“La respuesta del gobierno colombiano a la CIDH es lamentable”: director de Human Rights Watch

José Miguel Vivanco detalló varios puntos de la reacción que tuvo el gobierno de Iván Duque al informe que reveló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sus recomendaciones sobre los DD.HH. en el país.

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El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo
El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

El gobierno de Iván Duque rechazó varias de las recomendaciones que le hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de derechos humanos en medio de las protestas sociales, y tuvo una posición fuerte al asegurar que no estaban obligados a aplicar las observaciones que hizo la organización internacional.

La CIDH recomendó sacar a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa y confirmó que en el país hubo uso excesivo de la fuerza por parte de la institución, además, señaló que los bloqueos hacen parte de las forma de ejercer el derecho a la legítima protesta pacífica y que al prohibirlos, sería contradictorio con la misma ley.

Yo creo que aquí tenemos que ser claros, aquí nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad, nosotros hemos sido un Gobierno respetuoso, como se lo hemos expresado a la CIDH, y sobre todo hemos sido un país respetuoso de la protesta pacífica como una expresión de la ciudadanía”, puntualizó el mandatario Iván Duque.

Sobre la actitud del gobierno, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), la tildó de lamentable. “La respuesta del Gobierno colombiano a la CIDH es lamentable”, fueron las palabras de Vivanco.

En su cuenta de Twitter, explicó en un hilo que el Gobierno colombiano le pide a las organizaciones de DD.HH. que “tengan muy en cuenta [su] responsabilidad... en medio de la inestabilidad”. Para Vivanco, esto es absurdo porque el rol de los organismos de DD.HH. es documentar y denunciar debidamente los abusos. “El gobierno no puede cargarles responsabilidad por la situación”, señaló.

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“El gobierno rechaza la creación de un Mecanismo de Seguimiento, argumentando que en Colombia existen instituciones sólidas. Engañoso. El mecanismo de seguimiento no reemplaza a las instituciones nacionales, sino que hará seguimiento y dará apoyo a su labor”, comentó Vivanco.

Sobre que el gobierno de Iván Duque ha condenado la violencia, el director de HRW señaló que si bien el presidente lo hizo, el récord general de investigaciones por abusos policiales contra manifestantes en 2019 y 2020 es pobre, como lo evidenció el informe.

Y agregó que: “El gobierno argumenta que la Policía es una fuerza civil porque así lo establece la Constitución Política del 91. Absurdo. A pesar del texto de la Constitución, la policía en la práctica está altamente militarizada”.

También argumentó que es falso que el gobierno diga que el uso de la fuerza ha sido “excepcional” y siempre porque resultó “necesaria la intervención”. “Hemos visto decenas, sino cientos, de abusos gravísimos. En muchos casos, la policía reprimió manifestaciones pacíficas de forma arbitraria y brutal”.

Frente al uso de armas, Vivanco reprochó que el gobierno diga que la Policía “no usa armas de fuego letales en el marco de las manifestaciones”. Si bien la legislación prohíbe armas de fuego en protestas, muchos policías han violado esta norma. 18 personas habrían muerto por impacto de armas de fuego de policías, según Vivanco.

Otro punto que puso sobre la mesa el director de HRW es que que el gobierno rechazó reformas a la figura de “traslado por protección”, argumentando que lo que corresponde es “hacer justicia” por casos “puntuales”. “Absurdo. Esta norma se ha prestado a abusos reiterados en protestas. Corresponde, además de hacer justicia, derogar la norma”, señaló.

Sobre los bloqueos, para Vivanco la posición de la CIDH es consistente con los estándares internacionales establecidos, entre otros, por el Comité de DD.HH. de la ONU y el Tribunal Europeo de DD.HH.

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