Con el objetivo de seguir contribuyendo con aportes que lleven al esclarecimiento de hechos registrados en el marco del conflicto armado, el Ejército Nacional, con el apoyo de la Fundación Colombia Herida, entregará este jueves 28 de octubre un informe mixto a la Jurisdicción Especial para la Paz.
A este componente que integra el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición se presentará el Informe Génesis - Autodefensas Unidas de Colombia, informe técnico de soldados regulares víctimas de secuestro y desaparición, Informe Aportes a la Construcción de país: Un compromiso del Ejército Nacional, Informe Jano; cuatro Informes sobre victimización de militares, el informe Soldados sin Tierra, una investigación de conflicto en las regiones, dieciséis informes de la Colección Bicentenario, ocho informes y diecinueve casos del proyecto Luces para la verdad, ocho informes y diecinueve casos del proyecto Surcos de dolores, dieciocho libros académicos y dos productos transmedia.
Estos documentos abordan diversas temáticas y análisis de algún aspecto del conflicto armado interno colombiano, como son las graves violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario que han sufrido nuestros soldados. Estos serán recibidos por la magistrada de la JEP Marcela Giraldo.
Los insumos son el resultado de análisis e investigaciones realizadas por los grupos interdisciplinares de memoria histórica del Departamento Jurídico Integral y demás dependencias del Ejército Nacional, con apoyo de la Fundación Colombia Herida, Jaime Arteaga & Asociados, entre otras entidades.
El Ejército Nacional seguirá contribuyendo al esclarecimiento de hechos que en el marco del conflicto armado han dejado como víctimas a militares, sus familias y a la población civil en general.
Otro informe en el que trabaja la JEP lo presentó en 2019 la organización Mil Víctimas, que reúne a miembros del Ejército Nacional que fueron víctimas de las minas antipersonal, titulado “La devastación de un pueblo: medios y métodos de guerra ilícitos empleados por las Farc”, que da cuenta de las afectaciones causadas por estos explosivos y que empleó este grupo guerrillero durante el conflicto armado.
El uso de minas antipersona es una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario, es decir, un crimen de guerra que es investigado y será sancionado por la JEP.
De acuerdo con la investigación presentada ante esta jurisdicción, 7.413 militares fueron víctimas de estos artefactos. En Norte de Santander, Nariño, Antioquia y Arauca se concentraron los casos.
El general Javier Ayala, jefe del departamento Jurídico del Ejército, dijo que, “con esta entrega, la Organización Mil Víctimas y el Ejército Nacional buscan visibilizar a los militares víctimas de minas antipersonal y a sus familias”.
Para el magistrado Óscar Parra, presidente de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas, el informe es un insumo muy valioso que brinda “elementos para determinar cómo debe ser la justicia restaurativa que la JEP tiene que aplicar en todas sus actuaciones”.
Por su parte, Carlos Julio Susa Rodríguez, quien perdió sus piernas por minas antipersona en 2000, expresó que los militares víctimas de estos hechos confían en la no repetición de lo sucedido y esperan que no haya impunidad. Y agregó: “Esperamos que hechos como estos no se sigan repitiendo en Colombia. No queremos más víctimas de minas antipersona”.
Cabe anotar que, la JEP ya reconoció como víctimas a 20 militares secuestrados en la toma de Miraflores (Guaviare), que fue ejecutada por la extinta guerrilla de las Farc-EP el 3 de agosto de 1998. Dentro de este proceso también fueron acreditadas los familiares que sustentaron su parentesco con los uniformados. Este reconocimiento se da en el marco del caso 001, denominado como “Retención ilegal de personas por parte de las Farc-EP” y conocido como el de secuestro.
Todas estas personas habían solicitado expresamente ser acreditadas como intervinientes especiales dentro del caso 001, pues fueron mantenidas de manera prolongada en condiciones de cautiverio que investiga la Sala de Reconocimiento.
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