El cambio climático plantea una amenaza existencial cada vez más concreta para los pueblos de las islas del Pacífico, donde comunidades enteras enfrentan el aumento del nivel del mar, tormentas extremas y crisis de abastecimiento de agua y alimentos. Según New Scientist, las consecuencias directas abarcan desplazamientos forzados, pérdida de tierras cultivables y la necesidad urgente de adaptarse o abandonar territorios ancestrales.
En atolones como Sikaiana, en las Islas Salomón, las mareas altas han invadido zonas antes secas y el agua salada contamina los acuíferos subterráneos, lo que reduce la fertilidad de los suelos y afecta las fuentes de agua potable.
Realidades semejantes alcanzan a Tuvalu, Kiribati, Tonga, Fiyi y Samoa, donde la erosión costera, las inundaciones y la intrusión de agua salada ponen en riesgo cultivos tradicionales como el taro y generan problemas de salud pública.
La subida del mar en el Pacífico avanza el doble de rápido que el promedio mundial, afectando a unos 10 millones de habitantes. Este fenómeno provoca la desaparición de viviendas, la pérdida de parcelas agrícolas y el deterioro de los arrecifes de coral. Además, facilita la expansión de enfermedades transmitidas por mosquitos, como el dengue, ya que las temperaturas más altas favorecen su propagación, de acuerdo con New Scientist.
Para Roannie Ng Shiu, codirectora del Centro para la Salud del Pacífico y Global de la Universidad de Auckland, “la inseguridad alimentaria es un grave problema”, potenciada por la disminución de peces de arrecife y la creciente dependencia de alimentos ultraprocesados importados.
El desplazamiento forzado vinculado al clima crece. En Kiribati, la aldea de Tebunginako se trasladó tierra adentro debido a la erosión y al avance del agua salada. En Tuvalu, cerca de un tercio de la población ha solicitado ingresar en un plan migratorio anual hacia Australia. Esta reubicación implica retos logísticos y una ruptura cultural significativa. Como señala Pelenatita Kara, directora de programas del Civil Society Forum of Tonga, “los reubicados están desolados por el cambio total de vida” y algunos incluso regresan temporalmente a sus antiguas islas.
Frente a este contexto, muchas comunidades optan por resistir mediante iniciativas locales. La restauración de manglares aparece como la principal adaptación basada en la naturaleza. Estas especies toleran la sal, estabilizan la costa y crean hábitats para la vida marina, aunque el proceso presenta obstáculos.
Un megaproyecto en Tonga plantó más de un millón de manglares en tres años, pero pocos sobrevivieron por falta de especialistas, fondos insuficientes y presencia de animales que consumen los brotes. “Sin conocimiento ni asesoría técnica, desperdiciamos mucho esfuerzo y recursos”, lamenta Kara.
En Fiyi, los resultados son más alentadores: las comunidades han plantado más de 10.000 manglares y mantienen viveros con 34.000 plántulas flotantes, de acuerdo con New Scientist. “La restauración de manglares no es la solución definitiva, pero es una muy buena opción basada en la naturaleza”, afirmó Charles Mahé, de la Iniciativa Kiwa.
La adaptación local exige también repensar prácticas agrícolas ancestrales. El cultivo de taro, central en la dieta regional, se ve afectado por los patrones cambiantes de lluvias y mareas. Científicas como Laura Brewington colaboran en el desarrollo de herramientas digitales de alerta temprana, que convierten pronósticos climáticos en recomendaciones agrícolas concretas. También existen sistemas para anticipar brotes de dengue y activar respuestas sanitarias coordinadas.
Persisten dificultades considerables. La disponibilidad de datos locales es limitada y los modelos externos no siempre se ajustan a las condiciones de las islas. Shiu explica: “No siempre se pueden aplicar las mismas estrategias usadas en otros contextos” y resalta la importancia de construir relaciones de confianza, proceso que demanda tiempo.
Uno de los grandes desafíos es el acceso al financiamiento climático internacional. La región ha recibido solo el 0,22% de los fondos globales, y la espera para obtener estos recursos varía entre 8 y 10 años.
En julio de 2025, la Corte Internacional de Justicia emitió una opinión consultiva que reconoce la obligación jurídica de los Estados de proteger el clima y asistir a los países vulnerables. Jon Barnett, investigador de la Universidad de Melbourne, consideró determinante el fallo: “El caso de la Corte Internacional de Justicia fue fundamental, porque reconoció los derechos humanos frente al cambio climático que no deben ser violados”.
Según expertos citados por New Scientist, la demora y la burocracia en la implementación de fondos y soluciones internacionales han reforzado la percepción de que la desaparición de las islas es inevitable. Sin embargo, líderes locales y científicos rechazan ese fatalismo y defienden la capacidad de adaptación, la preservación del territorio, la cultura y la soberanía insular.
El futuro de las islas del Pacífico depende de la decisión colectiva de permanecer y defender sus tierras frente a la adversidad, y no de un destino impuesto. La resistencia local y la innovación comunitaria sostienen la esperanza de sobrevivir ante el avance del mar.