Un grupo de organizaciones civiles, encabezadas por Greenpeace y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), advirtieron este lunes de las graves consecuencias para el medio ambiente y para la salud de los mexicanos que provocaría la reforma a la industria eléctrica que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), presentada a la Cámara de Diputados por el mandatario mexicano a principios de febrero en carácter de preferente, “atenta contra la calidad de vida de generaciones presentes y futuras”, señalaron en un comunicado.
Esto, argumentaron, porque fomenta “un modelo eléctrico cuya implementación favorece mayores emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y contaminantes climáticos de vida corta (CCVC), cuyos impactos en la salud y en el ambiente han sido científicamente comprobados”.
La propuesta deberá ser desahogada en la Cámara de Diputados a más tardar a finales de febrero y el Senado tendrá marzo para discutirla. Morena, el partido de López Obrador que tiene el control de ambas Cámaras, anunció que en San Lázaro impulsarán la reforma sin cambios.
Sin embargo, la iniciativa ha sido duramente criticada por diversos sectores, incluida la oposición en el Congreso, los expertos en el sector energético, la iniciativa privada, quienes advirtieron del aumento de precios en la electricidad, entre otros efectos negativos. Ahora las organizaciones civiles pidieron a los diputados considerar las implicaciones ambientales que traería su aprobación.
Y es que el documento enviado por López Obrador considera “urgente” profundizar los cambios que su administración comenzó desde 2018 y “a fin de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para beneficio del interés nacional”, en perjuicio de los privados y de las empresas de energías limpias, en un movimiento que algunos calificaron como un intento de monopolizar la industria eléctrica.
Las organizaciones civiles alertaron a los legisladores sobre cuatro grandes preocupaciones. La primera es que la Iniciativa “pone en riesgo el cumplimiento de los derechos humanos a la salud y al ambiente sano”. “Relega el despacho de energía de los proyectos de energías renovables y favorecer antes a las hidroeléctricas y a las centrales más contaminantes de la CFE”, precisaron.
Dichas centrales generan energía a partir de carbón o combustóleo y se favorecen proyectos que generan emisiones de gases con comprobados efectos en la salud, tales como enfermedades y trastornos respiratorios, así como en el ambiente.
Además, destacaron, la propuesta “profundiza la pobreza energética del país”. “En un país en el que más del 30% de los hogares sufren algún tipo de pobreza energética, está claro que el sistema eléctrico basado en proyectos fósiles centralizados no ha sido efectivo en lograr que más personas puedan disponer de la energía a precios más accesibles”, recordaron.
En tercer lugar, la reforma de López Obrador alejaría a México del cumplimiento de compromisos internacionales en materia de cambio climático, ya que representa “un obstáculo y una amenaza a la ya insuficiente política climática y a la consecución de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas que el Estado mexicano presentó en cumplimiento al Acuerdo de París”.
Por último, resaltaron que la iniciativa ignora criterios constitucionales que debe seguir el Sistema Eléctrico Nacional, toda vez que, por efecto de esta reforma, los proyectos de energías renovables son relegados al amparo del supuesto cumplimiento de un criterio de “confiabilidad” y se hace caso omiso al criterio de “sustentabilidad”.
“Lo anterior es sumamente grave y preocupante en el contexto actual pues, además de los retos en materia de salud que nos ha dejado la pandemia de COVID-19, existe la necesidad de reconstruir las economías de los países a partir de medidas y políticas más sostenibles”, indicaron.
“En ese sentido, precisamente la generación de energía a partir de fuentes renovables y limpias es una solución clave para esta recuperación. Sin embargo, la multicitada Iniciativa nos lleva en sentido opuesto a dicha reconstrucción”, concluyeron.
Además de Greenpeace y el Cemda, 30 organizaciones no gubernamentales firmaron el comunicado, incluidos el Fondo Mundial para la Naturaleza, The Climate Reality Project y los integrantes del Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire, así como 10 personas físicas, entre otros.
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