Los países de las Américas deben unirse en un bloque a favor del matrimonio igualitario

Aquellas naciones que ya lo han consagrado no pueden dormirse en los laureles: sus gobiernos y funcionarios deben seguir promoviendo los principios de igualdad y no discriminación para las personas LGBT a través de declaraciones públicas y campañas educativas

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Marcha del Orgullo en Ciudad de México (Crédito: Pavel Gaona)
Marcha del Orgullo en Ciudad de México (Crédito: Pavel Gaona)

Desde la tundra norteamericana hasta la Patagonia sudamericana, cerca de 852 millones de personas viven en países que reconocen el matrimonio igualitario. Aunque es un número significativo, las Américas todavía tienen un largo camino por recorrer para convertirse en un verdadero referente para las parejas del mismo sexo. Los países donde existe el matrimonio igualitario deben potenciar los avances notables que han logrado e instar al resto de la región a sumarse al bloque cada vez mayor de países que han adoptado el matrimonio igualitario.

Canadá fue el primer país del hemisferio occidental en promulgar leyes que reconocieron el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país en 2005, después de los Países Bajos, los primeros en hacerlo a nivel mundial, en el año 2001. Varios países sudamericanos siguieron el ejemplo, como Argentina en 2010 y Uruguay en 2013. Gracias a un conjunto de decisiones judiciales importantes que se dictaron en la región poco después, otros cuatro países —Brasil en 2013, México y Estados Unidos en 2015 y Colombia in 2016— validaron el matrimonio igualitario.

Luego, en 2017, una opinión histórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos confirmó que todos los derechos que se aplican a las “relaciones familiares” de las parejas heterosexuales debían extenderse a las parejas del mismo sexo. Esta opinión constituye una interpretación autorizada de la Convención Americana sobre Derechos Humanos para los 23 países de las Américas que ratificaron el tratado.

Las sentencias judiciales a favor del matrimonio igualitario dictadas en Ecuador en 2019 y en Costa Rica en 2020 citaron de manera expresa la opinión de este tribunal de derechos humanos. Este año, Chile se convirtió en el último país de la región en reconocer los derechos igualitarios de las parejas del mismo sexo.

Todos estos países han reconocido que, en una región tan diversa, los derechos a la privacidad, la igualdad y la no discriminación son fundamentales para favorecer la armonía social. Estos valores universales se reflejan en la nutrida jurisprudencia de la Corte Interamericana con respecto a privacidad y diversidad, incluso de 2017. Es debido a estas normas sociales y jurídicas que las Américas tienen, posiblemente, los estándares sobre diversidad familiar más avanzados del mundo.

Pero no todo es positivo en la región, incluso en países donde se reconoce el matrimonio igualitario. Algunos actores conservadores y religiosos, por ejemplo en Estados Unidos y Costa Rica, siguen cuestionando la legitimidad del matrimonio igualitario. Ecuador prohíbe a las parejas del mismo sexo adoptar hijos. Y las personas LGBT en Brasil, Colombia y México, entre otros, siguen sufriendo altos niveles de violencia y discriminación que el matrimonio igualitario no ha logrado disuadir.

En esta coyuntura, los países que ya han consagrado el matrimonio igualitario no pueden dormirse en los laureles, sino que sus gobiernos y funcionarios deben seguir promoviendo los principios de igualdad y no discriminación para las personas LGBT a través de declaraciones públicas y campañas educativas.

Y además están los 25 países de la región donde no existe el matrimonio igualitario. Algunos, como Honduras y Paraguay, adoptaron leyes que prohíben de manera expresa el matrimonio entre personas del mismo sexo. En nueve países, todos ellos del Caribe anglófono, las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo siguen estando penalizadas. Este vestigio del colonialismo británico hace que la perspectiva del matrimonio igualitario sea incluso más difícil en lo inmediato.

Sin embargo, los y las activistas no han dejado de luchar por la igualdad de derechos de las parejas del mismo sexo. Abogados de derechos humanos han planteado casos judiciales ante los tribunales de Panamá, así como ante los tribunales politizados en Bolivia y Venezuela, con la intención de sentar precedentes en sus países. Pese a varios reveses, como ocurrió en Perú, cuyo tribunal constitucional dictó hace poco dos sentencias lamentables contra las parejas del mismo sexo, los y las activistas han recurrido acertadamente ante los tribunales nacionales cuando las legislaturas no estuvieron a la altura de las circunstancias.

Estos esfuerzos podrían verse reforzados por cambios positivos que se están dando en algunos países donde no existe el matrimonio igualitario. La nueva presidenta hondureña, Xiomara Castro, ha dado señales de que apoya los derechos de las personas LGBT, incluido el matrimonio igualitario. Y si bien los derechos humanos no deben ser sometidos a votación popular, Barbados (un país del Caribe anglófono donde las relaciones sexuales consensuadas entre personas del mismo sexo están penalizadas) y Cuba han anunciado que llevarán a cabo referéndums sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo.

La falta de uniformidad con respecto a los principios de privacidad, igualdad y no discriminación que existe actualmente en la región genera una dicotomía entre países favorables y contrarios a los derechos de las personas LGBT que impacta sobre las parejas del mismo sexo. Es posible que algunas puedan contraer matrimonio en su propio país, pero que el matrimonio no se reconozca cuando viajan al extranjero. Otras tal vez no puedan casarse en su país y solo puedan hacerlo si deciden emigrar. Para que exista mayor armonía en las Américas, los gobiernos deberían consensuar una postura respecto de los logros regionales que amplían los derechos humanos y el potencial de sentar un precedente para el matrimonio igualitario en todo el mundo.

Los países donde se reconoce el matrimonio igualitario pueden tener un papel importante como promotores de este tema y algunos ya han asumido esa tarea. Argentina actualmente copreside el Core Group LGBTI de las Naciones Unidas y la Coalición por la Igualdad de Derechos. Ambos grupos se orientan a ampliar los derechos de las minorías sexuales y de género en el mundo. Algunos países latinoamericanos también han tenido un papel significativo al impulsar distintas resoluciones de las Naciones Unidas sobre las personas LGBT, lo que incluye encabezar los pedidos para la creación de un Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. Estados Unidos y Canadá han dado pasos para promover los derechos de las personas LGBT a través de su política exterior.

Independientemente de la iniciativa que asuman, los gobiernos deben establecer al matrimonio igualitario como un elemento central contra la discriminación; y deben intercambiar información y buenas prácticas con sus homólogos sobre estrategias políticas y jurídicas que aboguen por el matrimonio igualitario en sus países.

En las Américas, el número de personas que gozan del matrimonio igualitario es cinco veces mayor al de las que no tienen esta protección esencial. Pero para los 165 millones de personas en países donde la discriminación y el trato desigual han sido plasmados en la ley o se imponen con carácter de política pública, el bloque cada vez mayor que promueve el trato igualitario ante la ley representa un modelo para el resto de la región y para el mundo entero.

* Cristian González Cabrera es investigador sobre derechos de personas LGBT de Human Rights Watch.

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