Marta Lucía Ramírez afirma que acabar con la Procuraduría son “palabras mayores”

Mientras asistía a un evento del Gobierno nacional en el que fue panelista, la vicepresidenta y canciller saliente de Colombia, Marta Lucía Ramírez, criticó la iniciativa divulgada este martes 5 de julio por el presidente electo, Gustavo Petro, de suprimir a la Procuraduría General de la Nación.

Cuando Ramírez fue consultada por la emisora RCN Radio sobre la propuesta del político de izquierda, aseguró que ideas de ese tipo le parecen delicadas. “Creo que los organismos de control hay que hacerlos cada vez más eficientes; pero no desmontarlos porque cuando no hay quién ronde al Gobierno, eso se vuelve peligroso”, comentó.

La canciller aclaró que pensar en reformas para hacer una Procuraduría más eficiente y contundente sería más acertado, porque “siempre tenemos que estar abiertos a considerarlas y apoyarlas; pero la eliminación me parece que ya son palabras mayores”.

Petro ha asegurado que la Procuraduría ha sido utilizada como herramienta al servicio de sectores políticos y tiene previsto proponer en el congreso una reforma que permita eliminar la entidad y llevar a sus funcionarios a una “fiscalía anticorrupción”.

Su propuesta va enfocada a la eliminación del órgano de control cambia un aspecto que fue estructural en la Constitución de 1991. Y para esto necesitaría de un acto legislativo para ser aprobada. Es decir, unas mayorías calificadas y ocho vueltas en el Congreso de la República, en donde hoy Gustavo Petro tiene mayorías de curules.

Según su manual de funciones, la Procuraduría representa a los ciudadanos ante el Estado, y es el máximo organismo del Ministerio Público —que también está conformado por la Defensoría del Pueblo y las personerías—.

Este órgano está conformado por cerca de 4.000 funcionarios y posee autonomía administrativa, financiera y presupuestal. Además, tiene la función de “velar el ejercicio de las funciones encomendadas en la Constitución y la ley a servidores públicos”, a través de sus funciones preventiva, de intervención y disciplinaria.

La función preventiva es considerada la principal responsabilidad de la Procuraduría. Se concentra en “prevenir antes que sancionar”: vigilar el actuar de los servidores públicos y advertir cualquier hecho que pueda ser violatorio de las normas vigentes, sin que implique coadministración o intromisión en la gestión de las entidades estatales.

Por su función de intervención puede intervenir ante las jurisdicciones Contencioso Administrativa, Constitucional y ante las diferentes instancias de las jurisdicciones penal, penal militar, civil, ambiental y agraria, de familia, laboral, ante el Consejo Superior de la Judicatura, las autoridades administrativas y de policía.

Finalmente, la función disciplinaria le da facultad para iniciar, adelantar y fallar las investigaciones que por faltas disciplinarias se adelanten contra los servidores públicos y contra los particulares que ejercen funciones públicas o manejan dineros del Estado.

El problema radica en que la Constitución de 1991 ya había creado otros entes de control con competencias parecidas a las de la Procuraduría, pero decidió conservarla por el rol importante que desempeñó antes de esa carta política. No obstante, según el jurista Rodrigo Uprimny, en los últimos 30 años se ha hecho redundante y hasta peligrosa.

El investigador citó el caso de Alejandro Ordóñez como una prueba de que la existencia de la Procuraduría es peligrosa, porque “su facultad para suspender o destituir funcionarios, sin control judicial previo, se presta a persecución política”. Entonces, señaló que suprimir la Procuraduría “es buena opción, con traslado de sus recursos, funcionarios y algunas competencias a otras entidades. Pero también puede pensarse en achicarla radicalmente y precisar sus funciones”.

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