‌Roy Barreras insiste en que grabaciones en las que aparece son una infiltración ilegal en la campaña del Pacto Histórico

Varios videos de reuniones internas con miembros de campaña del Pacto Histórico fueron divulgados y en ellos se vieron estrategias de ataques a otros candidatos y las estrategias a escándalos como las visitas a La Picota

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Luego de dejar un vuelo de campaña, el senador Roy Barreras conoció que videos de estrategia de campaña habían sido filtrados y en ellos se conocían estrategias para atacar a otros candidatos como Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria, además de que sabían, antes de conocerse públicamente, las visitas de miembros de la campaña a extraditables.

La primera reacción del electo senador y jefe de debate de la campaña presidencial de Gustavo Petro, fue calificar como un delito las grabaciones hechas en reuniones privadas. “Nuestra campaña esta siendo chuzada e infiltrada ilegalmente. Por menos se cayó un gobierno y un partido de derecha en Watergate”, sostuvo Barreras en redes sociales.

Además, solicitó a la Fiscalía investigar quien fue el responsable de las grabaciones, por considerarlas un delito. Pero sostuvo que no se evidenciaba ningún acto ilegal, plan extraño que vinculara a la campaña del Pacto Histórico. Incluso, pese a que planteaba emprender ataques contra Fajardo o Gaviria, entonces contradictores de Petro, no había insultos ni agravios en su contra.

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“Usted cree que hay alguna campaña en el mundo en la que no se reúnan sus asesores a evaluar las debilidades y fortalezas de sus competidores. No hay nada ilegal y tampoco nada inmoral en esas conversaciones. Si en esas grabaciones usted escuchara un insulto, una agresión o una calumnia como las que en cambio sí nos han hecho por montones diciéndonos terroristas, guerrilleros infiltrados; no hay una sola calumnia, hay un examen de las debilidades y fortalezas de los candidatos”, aseguró Barreras en diálogo con la emisora Caracol Radio.

El senador sostuvo que las grabaciones hacen parte de un análisis de escenarios en los que evaluaron las debilidades y fortalezas de candidatos presidenciales competidores, antes de la primera vuelta presidencial, y las estrategias para quitarles audiencias. Sin embargo, en una de ellas se oye al asesor de comunicaciones Sebastián Guanumen, a quien Barreras dijo desconocer, proponer la creación de rumores, exageraciones y falsas ideas en contra de Federico Gutiérrez.

El jefe de debate del Pacto Histórico explicó a Blu Radio que las grabaciones filtradas son de fechas diferentes. Mientras unas son de hace 10 meses cuando él aún era candidato, otras son de hace unas cuantas semanas por lo que infiere que se trata de “una grabación sistemática que guardan durante horas y la sacan a última semana”. Según dice, como una estrategia en su contra por ir ganando.

Otro de los temas espinosos es que en una reunión con Eduardo Noriega, en la que aparecen también Clara López, Temístocles Ortega y Roosevelt Rodríguez, en la que Barreras advierte que “hay visitas a las cárceles, al pabellón de extraditables, de gente del Pacto Histórico, ofreciéndoles la no extradición”.

Al parecer, el jefe de debate se refería al escándalo en el que Juan Fernando Petro, hermano del candidato, vistió el pabellón ERE Sur de La Picota y que desató una polémica posterior por supuestas negociaciones con condenados corruptos y parapolíticos que la campaña, como propuso Barreras en la reunión revelada, rechazó y negó posteriormente.

Nosotros sabíamos desde varios días antes que existía la posibilidad de que unas visitas completamente descalificadas y rechazadas en su momento por la campaña estuviesen ocurriendo y tarea de cualquier comité estratégico es anticiparse al daño de quien actúe de manera irresponsable o de manera inadecuada”, sostuvo el senador en diálogo con Caracol Radio.

Barreras aseguró que esa fue la estrategia, aunque no reveló los nombres de las personas a las que se refería y que estarían visitando extraditables. Tanto Juan Fernando Petro, como Piedad Córdoba, electa senadora, habrían tenido conversaciones con delincuentes de ese perfil, aunque calificó como “practica ilegal” ofrecer dádivas a condenados.

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