Tras una espera de cinco meses y con ambas selecciones clasificadas al Mundial de Qatar, la Comisión de Disciplina de la FIFA se expidió sobre el caso del partido entre Brasil y Argentina por las Eliminatorias sudamericanas, que resultó suspendido el pasado 5 de septiembre en el estadio Arena Corinthians, de la ciudad de San Pablo, por la intrusión de personal de seguridad y de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa), que buscaba llevarse a aislamiento a Dibu Martínez, Giovani Lo Celso, Cuti Romero y Emiliano Buendía, a los que acusó de haber falseado su declaración jurada y no haber notificado que habían estado en Inglaterra (donde desarrollaban sus carreras), en medio de los controles por la pandemia de coronavirus. El Tribunal decidió que el partido continúe disputándose en un campo neutral, aplicó multas a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y a la AFA, y sancionó a los citados futbolistas con dos partidos de suspensión por “no cumplir con el Protocolo de Partidos Internacionales de Regreso al Fútbol de la FIFA”.
El fallo, demorado al punto que ambos equipos tienen resuelta su participación en la Copa del Mundo, registra un fuerte contenido político y sienta un peligroso antecedente. Incluso va en contra de lo que pregonan los propios estatutos de la entidad, que prohíben la injerencia estatal en su universo. Sin embargo, aplicó una sanción casi simbólica a la suspensión de un encuentro de este calibre por el ingreso de autoridades políticas al campo de juego, intentado llevarse a los protagonistas del césped. Y hasta instauró penas para los jugadores que no surgen de las declaraciones de los actores del fútbol ni del árbitro, sino de la versión de Anvisa. Vale la pena desgranarlo.
Brasil tendrá que abonar una multa de 500 mil francos suizos -unos 540 mil dólares estadounidenses- “como resultado de las infracciones cometidas contra la seguridad y el orden público”. Y no albergará el partido en su territorio. Pero también la AFA se ve obligada a pagar 200 mil francos suizos -U$S 216 mil- debido al “incumplimiento de sus obligaciones con respecto a la seguridad y el orden público, los preparativos del partido y su participación”. Nadie es culpable.
Con este precedente, vale arriesgar una hipótesis de conflicto. Un seleccionado X no tiene por lesión a su mejor futbolista para un duelo trascendente. Y cuenta con jurisprudencia que marca que si un funcionario o autoridad entra al campo y el duelo se suspende, con el pago de una multa por parte del país organizador del evento, el compromiso se jugará otro día, en el que, tal vez, transcurrió el tiempo suficiente para que se reponga su jugador estrella y lo pueda afrontar en mejores condiciones... Casi sin consecuencias. Cuanto menos, peligroso.
Y la suspensión del arquero Martínez, Cuti Romero, Emiliano Buendía y Lo Celso supone un exceso de las facultades disciplinarias de la Comisión. Porque si ellos, o los administrativos de la AFA en su nombre, falsificaron una declaración jurada, se trata de una cuestión netamente migratoria, no es competencia de un Tribunal deportivo. Es potestad de las autoridades locales que, si así fuese, en tal caso, hasta podrían imputarles la propagación dolosa de la enfermedad, tratándose de una omisión en medio de una pandemia.
Pero hay más detalles llamativos. Los futbolistas residían y desarrollaban sus carreras en Inglaterra (lo siguen haciendo a excepción de Lo Celso, que se mudó al Villarreal), habían jugado en la Premier League en el fin de semana previo, se fotografiaron arriba del avión que los trasladó desde Gran Bretaña a Sudamérica para defender a la Albiceleste. Y habían sido citados formalmente para las Eliminatorias, una competencia organizada por la FIFA. Era de público y notorio conocimiento que habían pasado por Inglaterra, porque son estrellas del fútbol que allí juegan... Una información evidente y al alcance de cualquier persona con relación con el deporte. Incluso para el Tribunal que los sancionó.
En el informe del árbitro Jesús Valenzuela al que tuvo acceso Infobae el mismo día del partido, el venezolano estableció que “se hicieron presentes personal de vigilancia sanitaria del estado comunicando que el encuentro no podría seguir por haber jugadores (Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero y Emiliano Buendía) que no habían hecho la cuarentena, según la legislación del estado de San Pablo. Procediendo a la suspensión del encuentro”.
No hay atisbo de culpabilidad de los futbolistas en el escrito del árbitro, el pilar, la base de sustentación de lo que actúan las Comisiones Disciplinarias. ¿De dónde sacó el Tribunal, pues, que habían incumplido el protocolo? De la versión de Anvisa. O sea, sancionó a los protagonistas abrevando en lo señalado por actores ajenos al espectáculo.
La sensación es que, una vez más, la FIFA no se animó ante Brasil, uno de los poderosos en el mundo del fútbol. Y queda en sus manos un espectáculo de élite, un Argentina-Brasil, a seis meses del Mundial (se especula que se disputará en la ventana de junio) y con la posibilidad de llevarlo a un escenario lejos de Sudamérica (¿Qatar tal vez, como entremés del plato principal?) Un clásico de este nivel, sólo en cachet, les costaríua a los organizadores alrededor de dos o tres millones de dólares por seleccionado. Aquí está servido gratis, con los costos incluidos, hijo de una sanción que puede provocar consecuencias dañinas a futuro.
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