Se deteriora la salud de jóvenes en huelga de hambre en La Guajira

La ONU se pronunció sobre la necesidad de prestar cuidado a un grupo de estudiantes que completa 12 días en huelga de hambre en Riohacha.

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Huelga de hambre La Guajira. Foto: Defensoría del Pueblo.
Huelga de hambre La Guajira. Foto: Defensoría del Pueblo.

Desde el pasado 1 de julio, un grupo de jóvenes guajiros se reunió en el parque Simón Bolívar de Riohacha para exigir mejoras en el sector educativo, laboral, salud, servicios básicos y mejora de oportunidades para la población indígena y afrodescendiente del departamento.

Al completar la primera semana, una de las jóvenes que hace parte de la manifestación tuvo que ser canalizada por recomendación de un médico que presta apoyo a los huelguistas, mientras exigen la asistencia del Estado.

Este domingo, al completar los 11 días e iniciar la segunda semana, una de las jóvenes fue trasladada a un centro asistencial de la ciudad para que fuera estabilizada, según informó el diario El Heraldo.

La joven se debilitó y el médico que presta ayuda a los ocho jóvenes en huelga de hambre le recomendó que fuera a una clínica. El periódico aseguró que los compañeros la aplaudieron por su valentía y entrega al momento de retirarse del lugar donde se ubican.

Sin embargo, horas después de ser estabilizada en el centro médico, la joven regresó para continuar siendo parte de las exigencias para sus comunidades, sin renunciar a la huelga, pese al deterioro de salud que ya empieza a manifestar su cuerpo.

Según expresó uno de los manifestantes, en una reunión virtual que realizó el senador Antonio Sanguino con los jóvenes en la noche de este domingo, su huelga se basa en el cansancio de los guajiros al abandono que ha sido sometido el departamento históricamente.

“Siempre nos han visto como un sector provincial, un sector donde únicamente están comunidades indígenas o afros que no tiene derechos, porque para la ciudadanía colombiana no somos sujetos de derechos, o más bien para este presidente de la República y sus políticas represivas”, afirmó.

Consideran que el modelo extractivista en el que se basa la economía del departamento no retribuye en un bienestar social de los habitantes de La Guajira, a lo que se suma una profunda corrupción en la administración del departamento, como la construcción de la represa de Ranchería que, denuncian, costó hasta tres veces el valor inicial.

Todo ese sistema de desigualdades debe ser erradicado mediante una mesa de negociaciones que abra el diálogo con todo el departamento de La Guajira en su conjunto”, señaló el huelguista. Ellos han elevado un pliego de peticiones que esperan sean atendidas por el Gobierno Nacional.

El pasado 9 de julio, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU en Colombia señaló: “Ocho jóvenes de La Guajira están en huelga de hambre en Riohacha, hace 9 días. Damos seguimiento a su situación y continuamos llamando a procurar espacios de diálogo”.

Señalan que aunque en el departamento se ubica una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo, las desigualdades y carencias de la población son quizá las peores del país.

Luis Lobo, uno de los jóvenes manifestantes, establece que La Guajira no tiene por qué ser un territorio de extracción, cuando tiene condiciones debido a una bonanza del aumento de los aires, en un espacio de producción de energía eólica o solar, debido a que su promedio de radiación es superior en un 60% a la media mundial.

Señalan que desde el 2017, cuando la Corte Constitucional exigió al Estado proteger a los menores de edad en el departamento, han muerto hasta 300 niños y niñas. Además, 370 mil personas se acuestan comiendo una sola comida al día.

“La discusión en la capital es si el Metro es elevado o subterráneo, mientras que la discusión en nuestro departamento es si las comunidades logran tener agua potable”, afirma Lobo. Según él, hasta 600 mil hogares tienen dificultades para el acceso al agua y los niños tienen que caminar varios kilómetros para acceder a la educación en enramadas. Piden un plan de emergencia para que se garanticen los derechos fundamentales de esta población.

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