El cirujano plástico Alan González, acusado por la muerte de una de sus pacientes, aclaró por qué no se presentó a la audiencia de imputación de cargos

El cirujano de figuras de la farándula como Miguel Varoni afronta una indagación por la muerte de una de sus pacientes; a pesar de que la fiscal del caso aseguró que la defensa aplicó “maniobras dilatorias” el médico aclaró que su apoderado debía atender otra diligencia, de lo cual habían informado previamente al tribunal

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(Gettyimages)
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En el juzgado 17 de Bogotá se adelanta una indagación preliminar en contra del cirujano Alan Albeiro González Varela y las médicas Ana Julieta Hernández Barrios y Valezca Adriana Mujica Rojas, tras la denuncia realizada por los familiares de la paciente Cecilia Peña Herrera, quien falleció fuera del quirófano.

El pasado jueves 20 de octubre debía realizarse la audiencia de formulación e imputación de cargos de los señalados, la cual, según algunas fuentes de la Fiscalía, debió ser suspendida porque ninguno de los tres señalados se hizo presente a la diligencia; decisión que tomó el juez de la causa con la presencia de la representante del Ministerio Público, Marcela Pinillos; el apoderado de las víctimas, Jorge Fernando Perdomo, y el defensor público, Byron Homero Silva, ante la ausencia de los apoderados de los acusados.

De acuerdo con información citada por el periódico El Tiempo, la fiscal del caso, Alexandra Obando, aseguró que hubo “maniobras dilatorias” por parte de la defensa del reconocido médico; sin embargo, el mismo doctor González aclara que no se trató de un intento por dilatar el proceso, sino que su abogado, Hernán Darío Vargas Macías, atendía, al mismo tiempo, otra audiencia de una persona que se encontraba privada de la libertad, por lo cual se solicitó aplazar la diligencia.

La fiscal Obando presentó varios cuestionamientos sobre el proceder de la defensa del cirujano; aseguró que “el día 19 de julio de esta anualidad (se había citado) a audiencia de formulación de imputación, fecha a la cual tenía conocimiento de dicha diligencia y su apoderado en ese momento, el doctor Óscar Sierra, minutos antes, remitió también la solicitud de aplazamiento de la audiencia” y sostuvo que el ahora apoderado del indiciado, Hernán Darío Vargas, envió al despacho un documento sin firma en el que se acreditaba como representante del cirujano González y solicitaba al aplazamiento de la diligencia. “No obstante, su señoría, no se evidencia ningún poder otorgado del ciudadano al profesional de derecho”, aseguró la fiscal.

Sobre ese particular, el doctor Alan González asegura que, tal y como lo confirmó el juez posteriormente, el poder presentado por el abogado Vargas Macías no solo sí estaba firmado por él, sino que fue remitido desde su correo personal, razón por la cual el juez verificó su autenticidad y aceptó aplazar la diligencia; adicionalmente, de acuerdo con lo que aclara el cirujano González, el doctor Obando se conectó por medios electrónicos con la audiencia y reiteró su imposibilidad de continuar con la defensa por no poder asumir simultáneamente dos actuaciones al mismo tiempo; igualmente, el propio doctor Alan González se puso a disposición del juez y de la fiscal, de acuerdo con lo expresado en sendos correos electrónicos enviados a los dos.

Adicionalmente, la fiscal del caso habría citado un informe de Policía judicial con fecha de 28 de septiembre, según el cual se trató de ubicar a las médicas Ana Julieta Hernández Barrios y Valezca Adriana Mujica, que pertenecerían a la IPS de del doctor Gonzáles Valera, pero, de acuerdo con la fiscal, en dicha institución de salud se negaron a dar información que permitiera que las dos profesionales pudieran ser citadas a la audiencia. “Todo esto se circunscribe, señor juez, a evidenciar una falta de lealtad procesal de esas personas y una renuencia a presentarse a esta audiencia pública”, señaló la fiscal Obando.

Al respecto, el doctor Alan González califica de desleal la actuación de la fiscal, “al efectuar señalamientos que no corresponden con la realidad”, y sostiene que no es cierto que las dos profesionales citadas estén vinculadas a su empresa, por lo cual no se trató de que se hubieran negado a brindar información sino “de una imposibilidad absoluta para atender el requerimiento de la Policía judicial”.

Adicionalmente, el doctor González aclara que, para la fecha en que el investigador se acercó a las instalaciones de su clínica para solicitar la información señalada, ya se habían vencido los términos legales del requerimiento; “por ende, no era procedente atender el requerimiento de Policía judicial, en razón a la falta de diligencia por parte del investigador de hacerlo efectivo durante su término de vigencia”.

Por su parte, el defensor de Mujica Rojas solicitó a la Fiscalía General de la Nación una rectificación de los datos de contacto por los cuales se le está informando a su representada sobre las diligencias dentro de la investigación.

El abogado de los hijos de la víctima, Carlos Alberto Galvis Peña, insistió en que hay una “renuencia de los convocados a esta audiencia para presentarse, lo cual denota un deseo de dilación y un irrespeto a la judicatura”. Finalmente, ante la solicitud por parte del abogado del cirujano Alan González, el 21 de octubre se radicó ante el Centro de Servicios Judiciales una nueva solicitud de audiencia de imputación de cargos.

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