
“Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento” es la garantía que da el Estado mexicano a las y los nacidos en territorio nacional. El tener acceso a un registro es, según la propia Secretaría de Gobernación, “la puerta de acceso a todos los demás derechos”, sin embargo, muchas niñas y niños, hijos de migrantes nacidos en México, no son registrados de manera apropiada.
El problema comienza, según narra Jorge Vidal, director nacional de programas en Save the Children México, en los hospitales donde llegan a parir las mujeres migrantes que llegan embarazadas al país o se embarazan en el camino. Él cuenta que en centros de salud de Tapachula, por ejemplo, le ha tocado saber de casos donde “lo que sucede es que entra y atienden a la mujer extranjera y a veces incluso antes de las 24 horas de haber dado a luz la sacan del hospital. Sin registro de nada, sin papeles, pareciera que nunca atendieron a esta mujer ahí”.
Según recupera el Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF por sus siglas en inglés) de la Encuesta Intercensal del 2015, en Chiapas poco menos de 89 mil personas (1.7% de la población del estado) carecen de acta de nacimiento. El informe de la UNICEF, sin embargo, no arroja cifras acerca de la manera en que este fenómeno afecta específicamente a la comunidad migrante en México.
Para Vidal, de hecho, la falta de cifras es uno de los retos más importantes para enfrentar la problemática. “La falta de información que existe para poder comprender el fenómeno en su totalidad”. Lo que sí se sabe es que el lunes de la semana pasada había 70 mujeres embarazadas cruzando México en la caravana migrante. Por los tiempos de espera para los trámites de refugio en las fronteras (que pueden demorar hasta dos años) lo más probables es que las y los niños nazcan en territorio nacional.
Sin una identidad reconocida por el Estado Mexicano, las niñas y niños que nacen en el país, y que por lo tanto son mexicanas y mexicanos, no tienen manera de reclamar que se les garanticen sus derechos más básicos. La Secretaría de Gobernación reconoce la identidad como el “derecho primigenio”, se trata de “la llave de acceso a otros derechos esenciales como el derecho a la salud, a la educación, a la protección y a la inclusión en la vida económica, cultural y política del país para cualquier persona”.
Aún así, las madres y padres de infancias migrantes que nacieron en México se encuentran de manera recurrente con barreras para conseguir que el Estado les reconozca su derecho a la identidad. El problema llevó a que en el 2017 el Instituto Federal de Defensoría Pública promoviera un amparo para denunciar que el Congreso de la Unión no ha cumplido con su obligación de homologar la organización y funcionamiento de los registros civiles en el país.

Al aceptar el amparo, el juez octavo de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, Marín Adolfo Santos Pérez, declaró que “el problema de trato sistemático que existe, en perjuicio de los migrantes, por parte del Estado y de las autoridades mexicanas, que conlleva un trato discriminatorio por su estatus migratorio”.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo la revisión del amparo, por lo que tendrá que decidir acerca de la homologación de los registros civiles. El hecho de que el Congreso de la Unión no haya progresado en su labor de generar leyes que rijan a los registros civiles en todo el país ha provocado que madres y padres de infancias migrantes sean rechazados en sus intentos de conseguir un acta de nacimiento para sus hijos e hijas.
Este es uno de los muchos retos que enfrentan las y los niños migrantes a su paso por México. La migración de niñas y niños es, además, un fenómeno en incremento. Según Save The Children de enero de 2020 a agosto de 2021, el Instituto Nacional de Migración registró a 39,375 niñas, niños y adolescentes que ingresaron al país de forma irregular, la mayoría proveniente de países como Honduras, Guatemala, El Salvador, Chile, Brasil, Nicaragua, Haití, entre otros.
Debido a esto, la organización no gubernamental lanzó su campaña “Protegiendo a la #NiñezMigrante” para buscar los fondos que les permitan mantener los 34 Espacios Amigables donde atienden a niños y niñas en las principales ciudades de las fronteras norte y sur en México.
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