A la “antigüita”: así pretende el Sindicato Libertad quedarse con las obras del Corredor Interocéanico

La agrupación encabezada por Hugo Bello Velenzo -detenido el pasado 12 de agosto por desvío de recursos- también está involucrada en el transporte de materiales en el aeropuerto de Santa Lucía

Compartir
Compartir articulo
Imagen de archivo (Foto: REUTERS/Henry Romero)
Imagen de archivo (Foto: REUTERS/Henry Romero)

El Sindicato Confederación “Libertad” de Trabajadores de México (CLTM), que se dedica oficialmente a lo relacionado con la industria de la construcción pero también controla la distribución de agua por medio de pipas y está involucrado en homicidios, secuestros, extorsiones y despojos; se disputa obras del proyecto del Corredor Interoceánico, una de las insignias del presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con el diario El Universal, la agrupación ha realizado bloqueos y paros como forma de presión para quedarse con las obras.

El líder del Sindicato Libertad, Hugo Bello Valenzo, fue detenido el pasado miércoles 12 de agosto ya que existe una investigación en su contra por desvío de recursos en lo que fue el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), ubicado en Texcoco.

Además, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas de Hugo Bello Valenzo y de otras seis personas físicas, entre las que se encuentra Guadalupe Díaz Pantoja, y cuatro empresas, identificadas como parte del mismo grupo criminal. A través de una red de prestanombres, presuntamente “inyectaba” a empresas el dinero obtenido por los ilícitos mencionados.

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La dependencia congeló las cuentas del Hugo Bello y Guadalupe Díaz Pantoja, del Sindicato Libertad (FOTO:  MARIO JASSO /CUARTOSCURO)
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La dependencia congeló las cuentas del Hugo Bello y Guadalupe Díaz Pantoja, del Sindicato Libertad (FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO)

Díaz Pantoja, está identificada como lideresa de la Confederación Libertad en Oaxaca, por operación de actividades con recursos de procedencia ilícita, revelaron fuentes del gobierno de esa entidad.

El diario señaló que Díaz Pantoja es clave en las movilizaciones que la organización ha realizado en esa entidad para presionar por contratos.

La misma estrategia se repite en Chiapas, Puebla, Estado y Ciudad de México, lo que le ha servido para conseguir que distintas administraciones y empresas se vean obligadas a pactar con su sindicato para transportar materiales de construcción.

En las construcciones que se realizan por el aeropuerto de Santa Lucía, el Sindicato Libertad y otras agrupaciones gremiales realizaron bloqueos, por lo que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó el pasado 13 de enero, que pactó con la Confederación de Sindicatos Unidos de la Transformación de México las tarifas para el transporte de material.

Oaxaca

Corredor transoceánico (Foto: especial)
Corredor transoceánico (Foto: especial)

El medio destacó que uno de los principales bastiones del sindicato Libertad es Oaxaca, en donde surgió con el nombre de Grupo Nacional de Productividad durante el gobierno de Gabino Cué Monteagudo (2010-2016).

La organización siguió empoderándose desde entonces en las áreas del transporte y construcción, pero siempre ha recibido señalamientos de empresarios y otras organizaciones desplazadas en las obras públicas y privadas de recurrir a métodos de presión que rayan en la ilegalidad.

Actualmente disputa, a través de bloqueos, los contratos para el acarreo de materiales pétreos para la obra que el gobierno federal realiza en el Istmo de Tehuantepec: el Corredor Interoceánico.

Según sindicalistas e inversionistas oaxaqueños consultados por el diario, entre mayo y junio de este año, el Sindicato Libertad suspendió los trabajos para la modernización de las vías del Tren Transístmico, en Ciudad Ixtepec, demandando que la constructora Diamante le otorgue el derecho de acarreo de la materia.

Tras 10 días de bloqueo y en plena contingencia sanitaria a causa del COVID-19, la organización logró obtener una mesa de diálogo y los acuerdos para su inclusión en los trabajos del corredor interoceánico.

Contratos como el de Diamante y otros han sido asignados a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), adversaria del gremio Libertad.

Fuentes de la CATEM señalaron que los contratos no son asignados al sindicato de Bello porque no cumplen con la mejor oferta que permita a las empresas obtener ventajas económicas. Pero básicamente por sus prácticas, las cuales son presionar y amenazar a las compañías con bloqueos y paros, los logran obtener.

El caso del aeropuerto de Santa Lucía

Imagen de la Base Aérea de Santa Lucía utilizada por la Fuerza Aérea Mexicana (FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO)
Imagen de la Base Aérea de Santa Lucía utilizada por la Fuerza Aérea Mexicana (FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO)

A principios de año, Libertad presionó para obtener contratos en el nuevo aeropuerto en la Base Aérea de Santa Lucía.

De acuerdo con la Sedena, los agremiados trasladarán dos terceras partes del material y las organizaciones locales, que también protestaron para exigir que les permitan laborar, llevarán una tercera parte de los materiales de Texcoco a un depósito ubicado en el exterior de Santa Lucía.

Los sindicalizados bloquearon la carretera federal México-Pachuca y se manifestaron en el Zócalo capitalino, donde exigieron el pago de las cuotas del acarreo del material.

Sin embargo, la Sedena explicó que todo se originó porque “los miembros de esta agrupación sindical generaron diversas excusas para no elaborar las facturas para el pago de los acarreos y, de manera voluntaria, decidieron no recibir el pago por los servicios prestados, como medida de presión para favorecer sus intereses”.

La dependencia indicó que para evitar cobros sobrevaluados que afecten el presupuesto de la obra realizó seis reuniones con los trabajadores inconformes, en las que acordaron nuevas tarifas para los traslados, los cuales fueron verificados por la ASF, la SFP, Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea y el Órgano Interno de Control de la Defensa Nacional.

MÁS DE ESTE TEMA: