Por posibles irregularidades en la celebración de un convenio de asociación por 2,070 millones de pesos, el Ministerio Público formuló pliego de cargos contra Ronald Housni Jaller, exgobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (2014-2018).
La explicación otorgada por la Procuraduría señaló que Housni habría contratado bajo la figura de convenio de asociación, la elaboración y análisis del perfil demanda social y familiar del departamento, pese a que el objeto del contrato lo obligaba a celebrarlo bajo otra modalidad.
El Ministerio Público hizo énfasis en que el objeto de este tipo de convenios es: impulsar programas o actividades de interés público, por lo que no pueden ser utilizados para cumplir con una labor propia de la Gobernación, como habría ocurrido bajo el mandato de Jaller.
Otro de los imputados por la Procuraduría fue el exsecretario de Planeación, Sebastián Castellote Mora. De acuerdo con el reporte del Ministerio Público: “Castellote habría violado el principio de transparencia y el deber de selección objetiva al suscribir el estudio y documento previo del cuestionado convenio, señalando que el objeto contractual podría ser ejecutado bajo esa modalidad”.
De acuerdo con lo anterior, si son hallados responsables Jaller y Castellote Mora habrían incurrido en faltas gravísimas a título de culpa gravísima, lo que se vería reflejado en la sanción.
La trayectoria de un cuestionado funcionario
Ronald Housni Jaller, liberal, se encuentra detenido por cargos de de concierto para delinquir, peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales durante el tiempo que fue gobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
En abril de 2018, el Procurador Fernando Carrillo lo suspendió por tres meses de sus funciones por la crisis del hospital de San Andrés. Carrillo denunció que la cantidad de irregularidades halladas por el Ministerio Público evidenciaron la afectación al derecho a la salud de los isleños.
Entre los hallazgos de la Procuraduría se encontraron: funcionarios que llevaban dos meses sin trabajar, pero devengaban puntualmente, doscientas cirugías sin realizarse, sin inventario de medicamentos esenciales, ni depósito de sangre para enfermos. Se reportó que el laboratorio no realizaba cuadros hemáticos, pruebas de coagulación, ni cultivos.
También se reportó incumplimiento de pago a contratistas que tenían asignado el manejo de residuos hospitalarios, vigilancia, imagenología, endoscopia, lavandería, entre otros servicios médicos fundamentales.
De otra parte, la Fiscalía General de la Nación investiga al exgobernador por cinco tipos de conductas en las que habría ocurrido entre el primer semestre de 2015 y 2017.
Se destaca que tuvo un incremento patrimonial de $5,077.239.894 en 2019; el exfuncionario aceptó los delitos de concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, cohecho propio y peculado por apropiación.
Por lo anterior, el exfuncionario recibió una pena de 15 años de prisión con el compromiso de retornar el dinero apropiado y que se generó con el cohecho.
Con esta nueva imputación generada por la Procuraduría, se espera que Ronald Housni Jaller y Sebastián Castellote Mora respondan por los recursos desviados en la elaboración del convenio de asociación realizado durante su paso por la gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
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