Fiscalía solicitó detención domiciliaria para el gobernador del Cesar por irregularidades en el PAE

En las últimas horas la Fiscalía General de la Nación pidió la detención domiciliaria del gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, pues considera que el político podría intervenir en la investigación que avanza en su contra por presuntas irregularidades con el Plan de Alimentación Escolar (PAE) del departamento.

El ente acusador abrió un proceso contra Monsalvo luego de que determinara que hay unas irregularidades en el contrato de implementación del PAE. El contrato fue suscrito en el año 2015, cuando el político colombiano llevaba a cabo su primera administración del departamento, en ese entonces el acuerdo fue por 17 mil millones de pesos y la Fiscalía determinó que hay inconsistencias con 3 mil millones.

Pensando que Monsalvo puede intervenir mientras el ente lleva a cabo la investigación en su contra, la Fiscalía le solicitó a un magistrado del Tribunal de Bogotá legalizar la detención preventiva contra Luis Alberto Monsalvo Gnecco.

Hace tan solo una semana, la Fiscalía le imputó a Monsalvo cargos por los delitos de apropiación en favor de terceros agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. A lo largo de la investigación han encontrado varios sobrecostos de algunos alimentos en el contrato de 17 mil millones por la implementación del PAE.

Por ejemplo, las autoridades señalan que el kilogramo de hígado fue registrado en el contrato con un valor de $65.406, esto aún cuando su precio real es de $14.000 en el mercado. Tras analizar por los menos nueve sobrecostos como este, los investigadores del CTI señalaron que la diferencia en los precios alcanzaría un peculado cercano a los $3.000 millones de pesos.

El contrato fue suscrito por la gobernación de Cesar y el Consorcio Alimentación Escolar A Salvo, y ambas partes establecieron un plazo de ejecución de 59 días por un valor superior a los $17.140 millones.

El fiscal del caso agregó que se presentaron varias quejas de padres de familia y estudiantes, quienes señalaron que las raciones de cada estudiante eran muy pequeñas o que eran preparadas en las cocinas de las instituciones educativas, siendo manipuladas por varias personas. “A pesar de haberse exigido la disposición de vehículos adecuados para el transporte de alimentos, estos llegaban a los colegios en camionetas de estacas o hasta en buses de servicio público”, dijo el fiscal.

Por otro lado, el ente investigador también encontró inconsistencias como falta de estudios previos, prepliegos amañados y deficientes, y supuestas omisiones de los requisitos de ley en el desarrollo del proceso de contratación, evaluación y liquidación.

La historia de escándalos por corrupción en el PAE en el Cesar

Lamentablemente, el Plan de Alimentación Escolar que tiene como finalidad garantizar el complemento alimenticio para la capacidad de aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes registrados en la matricula oficial, se ha convertido en una opción para varios políticos corruptos en este departamento del país.

Bajo el radar de las autoridades por irregularidades con el PAE han estado políticos como el exalcalde de Valledupar, Fredy Miguel Socarrás Reales, quien realizó una contratación irregular del PAE en el año 2014. Junto a Socarrás, fueron investigados el exsecretario de Educación, Asdrúbal Rocha Lengua; y la exasesora jurídica, Mery María Romero Mestre.

En el 2019, la fiscalía también abrió un caso al exalcalde Codazzi, Efraín Quintero Mendoza, por una contratación irregular del PAE en el año 2015. En este caso también se habrían registrado costos superiores a los alimentos, dejando un peculado de 340 millones de pesos.

El exalcalde fue judicializado junto al exsecretario de Educación, Raúl Casimiro Bermúdez Castilla, la contratista Linda Xiomara Navarro Hernández y la ingeniera civil Diana Margarita Trujillo Arévalo. Aunque todos están actualmente en libertad.

También están pendientes casos en los que se menciona a los exsecretarios Jorge Eliecer Araújo Gutiérrez y Jaime Luis Fuentes Pumarejo, de Educación Departamental y Secretaría General, respectivamente, y al senador Didier Lobo, quien fue alcalde de La Jagua de Ibirico.

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