El Gobierno español aprobó el ingreso mínimo vital para combatir la pobreza

El importe será de entre 461 y 1.100 euros (500-1.200 dólares) mensuales, con un coste anual de unos 3.000 millones de euros para el Estado. “Será permanente como una política de garantía de rentas que ampara a quienes peor lo están pasando”, expresó el mandatario Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. EFE/Chema Moya/Archivo
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. EFE/Chema Moya/Archivo

El Gobierno español aprobó este viernes un ingreso mínimo vital (IMV) para situaciones de pobreza severa, que comenzarán a cobrar unas 100 mil familias ya en junio, las más necesitadas, pero con el objetivo de llegar hasta 850.000 y beneficiar a 2,3 millones de personas, la mitad de ellos niños.

El importe será de entre 461 y 1.100 euros (500-1.200 dólares) mensuales, con un coste anual de unos 3.000 millones de euros para el Estado.

El IMV será “permanente” como una “política de garantía de rentas que ampara a quienes peor lo están pasando, combate la pobreza y contribuye a la recuperación económica de nuestro país”, justificó el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, en Twitter.

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Es una medida justicia social” porque uno de los fundamentos de la democracia es la “redistribución de la riqueza”, un medio “especialmente útil” contra la pobreza infantil y servirá para la recuperación económica, pues los ingresos van a ir “directamente al consumo”, destacó el vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno, Pablo Iglesias (Podemos), en rueda de prensa.

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El Ejecutivo estudiaba la medida desde hace varios meses, aunque la grave crisis nacional causada por la epidemia de COVID-19, con un fuerte aumento del desempleo y la pobreza, aceleró su aprobación.

Según un informe del Banco de España de marzo, antes de la pandemia, unos doce millones de personas (casi la cuarta parte de la población española) estaban en situación de riesgo de pobreza.

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Este ingreso, que se cobrará mensualmente, será el mínimo común en todo el país, ya que podrá ser mejorado con otras ayudas de las autoridades regionales y dependerá de la composición, patrimonio e ingresos del hogar, con especial atención a aquellos con niños y monoparentales.

Se podrán acoger personas de entre 23 y 65 años o desde los 18 con menores a cargo y un año como mínimo de residencial legal en España.

Los primeros beneficiarios en cobrarlos, previsiblemente a finales de junio, serán alrededor de 100.000 hogares que lo recibirán de oficio, sin necesidad de solicitud previa.

(Con información de EFE)

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