Tres jueces de la Corte Federal australiana revelaron el jueves sus motivos para respaldar la orden del gobierno de deportar al astro del tenis Novak Djokovic, y explicaron que no entraron a considerar los “méritos o lo sabio de la decisión”.
Los jueces apoyaron por unanimidad la decisión del ministro de Inmigración, Alex Hawke, de deportar al tenista serbio de 34 años tras una apelación urgente en la víspera del que iba a ser el primer partido de Nole en defensa de su título del Abierto de Australia. Djokovic aceptó el veredicto y unas horas después viajó de Melbourne a Emiratos Árabes Unidos.
El juez que presidía el tribunal, James Allsop, y los jueces James Besanko y David O’Callaghan publicaron el jueves una explicación de 27 páginas sobre por qué rechazaron la impugnación.
“La corte no considera los méritos o lo sabio de la decisión”, indicaron. “La tarea del tribunal es fallar sobre la legitimidad o legalidad de la decisión. Otra persona en la posición del ministro podría no haber cancelado la visa del señor Djokovic. El ministro lo hizo”, añadieron.
“No era irracional que el ministro se preocupara de que el supuesto apoyo de algunos grupos antivacunas a la aparente posición del Sr. Djokovic sobre la vacunación pudiera alentar concentraciones y protestas que pudieran conducir a una mayor transmisión comunitaria”, reza otro retazo del documento.
Djokovic vio revocada su visa el 6 de enero en el aeropuerto de Melbourne, horas después de llegar al país, porque no está vacunado contra el COVID-19. Un juez restauró más tarde su visa por cuestiones de procedimiento.
Sin embargo, Hawke empleó una facultad que le concede la Ley de Inmigración para cancelar su visa el viernes con el criterio más amplio de interés público. Djokovic era “una persona conocida no vacunada”, cuya presencia en Melbourne podía “fomentar el sentimiento antivacunas” y aumentar la presión sobre el sistema de salud, dijo Hawke en el documento de 10 páginas que revocaba la visa.
Hawke rechazó los argumentos de Djokovic de que su deportación parecía “una decisión con motivaciones políticas” que pondría en peligro el papel de Australia como país anfitrión del primer Grand Slam del año.
Algunas voces se alzaron señalando que el gobierno deportó a Djokovic como respuesta a la indignación pública de que un deportista sin vacunar hubiera podido entrar en el país sin pasar una cuarentena, al mismo tiempo que la variante ómicron del virus pone a prueba los hospitales, escasean las pruebas caseras de COVID-19 y familiares de los australianos que viven en el extranjero no pueden visitar a sus allegados porque las autoridades no reconocen las vacunas que recibieron.
Los jueces rechazaron los tres argumentos de la apelación de Djokovic. El primero era que la decisión era ilógica, irracional o poco razonable. El segundo era que el ministro no podía concluir que la presencia de Djokovic fuera un riesgo de salud o el orden. El tercero era que el ministro no podía concluir que Djokovic tenía una postura conocida contra las vacunas.
“Era posible inferir que el público percibía que el señor Djokovic no estaba a favor de las vacunaciones”, indicaron los jueces. “Esto no es una fantasía; no necesita pruebas”, precisó el texto digital, al recordar que el deportista ya tenía antecedentes de haber hecho “caso omiso de las medidas razonables de salud pública en el extranjero”. Los magistrados se referían a la entrevista, y la sesión fotográfica sin mascarilla que tuvo Djokovic en Belgrado con el medio francés L’Equipe el 18 de diciembre pasado, un día después de enterarse que había dado positivo por COVID-19.
Djokovic, que regresó a Serbia, está en conversaciones con abogados sobre si demanda al gobierno australiano para reclamar 4,4 millones de dólares (3,2 millones de libras) por “maltrato”, según indicó el diario británico The Sun, que citó una fuente anónima cercana al agente del tenista, Edoardo Artaldi. John Karantzis, socio de la firma australiana Carbone Lawyers, dijo que Djokovic podría tener base para un caso.
“Si se concentra en los motivos poco razonables que alegaría en su contra, y no en cuestiones legales, podría tener éxito”, indicó Karantzis a la televisora Seven Network.
Con información de EFE y AP
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