Por unanimidad, San Lázaro aprobó que el Estado garantice la no discriminación de todas y todos

Con una votación total de 468 manifestaciones a favor, cero en contra y cero abstenciones, la Cámara de Diputados en el Palacio Legislativo en San Lázaro aprobó la reforma al Artículo 2 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED), esto para que el Estado garantice la inclusión de todas y todos los mexicanos sin ningún tipo de distinción.

Este miércoles 23 de febrero, bajo el propósito de erradicar con la discriminación de raíz, Susana Cano, legisladora federal por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), señaló que el dictamen resulta de suma importancia para fortalecer a las instituciones, ya que marca un parteaguas para que los tres poderes del Estado generen e impulsen estrategias que ataquen a la discriminación desde sus diversas aristas.

En el Artículo 2 de la LFPED se especifica que es responsabilidad del Estado mexicano “promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas”. Bajo la lógica del derecho nacional, las autoridades de los tres poderes en cualquier nivel de gobierno “deben eliminar aquellos obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas así como su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social del país”.

Por lo que Cano González añadió que en el texto, que fue remitido al Senado de la República para su aprobación, se planteó con los principios fundamentales de los derechos humanos y lo que establece el artículo primero de la Constitución para garantizar la inclusión y participación de la ciudadanía.

Bajo esa lógica, sentenció que esta reforma se traducirá en acciones políticas y públicas que garanticen la igualdad, la libertad y el libre ejercicio de los derechos de las personas; además, dijo que es congruente con los convenios internacionales en materia de derechos políticos, económicos, sociales y culturales de los que México es parte.

En los considerandos, la diputada resaltó la necesidad de que los textos normativos derivados de principios y derechos constitucionales sean actualizados en su contenido y lenguaje para incluir términos que permitan una protección más amplia de acuerdo al principio pro persona, por lo que la LFPED deber ser actualizada de acuerdo con los principios de progresividad y universalidad.

Asimismo recordó la importancia de la democratización para que incluya y proteja de manera efectiva el derecho humano a la no discriminación se respeten garanticen expulsan los derechos humanos de las personas.

Cabe destacar que en México, el ejercicio de la discriminación, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), es un aliciente recurrente en la sociedad nacional, pues la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) de 2017 reveló que, al menos, el 20% de la población mayor a 18 años ha sido víctima de la discriminación.

Sin embargo, se observa una concentración de este fenómeno en las poblaciones indígenas, pues en los pueblos originarios de México, la discriminación se manifestó en un 75.6%, lo cual es más de tres veces el promedio nacional.

Lo más alarmante de esto es que el ejercicio de la discriminación se manifiesta directamente, y de manera negativa, en su nivel de vida, pues las condiciones a las que tienen acceso se ven precarizadas más que al promedio nacional.

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