Este lunes, en la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador recordó el compromiso de su gobierno con eliminar los fraudes electorales por completo. " El que comete fraude electoral, va a la cárcel sin derecho a fianza", declaró, “para eso está la Fiscalía (Especializada para la Atención de los Delitos) Electoral(es)”.
El comentario estuvo vinculado con las acusaciones a los superdelegados federales de aprovechar sus funciones de servicio como plataforma de campaña. Hace tres semanas, los diputados del Partido Acción Nacional advirtieron que “vigilarían” a los funcionarios de la Secretaría de Bienestar para impedir el uso de sus actividades sociales como eventos electorales. Este lunes, el periódico Reforma publicó en portada que algunos de estos servidores están haciendo exactamente eso.
Los superdelegados aludidos son Alejandro Ruiz Uribe de Baja California, Víctor Castro Cosío de Baja California Sur, Indira Vizcaíno Silva de Colima y Lorena Cuéllar de Tlaxcala. Además, está el precedente de Pablo Almícar Sandoval en Guerrero, quien renunció a su puesto desde el 2 de octubre, pero fue señalado por los 32 espectaculares que una publicación local desplegó con su imagen y frases de campaña.
Incluso, desde que la mayoría morenista en el congreso aprobó la figura legislativa de los delegados de Programas para el Bienestar, las bancadas de oposición advirtieron sobre el riesgo electoral que estos personajes significarían. “La idea de los superdelegados da la impresión de ser, más bien, una fábrica de precandidatos”, opinó el senador Miguel Ángel Osorio Chong durante el debate de 2018.
El presidente pidió a la ciudadanía denunciar estos actos que aprovechan los recursos públicos y programas sociales para obtener beneficios personales. “No pueden hacer campaña y si lo están haciendo y hay pruebas, hay que denunciar y aclarar que ahora ya el fraude electoral es un delito grave”, dijo.
De acuerdo con la Ley General en Materia de Delitos electorales, vigente desde 2014, cualquier servidor público que coaccione o amenace a sus subordinados para apoyar o afectar a algún actor electoral, o “que destine bienes o servicios en virtud de su cargo al apoyo o perjuicio de un candidato o partido político”, podrá ser sujeto a una penalización de "200 a 400 días de multa y prisión de 2 a 9 años.
La ley también contempla que, si el delito está vinculado al uso y manipulación de programas sociales, la pena aumenta al triple.
El presidente López Obrador reiteró que los servidores públicos son libres de perseguir un puesto de elección popular si lo desean, pero deben presentar su renuncia a más tardar este sábado 31 de octubre. “Nosotros no vamos a utilizar el presupuesto público para favorecer a candidatos y partidos. Quienes están en el gobierno y quieren participar van a presentar sus renuncias esta semana”, dijo.
También enlistó algunos de los comportamientos electorales ilegales del pasado e invitó a la cooperación para evitar que se repitan. “Que no se compre el voto, que no se entreguen despensas a cambio de votos --frijol con gorgojo--, que no se apoderen de las casillas como antes, que no se rellenen las urnas, que no haya carrusel, que no voten los difuntos y que no falsifiquen las actas. Que no haya fraude como antes”, recordó.
El presidente aseguró que el fraude electoral es la causa de las crisis económica y de seguridad que vive México. Señaló, en particular, la elección de 1988 y la de 2006. Dijo que las acciones políticas para buscar legitimidad tras un fraude han sido lo más dañino para el país.
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