En más de una ocasión, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha pedido que se respete la libertad de expresión en Twitter, irónicamente son sus “ejércitos” los que la atacan. Así lo explicó el periodista Andrés Oppenheimer.
Oppenheimer explicó en su texto, Los “ejércitos de tuiteros” de Maduro y López Obrador publicado en El Nuevo Herald, que desde tiempo atrás se sospechaba que algunos gobiernos latinoamericanos tenían “ejércitos de tuiteros” que utilizaban para difamar adversarios.
Como ejemplo, expuso que el dictador Nicolás Maduro no solo paga a gente por escribir o retuitear mensajes pro gubernamentales, sino que lo hace abiertamente, según lo dio a conocer un estudio del Laboratorio de Investigación Forense Digital del Atlantic Council, un centro de estudios de Washington D.C.
Dicho informe, que lleva por título Autocracia Digital: el control de Maduro del entorno de información en Venezuela, menciona que el gobierno de Venezuela paga el equivalente a un salario mínimo a quienes amplifiquen mensajes pro-gubernamentales al menos unas cuatrocientas veces al día.
El informe dice que el régimen de Maduro “ha implementado un amplio aparato de manipulación que va desde medidas represivas como la censura, el cierre de internet, y el silenciamiento de los críticos, hasta la propaganda positiva”.
El reconocido periodista asegura que él mismo habló con el coautor del informe, Daniel Suárez Pérez, quien le dijo que hay muchos gobiernos que intentan influir en redes sociales, pero el único que lo hacía de manera abierta, era el gobierno de Venezuela.
También le mencionó que se pueden encontrar instrucciones en redes sociales de cómo la población puede ganar dinero re tuiteando mensajes a favor del presidente Maduro.
El informe acusa al Ministerio de Comunicación e Información del régimen venezolano, mejor conocido por su siglas MIPPCI, de anunciar, a diario en su cuenta de Twitter, la etiqueta del día, a quienes re-tuitean los mensajes. Estos obedecen y comparten los mensajes con la etiqueta recomendada.
Los usuarios que hacen este trabajo, deben registrar sus cuentas de Twitter a la aplicación del gobierno vinculada al “Carnet de la Patria”, que es la identificación que usa el gobierno para pagar a los beneficiarios de los programas sociales. Una vez registrados, podrán recibir el pago que les corresponde. Incluso, los usuarios publican con orgullo los recibos del gobierno, mostrando la cantidad que se les ha pagado por re-tuitear mensajes.
Un ejemplo, publicado en una cuenta progubernamental de Telegram el pasado 19 de enero, muestra una “tabla de logros” semanal, con un primer puesto de $384,000 bolívares, lo equivalente a 22 centavos de dólar. Esto corresponde a un salario mínimo semanal en aquél país, que es uno de los más pobres de América.
En nuestro país, el periodista argentino pone como ejemplo el caso de Notimex, la agencia estatal de noticias, al mando de Sanjuana Martínez, pues se ha acusado en diversas ocasiones que el medio crea cuentas en redes sociales para atacar a los críticos del gobierno. Según un artículo publicado por el grupo de defensa de la libertad de prensa del medio Artículo 19 en conjunto con la universidad ITESO de Guadalajara, la operación fue orquestada directamente por Sanjuana.
Diez testigos declararon, directamente a Artículo 19, que los ejecutivos de Notimex ordenaban a los periodistas crear cuentas falsas en Twitter y publicar mensajes atacando a los críticos del gobierno.
También se menciona que el Informe Anual del Departamento de Estado sobre los Derechos Humanos, publicado el 30 de marzo, se refiere al caso Notimex y dice que los periodistas que hicieron algunas preguntas complicadas al presidente, recibieron ataques por medio de Twitter. Un día después de la publicación del informe, López Obrador dijo que la directora de Notimex merecía “todo nuestro respeto”, y la calificó de buena periodista, además de arremeter contra sus acusadores.
Otros de los gobernantes acusados de utilizar la red social en contra de sus críticos, es el ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, así como la ex presidenta y actual vicepresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner.
Oppenheimer concluye mencionando que tal vez sea poco lo que se puede hacer en Venezuela para evitar estas prácticas, pues se trata de una dictadura, sin embargo, menciona que en México y otros países que se jactan de defender la libertad de expresión, se deben denunciar estos eventos, pues se trata de ataques abiertos contra la libertad de expresión.
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