Desde el 17 de diciembre un grupo de relatores de la ONU mediante una misiva expresó, su inquietud ante la posibilidad de que el Gobierno colombiano reanude la fumigación de cultivos ilícitos con glifosato, propuesta que ha defendido en diferentes momentos el Ministerio de Defensa.
En la carta los relatores Mary Lawlor, relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos y el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, José Francisco Cali Tzay, entre otros, manifestaron que esta decisión traería consecuencia negativas para el acuerdo de paz y no respetaría la jerarquía estipulada por la Corte.
“Atentaría contra el acuerdo de paz y contra lo dispuesto por la Corte Constitucional respecto a la jerarquía entre las estrategias para la erradicación de cultivos ilícitos”, escribieron.
Además, advirtieron el riesgo de las consecuencias que podría traer en materia de medio ambiente y violación de Derechos Humanos.
“Nos gustaría llamar la atención del Gobierno de Su Excelencia sobre nuestra preocupación relativa a la intención del Estado de Colombia de reactivar el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea de herbicida glifosato (PECIG) y los riesgos relacionados para los derechos humanos y el medioambiente”, señaló ONU.
Pese al tono que uso el mecanismo, el Gobierno colombiano respondió con una misiva negándose a la petición y en un tono fuerte. La carta de respuesta fue suscrita por la vicecanciller, Adriana Mejía.
“los Llamamientos Urgentes sólo proceden ‘en los casos en que las presuntas violaciones requieran medidas perentorias por entrañar pérdidas de vidas humanas, situaciones que pongan en peligro la vida o un daño inminente o continuo de mucha gravedad para las víctimas’”, señaló el documento.
Luego del argumento la misiva aseguró que “En este sentido, en nombre del Gobierno colombiano, me veo en la obligación de rechazar el llamamiento urgente que hacen los procedimientos especiales, dado que no cumple con los requisitos establecidos en el código de conducta que rige el desempeño de su mandato”.
La carta dirigida a los relatores de la ONU comentó que los argumentos dados por los funcionarios “prejuzgan sin base”, cuando mencionaron que el Gobierno ha tomado decisiones que no cumplen con los requisitos de la Corte Constitucional para retomar esta práctica.
Termina el documento ratificando que “En virtud de lo anterior, y en el entendido que el Llamamiento Urgente no atiende lo establecido en el marco legal que rige el desempeño de los representantes de los procedimientos especiales, como me he permitido señalar, tengo a bien acusar recibo de la comunicación enviada por los Procedimientos Especiales, señalando que, en la presente oportunidad, el Estado se abstendrá de formular comentarios adicionales a los ya expuestos”.
Cabe resaltar que esta decisión no sólo ha sido criticada por la comunidad internacional, sino que además muchas comunidades en las que se implementará nuevamente este mecanismo de erradicación, no están de acuerdo.
Los pobladores de lugares como el Guaviare, han advertido que esto perjudica otros cultivos, el medio ambiente, los recursos naturales, afecta la salud los sembradores y es probable que aumente la violencia contra la población por parte de los grupos armados.
“Esa fumigación no solamente cae en el cultivo de coca, sino que se dispersa hacia los cultivos de pasto, hacia los cultivos de pancoger, las selvas, los rastrojos y todo allí lo acaba. Eso queda como cuando le pasan la candela y se acaba totalmente”, comentó en Noticias Caracol Pedro Pauna, líder campesino del Guaviare.
También afirmó que la aspersión de los químicos entraña otro riesgo: la contaminación de los afluentes, parte del sistema hídrico que alimenta los ecosistemas de la Serranía del Chiribiquete.
“Los químicos cayeron en los grandes ríos, como el Guayabero y Ariari. El río Guaviare une unos afluentes que recogen todo esto y que lo va llevando hacia el Orinoco”, denunció.
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