
“Fue su culpa”, “sus padres no pasaron por ella en la noche”, “se prendió fuego a sí misma”, “andaba en malos pasos”, “se cayó y se pegó en la cabeza”, “mira cómo iba vestida”, son algunos de los comentarios revictimizantes que se han referido sobre las víctimas de feminicidios en México, mismas que han servido para responder —institucionalmente— cuáles fueron las causas de muerte o el origen de la violencia que las llevó al trágico final.
Comentarios que permean constantemente en la sociedad pese a que la nación se ha vuelto una de las más peligrosas para ser mujer alrededor del mundo, tan solo el pasado mes de junio se presentó la cifra más alta de feminicidios en lo que va del año; de acuerdo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en el sexto mes se contabilizaron 89 muertes de mujeres en razón de género, lo que sumó 493 en el primer semestre del 2022.
Fue en agosto de 2021 cuando se presentó la cifra récord en el país con 112 feminicidios; tal suma encendió las alarmas en los tres órdenes de gobierno, por lo que se comenzaron a implementar acciones y planes gubernamentales; no obstante, pese a que se han reducido las cifras mensuales, la brutalidad de las muertes o los hechos pocos claros han acaparado la opinión pública.

Las altas cifras de mortalidad de no han sido la única problemática que se ha presentado para las mujeres víctimas de feminicidio, así como las de violencia de género o las personas afectadas alrededor de los casos como son los familiares directos o amistades, pues otra arista se ha hecho presente: la revictimización.
Dicha acción no solo se presenta en la prensa o en la sociedad, sino que también ha sido señalada en los espacios de procuración de justicia del Estado mexicano; algunos funcionarios o altos mandos de la policía han recurrido a ésta para otorgar conclusiones de los casos que se están investigando.
Uno de los ejemplos más recientes y que generó indignación en la población fue el primer resultado de la investigación que otorgó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Nuevo León sobre el caso de Debanhi Escobar, ya que resolvieron que la joven había sufrido una caída que ocasionó su muerte; teoría que se desechó tras dos autopsias.
Ante tal panorama, la maestra en Derecho Leslie Jiménez habló con Infobae México sobre la problemática que se ha vuelto la revictimización, así como la necesidad de humanizar el servicio público en el país.

Para la académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) uno de los principales problemas es que, en las instancias gubernamentales, se reproducen estereotipos de género y sociales, los cuales siempre buscan que se halle a una “víctima perfecta”, aquella que, pese a cumplir con todos los rubros que su papel social le obliga, no pudo hacer más por sí misma.
“La revictimización es un proceso que parte de dos aspectos, la primera que realiza el Estado -las autoridades; la segunda, la sociedad en sí misma a través de diversos mecanismos como medios de comunicación, replique cultural y social sobre los roles de género. La revictimización está para reforzar estereotipos de género y sesgos a partir del mismo género”, puntualizó.
Sin embargo, lo anterior no responde a que las autoridades busquen dañar a las víctimas per se, en realidad, tiene como base que no dejan de ser humanos los que están detrás de la procuración de justicia, es decir, que su actuar depende de sus experiencias personales, sociales y profesionales.”

Es por lo anterior que la integrante de la organización Impunidad Cero cree que uno de los puntos importantes por los que debe de apostar el Estado mexicano, ante la problemática de la violencia de género y los feminicidios, es la humanización del servicio público.
Entendida como un mejor servicio y acompañamiento a víctimas por parte de las Fiscalías durante el proceso de denuncia, lo cual se podrá lograr con capacitación para los empleados de acuerdo al marco jurídico; además, observar particularidades de los casos, no solo en lo general, sino adentrarse en las realidades y características con las que cuenta cada historia.
Y es que para la especialista en derecho penal, las autoridades deberían de implementar una postura humana en el servicio público, misma que no solo ayude a las víctimas, sino que también brinde mejores condiciones para los operados y que con esto, éstos brinden un mejor servicio de ayuda y protección de los derechos humanos.
El camino para dejar atrás la problemática aún es lento y, a veces, rebasado por todos los casos que acontecen día a día, pero la esperanza está, de acuerdo a la especialista, en seguir impulsando mejores condiciones y capacitando a los funcionarios de alto y bajo nivel, a los policías e, incluso, a los medios de comunicación para que se observen las problemáticas desde una visión humana que no dañe aún más a las víctimas.
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