El periodista mexicano Julio Astillero afirmó que las propuestas reformistas de centroizquierda del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, “están en serio riesgo de no contar con los fondos suficientes para llevarse a cabo”.
En la columna de opinión, publicada en The Washington Post, informó que la autodenominada Cuarta Transformación, “como el mundo entero”, ha sido impactada por la crisis sanitaria y económica ocasionada por el COVID-19, y que las consecuencias económicas son “muy preocupantes”.
El Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) calculó que aproximadamente 10.7 millones de personas podrían caer en pobreza laboral al final del segundo trimestre del 2020.
Por lo tanto, de acuerdo al periodista, las políticas de López Obrador que apuestan a la austeridad incluyen la supresión de fideicomisos y programas de interés social. Este 15 de abril se extinguieron todos los fideicomisos públicos sin estructura orgánica en el país: 281 de ellos que representaban alrededor de 250,000 millones de pesos.
El columnista de La Jornada y conductor de los programas “Videocharlas Astilladas” y “Astillero Informa” señaló que el Gobierno de México está “explorando caminos que signifiquen mayor disponibilidad de recursos económicos, pero sin recurrir al endeudamiento público, la creación de impuestos o el aumento de los existentes”.
Astillero afirmó que, históricamente, el sistema mexicano está diseñado para motivar las complicidades lucrativas entre las élites de la política y los empresarios del país. Además, mencionó que el sistema se dirige a una crisis, acelerada por la pandemia de COVID-19, “que puede multiplicar la violencia”.
El desempleo, el hambre y la desesperación generalizada, y el crimen organizado aumentarán de manera desbordada, por lo cual los cambios positivos serán cada vez menos probables por “vías graduales y pacíficas”.
El periodista describió a Morena, el partido con el que Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia, como “una organización hecha a la medida de las necesidades de su creador”. Señaló que es un movimiento que busca la regeneración nacional, pero que “no ha cuajado como partido pero tampoco ha dejado su condición de frente amplio”.
Alfonso Ramírez Cuéllar, líder nacional de Morena, afirmó la semana pasada que se debe medir la pobreza extrema pero, sobre todo, las grandes concentraciones de riqueza en el país. Este miércoles insistió en que si el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) no es la institución preferida para hacerlo, el Banco de México (Banxico) lo podría llevar a cabo.
El presidente de Morena, que llegó al cargo de manera provisional, enfatizó en que uno de los objetivos de la convocación para medir la riqueza extrema es con la intención de imponer más impuestos.
El también legislador federal y presidente de la estratégica Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados afirmó, según la columna de Astillero, que en México hay “miles de millones de dólares que constituyen una riqueza totalmente inobservada”, por lo cual “ahora se demanda, con urgencia, medir también la desigualdad y la concentración de la riqueza”.
Durante su primera declaración propuso que el INEGI “debe entrar, sin ningún impedimento legal, a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas. Cada dos años debe de dar cuenta de los resultados que arroja la totalidad de los activos con los que cuenta cada mexicano. El INEGI también debe tener acceso a las cuentas del Servicio de Administración Tributaria y a toda la información financiera y bursátil de las personas”.
El comunicado fue duramente criticado por adversarios de AMLO, quien también se deslindó de la propuesta, específicamente por utilizar el verbo “entrar”, que de acuerdo a Astillero impulsó una campaña de miedo “al interpretarlo como la irrupción de inspectores a las casas para verificar datos y, eventualmente, propiciar de manera generalizada mayores cobros de impuestos”.
Sin embargo, Ramírez Cuéllar afirmó que el objetivo es hacer un análisis y un diagnóstico como ya lo hace el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) para medir la pobreza en México, y que no se trata de que las instituciones entren a los hogares ni se publiquen los patrimonios de cada individuo.
“Según Ramírez Cuéllar, 140,000 mexicanos —de un total de más de 127 millones— son dueños de la mitad de la riqueza nacional y muchos de los multimillonarios ejercen una agresiva “planeación fiscal” que les permite pagar entre 3 y 11% de impuestos sobre sus ingresos, contra 30 o 34% de los contribuyentes comunes y corrientes”, escribió Astillero.
El columnista dijo en su texto, publicado el lunes, que los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) han permitido o propiciado corrupción, injusticia, impunidad, “y una terrible desigualdad social” en México durante décadas, y que la llegada de López Obrador a la presidencia ha sido un muro para la irritación social que existe.
Un ejemplo de la desigualdad social en el país es Carlos Slim, cuya riqueza, la más grande de México y una de las mayores en el mundo, contrasta con los más de 52 millones de mexicanos que viven en condiciones de pobreza. Astillero declaró que personajes con estas concentraciones de riqueza “dan cuenta de esa casi subversiva desigualdad socioeconómica”.
Insistió en que estos personajes, ante la crisis económica y el posible aumento de la violencia, deberían considerar, “ya sea por un pragmatismo extremo o una especie de autocorrección obligada”, la necesidad de moderar las “terribles distancias socioeconómicas” y asumir, como Suecia, Bélgica, o Finlandia, la viabilidad de la progresividad fiscal.
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