Con el propósito de atender y solucionar la crisis humanitaria que se presenta en el departamento de Chocó, al occidente de Colombia, el cual se ha visto afectado por el recrudecimiento de la violencia por diferentes factores como la incidencia de grupos armados, la Procuraduría General de la Nación exhortó al Gobierno de Iván Duque para avanzar en la implementación del capítulo étnico del Acuerdo de Paz y consolidar el “Acuerdo Humanitario Ya”.
A través de la directiva 009 de 2022, la procuradora general de la nación, Margarita Cabello, le solicitó al Gobierno nacional la implementación de medidas urgentes en temas como la protección de los derechos humanos, orden público, salud, educación y trabajo, y lucha contra la minería ilegal. Esto, frente al cumplimiento de la sentencia en la que se declaró al río Atrato, uno de los afluentes más importantes del Pacífico colombiano, como sujeto de derechos.
“La Procuradora solicitó formular y ejecutar un plan que atienda la situación ambiental y de orden público, que prevenga la violencia, promueva los derechos humanos y garantice la protección de los líderes y lideresas sociales, autoridades étnicos, territoriales y la población del departamento”, señaló el Ministerio Público.
Esta directiva está dirigida a los ministerios de Defensa, Ambiente y Desarrollo Sostenible; a la Gobernación del Chocó; a las alcaldías municipales; al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), y a la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, los cuales deberán adoptar las medidas necesarias para atender la crisis humanitaria que afecta a la población del Chocó, en su mayoría afectada por la pobreza, la violencia
A su vez, instó al Ministerio de Educación Nacional, a la gobernación y a las 30 alcaldías de Chocó, para que garanticen el acceso a la educación de calidad, conectividad e infraestructura para los miles de estudiantes de este departamento sometido por la violencia abandonado por el Estado; así como una educación diferenciada y pertinente para las comunidades étnicas que habitan en este territorio que se extiende hasta la frontera con Panamá, así como continuidad en la prestación de este servicio público esencial.
De igual manera, el órgano de control instó a “tomar acciones que generen desarrollo económico, social y de crecimiento verde, que mejoren la competitividad e integración de los sectores productivos; y solicitó que se promocione el comercio exterior de bienes y servicios ambientales, y se promueva la inversión extranjera, el comercio interno y el turismo, entre otros, con respeto por la bioculturalidad”.
Por último, el Ministerio de Salud y la Gobernación de Chocó deberán mejorar la infraestructura y el acceso este servicio fundamental en el departamento, que ha padecido durante décadas de una pésima atención al servicio de salud, al tiempo que les solicitó fomentar programas y mejorar los planes y proyectos de salud para menores en el territorio.
El pasado 3 de junio, líderes indígenas de la comunidad emberá katío del municipio de Carmen de Atrato, del departamento del Chocó, que llegaron desplazados a la ciudad de Medellín por amenazas del Clan del Golfo en los últimos días, se reunieron con el personero de la ciudad, William Yeffer Vivas, para buscar una solución al problema de hacinamiento que atraviesan en los albergues donde se están hospedando temporalmente.
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