Tribunal Superior de Antioquia inadmitió demanda de EPM en contra de contratistas de Hidroituango

Empresas Públicas de Medellín (EPM) tendrá diez día hábiles para realizar los ajustes “de forma” solicitados por el Tribunal a la demanda por $ 9,9 billones.

Foto de archivo. Trabajadores en un área de construcción en la central hidroeléctrica de Hidroituango, en Ituango, Colombia, 5 de abril, 2019. REUTERS / Luisa González
Foto de archivo. Trabajadores en un área de construcción en la central hidroeléctrica de Hidroituango, en Ituango, Colombia, 5 de abril, 2019. REUTERS / Luisa González

El pasado 12 de enero, Empresas Públicas de Medellín (EPM) presentó una demanda en contra de los contratistas de Hidroituango ante el Tribunal Administrativo de Antioquia luego de una conciliación infructuosa, con la Procuraduría General de la Nación como mediadora, por la contingencia ocurrida en abril de 2018.

Pues bien, este 11 de marzo, el Tribunal Administrativo de Antioquia inadmitió la demanda por $ 9,9 billones, pues tendría algunos errores subsanables, según EPM, relacionados con la forma y no con el fondo:

“Como es común en procesos de esta índole, el Tribunal Administrativo de Antioquia solicitó a EPM, en su condición de demandante en la reclamación contra los contratistas del proyecto hidroeléctrico Ituango, corregir errores de forma, que son subsanables, en la demanda presentada el pasado 12 de enero”, explicó EPM en un comunicado de prensa.

Y lo confirmó el acalde de Medellín, Daniel Quintero, a través de su cuenta en Twitter, donde escribió que el Tribunal Administrativo de Antioquia solicitó a EPM “realizar correcciones de forma en la demanda a Contratistas de Hidroituango. Este es un trámite frecuente en este tipo de demandas. EPM tiene 10 días hábiles para realizar dichos cambios”.

Los diez días hábiles que concedió el Tribunal para las correcciones comenzarán el viernes 12 de marzo y finalizarán el 26 de este mes. En el auto, entre otras, se comunica a EPM que debe “aportar prueba de la existencia y representación legal de las entidades demandadas, que pese a informarse en la demanda que se anexan, no aparecen los CD’s entregados en la Secretaría de la corporación”.

El documento también dice que, conforme con “lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 2080 de 2011, la parte del demandante deberá aportar la constancia que acredite el envío por medio electrónico de la demanda y sus nexos demandados”.

La conciliación que no tuvo final exitoso entre EPM y los consorcios a cargo de Hidroituango se llevó a cabo el 8 de enero. Ese día, Daniel Quintero manifestó:

“Ese proceso conciliatorio acaba de terminar lamentablemente sin éxito y, por tanto, Empresas Públicas nos ha informado que procederá al proceso de demanda con el objetivo de recuperar 9,9 billones. Quiero felicitar a EPM por su valor y responsabilidad, siguiendo todos los procesos legales necesarios para recuperar estos recursos”.

Así, pues, se optó por la demanda contra el consorcio diseñador Generación Ituango (compuesto por Integral y Solingral S.A.), el consorcio constructor CCC Ituango (integrado por las firmas Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa-Ramón H), el consorcio interventor Ingetec-Sedic y contra las empresas reaseguradoras Suramericana y Chubb Seguros.

<b>Sergio Fajardo, uno de los imputados por Hidroituango</b>

En diciembre de 2020, Sergio Fajardo fue imputado por la Contraloría General de la República, máximo órgano de control fiscal del Estado, por fallas en la planeación y la ejecución del proyecto Hidroituango, que desencadenaron: que no se pudiera generar energía, hecho que según la Contraloría generó un lucro cesante de $1,1 billones; el detrimento al patrimonio público por valor de $ 2,9 billones, pues la obra terminó constando $ 13 billones; y la emergencia en 2018, que estuvo cerca de ocasionar una calamidad pública.

Y por dicha imputación, en ocasiones como el pasado 20 de febrero, Daniel Quintero arremetió contra él vía Twitter: “En Medellín Fajardo trató de dividir votación para que ganara el candidato de Uribe a la Alcaldía. Los une el GEA, EPM, Hidroituango y un proyecto de país en la que poderosos gozaron de impunidad mientras caían bibliotecas, represas y 6402 inocentes”.

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