Muere una bebé de 19 meses de la comunidad embera katío por malaria en Bogotá

La menor fue atendida por funcionarios de la Secretaría de Salud de Bogotá

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Foto de archivo. Indígenas Embera Katio permanecen desplazados por el conflicto armado desde Pueblo Rico, Risaralda, se ven sentados en una casa de la ciudad de Cali, Colombia, 25 de enero, 2015. REUTERS/Jaime Saldarriaga

La Secretaría de Salud de Bogotá publicó este 19 de mayo un comunicado, en el que lamentaba la muerte de una bebé de la comunidad Embera Katío, de solo 19 meses.

En horas de la tarde, el equipo de salud permanente que se encontraba en el Parque Nacional fue alertado sobre el caso de una bebé de 19 meses de edad, integrante de la comunidad Emberá Katío, que presentaba malas condiciones generales, deshidratación, dolor abdominal, cuadro previo de diarrea y fiebre.

De acuerdo con la secretaría, el equipo de salud fue alertado, por lo que realizó la atención correspondiente a la menor en el sitio. Al ver el mal estado de la pequeña, los expertos la trasladaron en ambulancia hasta el hospital Santa Clara, donde, luego de hacer la correspondiente valoración, los profesionales en salud diagnosticaron que tenía diferentes patologías, entre las que se encuentra un cuadro de malaria (paludismo) complicado, enfermedad que no es propia de Bogotá y que se produce en zonas tropicales.

La menor empeoró con el pasar de las horas por lo que fue ingresada a la UCI Pediátrica del hospital con pronóstico reservado y fue acompañada por un un equipo interdisciplinario que “ofreció todos los servicios médicos que ameritaba su grave cuadro”, señaló la Secretaría de Salud.

A pesar de los intentos de los médicos del hospital Santa Clara por salvarle la vida, la menor falleció a las 8:00 a causa del grave estado de salud con el que llegó.

“La Secretaría Distrital de Salud lamenta este caso y brinda acompañamiento multidisciplinar a la familia de la menor de edad en el proceso de duelo”, aseguró la entidad.

Puntos del acuerdo de la Alcaldía de Bogotá con los indígenas que abandonaron el Parque Nacional

Casi ocho meses duraron 13 pueblos indígenas que sumaban más de 1.500 personas en el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera en el centro de Bogotá. Solo hasta el pasado 6 de mayo se logró un acuerdo que permitió desarmar el improvisado campamento y trasladar a las familias a diferentes zonas de la ciudad. Ahora el reto de la administración distrital será cumplir los compromisos adquiridos.

Durante sesión de la Subcomisión de Vigilancia y Control del Enfoque Diferencial Étnico del Plan Distrital de Desarrollo desarrollada en el Concejo de Bogotá el18 de mayo, las comunidades hicieron un llamado para el cumplimiento del segundo punto acordado y es la participación de las autoridades indígenas que estaban en el parque, en la formulación e implementación de la política pública étnica.

De acuerdo con la concejal Ati Quigua, después de diez años de la formulación de las políticas públicas de la diversidad étnica en la capital y estas se encuentran actualmente en un periodo de reformulación y en la que, como primer punto del acuerdo, podrán participar las Autoridades Indígenas en Bakatá- AIB que fueron la organización de los pueblos asentados en el parque.

Violeth Medina, una de las voceras de la organización de los pueblos indígenas en Bogotá, resaltó la importancia de ese punto durante la sesión, debido a que significa el reconocimiento de su proceso autónomo que había sido desconocido por la administración distrital.

Abuso sexual de una menor embera en Antioquia

Los habitantes del municipio de El Bagre, en Antioquia, conocieron el caso de una menor de 9 años que fue abusada sexualmente en el resguardo indígena de la comunidad emberá katío, la cual está asentada en la reserva natural ‘Tutifruty’. De acuerdo con las primeras versiones de las autoridades, el tío de la víctima sería el principal sospechoso.

Tras conocerse el caso, la pequeña recibió atención de la Comisaría de Familia y posteriormente fue trasladada al hospital Nuestra Señora del Carmen, en ‘El Bagre’, donde se mantuvo en observación durante dos días. Así lo confirmó el personero de este municipio, Juan Gabriel Rodríguez, quien reveló que la hermana de la víctima fue la que facilitó los diálogos con los entes pertinentes.

“Inmediatamente se activó la ruta de atención, se llevó al hospital del municipio por medio de la hermana que habla español, porque ha sido difícil la comunicación con la menor de edad, debido a que ella habla su lengua nativa y no se hace entender”, expresó el funcionario.

Además, Rodríguez afirmó que lastimosamente se deben atender muchos casos similares en la región: “Hacemos un llamado a toda la comunidad y a todas las personas para que respetemos los derechos y la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes. Cada vez se presentan más hechos de abuso y de maltrato en el territorio y la comisaría de familia se mantiene desbordada por tantas situaciones de restablecimiento de derechos”.

Esta situación ya fue puesta en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para que adelante las investigaciones y pueda dar con el paradero del responsable. “Es un tema complejo de abordar ya que se trata de una zona rural, pero lo importante es tener identificado al victimario y así tomar las medidas correspondientes”, concluyó el personero.

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses reveló que en lo corrido del año se han reportado 484 casos de presunto abuso sexual contra menores de edad. Además, el más reciente informe del ente indicó que entre enero y abril del 2022 han presentado 1.745 hechos de violencia contra niños, niñas y adolescentes, superando las cifras del año pasado en el mismo periodo de tiempo (1.499). El suceso reportado con mayor frecuencia fue la violencia de pareja, con más del 67 % del total de casos.

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