Falsos positivos: la JEP imputó a otros 10 militares por el asesinato de civiles en Dabeiba, Antioquia

Para el tribunal, más de 49 cuerpos encontrados en el cementerio del municipio antioqueño son de civiles que fueron asesinados por integrantes del Ejército Nacional

Compartir
Compartir articulo
Los "falsos positivos", uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado colombiano, involucran a unos 1.500 militares que engañaban a los civiles para asesinarlos y presentar mejores resultados a sus superiores. EFE/Carlos Ortega/Archivo
Los "falsos positivos", uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado colombiano, involucran a unos 1.500 militares que engañaban a los civiles para asesinarlos y presentar mejores resultados a sus superiores. EFE/Carlos Ortega/Archivo

Los falsos positivos han sido uno de los episodios más dolorosos que dejaron las décadas de conflicto armado en el país y que, aún en la actualidad, generan dudas entre las familias de las víctimas que piden justicia y verdad. En las últimas horas, se dio una de las decisiones que tanto esperaban quienes han escuchado los relatos de cómo fueron engañados y asesinados sus familiares, la JEP imputó a 10 militares involucrados en las ejecuciones extrajudiciales en Dabeiba.

Luego de analizar el caso, los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz decidieron que estos uniformados eran responsables de la desaparición forzada de estas personas en el municipio antioqueño y sus posteriores asesinatos para ser presentados como guerrilleros dados de baja en combate.

En medio de su labor, la JEP señaló que en el cementerio de Dabeiba, Antioquia, hay más de 49 cuerpos de civiles inocentes que fueron ultimados por miembros del Ejército Nacional en medio de esta práctica para conseguir beneficios de bonos vacacionales y ascensos en la institución.

Más de 6.400 personas fueron víctimas de los 'falsos positivos' del Ejército Nacional. REUTERS/Luisa Gonzalez
Más de 6.400 personas fueron víctimas de los 'falsos positivos' del Ejército Nacional. REUTERS/Luisa Gonzalez

Ante las pruebas recopiladas por el tribunal, los magistrados señalaron que 10 uniformados merecían ser imputados por estos hechos. Inició con los máximos responsables, por orden de jerarquía, con cuatro coroneles en retiro. Jorge Alberto Amor Páez (excomandante de la BRIM 11), David Herley Guzmán Ramírez (excomandante del BCG 79) Efraín Enrique Prada Correa (excomandante del BCG 79) y Edie Pinzón Turcios (excomandante del BCG 26 Arhuacos).

También fueron imputados tres sargentos en retiro identificados como William Andrés Capera Vargas, Fidel Iván Ochoa Blanco y Jaime Coral Trujillo; dos mayores en retiro Yair Leandro Rodríguez Giraldo y Hermes Mauricio Alvarado Sáchica; y un soldado profesional en retiro Levis de Jesús Contreras Salgado.

El tribunal señaló que la imputación a los 10 uniformados es inédita debido a “la inexistencia de informes oficiales y de víctimas, la destrucción de documentos operacionales, y los muy precarios avances (archivos) de las justicias ordinaria, penal militar y disciplinaria, la investigación se soportó por completo sobre los aportes a verdad plena realizados por diversos comparecientes de la fuerza pública, contrastados con las evidencias forenses, así como con las pruebas decretadas y practicadas por la JEP”.

Familiares de las víctimas de 'falsos positivos' durante una audiencia de la JEP.  Nicole Acuna/Special Jurisdiction for Peace (JEP)/Handout via REUTERS
Familiares de las víctimas de 'falsos positivos' durante una audiencia de la JEP. Nicole Acuna/Special Jurisdiction for Peace (JEP)/Handout via REUTERS

Según la JEP, estos 10 militares cometieron estas ejecuciones extrajudiciales entre los años 2002 y 2006. El magistrado Alejandro Ramelli reveló en la rueda de prensa realizada por el tribunal que, en total, la JEP analizó 508 necropsias entre 1995 y 2008 obtenidas en el Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Dabeiba y contrastó sus datos encontrando que el 98% de las muertes habían sido causadas con arma de fuego.

Además, el magistrado señaló que ante ese tribunal varios miembros del BCG-26 Arhuacos aceptaron el asesinato de un joven identificado como Edison Lexander Lezcano. Cabe recordar que estos militares fueron agregados a la 4ª Brigada comandada por el general Mario Montoya Uribe, también investigado por su responsabilidad con los falsos positivos.

“Tras contrastar información, la JEP considera que los integrantes de los batallones son responsables por 46 víctimas, asociadas a 23 hechos, en los cementerios de Dabeiba e Ituango”, señaló el magistrado Ramelli.
15-12-2019 Colombia.- Colombia abre la puerta a la entrega voluntaria de criminales del Clan del Golfo.

El Gobierno de Colombia ha presentado este sábado la Ruta de la Legalidad, un plan para la entrega voluntaria de miembros de grupos armados ilegales dirigido principalmente al Clan del Golfo, cuyo líder, alias 'Otoniel', fue detenido hace una semana.

POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA
JEP
15-12-2019 Colombia.- Colombia abre la puerta a la entrega voluntaria de criminales del Clan del Golfo. El Gobierno de Colombia ha presentado este sábado la Ruta de la Legalidad, un plan para la entrega voluntaria de miembros de grupos armados ilegales dirigido principalmente al Clan del Golfo, cuyo líder, alias 'Otoniel', fue detenido hace una semana. POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA JEP

Por otro lado, a pesar de la falta de documentación en este caso, la JEP logró establecer unos ‘patrones macrocriminales’ en este caso. En primera medida, encontraron que hay un conjunto de homicidios perpetrados contra personas puestas fuera de combate y víctimas señaladas previamente como auxiliadores, informantes o milicianos de la guerrilla.

En segundo lugar está el patrón que habla sobre otros sub-casos referidos a territorios críticos del Caso 03 por los falsos positivos. Aquí se refieren a hechos repetitivos en los que uniformados asesinaron a civiles, todo con la intención de presentar resultados operacionales y demostrar control territorial, entre los años 2005 y 2007.

Finalmente, el tercer patró criminal se tarta de los procesos de desaparición forzada de las víctimas y, a la vez, de las labores de ocultamiento de los crímenes perpetrados en los cementerios de Dabeiba e Ituango.

SEGUIR LEYENDO: