también lugares donde no se sienten esos números. Por ejemplo, todavía la representación política está concentrada en lugares donde hay mucho latino como ocurre en el sur de Florida o en sectores de Texas o California, pero no tiene mayor presencia en Hollywood salvo en papeles latinos, al igual que en publicidad es mas en castellano que en inglés. Incluso, en los debates políticos en TV, poco aparecen, a veces ni siquiera para discutir la votación de los latinos.

En mi opinión ello se debe a que en general no han logrado que se les vincule a la solución de algún problema que sea de importancia general para el país, para hacer el salto a la primera división de visibilidad y relevancia. Y creo que el tema de la inmigración ofrece esa oportunidad, una similar a lo que fue el tema de los Derechos Civiles para la minoría afroamericana, la que a través de Martin Luther King fue capaz de ofrecer una solución y sacar la legislación correspondiente en el gobierno del presidente Johnson en los 60s.

El tema no resuelto de la inmigración ofrece una oportunidad similar, que entrega la posibilidad de aportarle a EE. UU. una legislación de consenso. Ello hoy existe precisamente por la diversidad de los latinos, ya que a su interior coinciden todas las distintas posiciones, por lo que pueden hacer una propuesta que va a ser bien recibida y hasta agradecida, toda vez que la polarización actual impide que el Congreso sea el lugar donde esta conversación y la búsqueda del consenso esté teniendo lugar.

Además, podrían complementar lo que la Corte Suprema decida.