Este miércoles 9 de diciembre, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) anunció la creación y puesta en marcha de la línea de atención para denunciar los actos de corrupción que ocurran dentro de los centros penitenciarios y cárceles de Colombia.
Los canales habilitados son los siguientes: número fijo 018000-910105; celular 3173000522 y por medio de correo electrónico a través de anticorrupción@inpec.gov.co.
A través de un comunicado, el Inpec informó que “con la implementación de esta línea los ciudadanos podrán de manera directa denunciar irregularidades” que “serán atendidas por el comité CRAET (Comité de Recepción, Atención, Evaluación y Trámite de Quejas, Informes y Peticiones) de la Dirección General del Instituto, el cual se reunirá de manera constante y estará articulado con la Oficina de Control Interno Disciplinario y con la Fiscalía General de la Nación para el tema penal”.
El Inpec aclaró que hay algunos servicios institucionales gratuitos para los privados de la libertad, que algunos corruptos estarían usando para pedir dinero. Entre estos están: el ingreso de encomiendas en los días establecidos; los trámites para los permisos de 72 horas; las solicitudes de prisión domiciliaria el acceso a programas de redención; el ingreso de datos al sistema; la asignación de citas médicas; la solicitud de citas médicas; y los trámites de libertad por pena cumplida.
Durante la presentación de las líneas estuvo presente el ministro de Justicia, Wilson Ruíz, en compañía del director del Inpec, brigadier general Norberto Mujica.
Fiscalía y Gaula desmantelan a ‘Los Carceleros’ en el Departamento del Meta
En la primera semana de diciembre, las autoridades policiales y de fiscalía realizaron 22 operativos conjuntos en establecimientos penales y carcelarios, con la intención de desmantelar redes dedicadas a la extorsión y estafa desde estos lugares.
De acuerdo con informaciones procedentes Delegada para la Seguridad Ciudadana, anexa a la Fiscalía General de la Nación, las diligencias buscaban detener este tipo de acciones delictivas que se estarían generando, pese a que las autoridades carcelarias cuentan con plataformas tecnológicas que detendrían dichos actos delictivos.
El resultado central de la ofensiva, fue el desmantelamiento de una red de extorsión de la que harían parte funcionarios del INPEC, denominada como ‘Los Carceleros’.
Esta red operaba en el Departamento del Meta, en los establecimientos penales y carcelarios de Villavicencio y Acacías.
Según las autoridades, fueron capturados siete presuntos integrantes de la red, entre ellos cinco funcionarios del INPEC, cuyas funciones dentro de la estructura criminal consistían en ingresar a las cárceles elementos tales como sim cards, celulares y otros elementos tecnológicos, destinados para la reventa entre internos con precios base de entre $200.000 a $500.000 pesos, aunque, dependiendo de la gama y de la antigüedad podían alcanzar precios mayores, de los que ellos se lucraban a partir del mecanismo de comisión.
Por evidencias obtenidas se pudo comprobar que con dichos equipos, ingresados clandestinamente a los penales, se realizaron llamadas extorsivas y amenazas contra ciudadanos en distintas partes del país, con la anuencia de los mismos funcionarios.
Este fue el principal motivo por el que un fiscal especializado adscrito al Gaula imputó a los miembros de la red por el delito de extorsión consumada en concurso heterogéneo y sucesivo.
Por lo anterior, allegado el caso al juez de control de garantías, los imputados (5 funcionarios entre cuyos cargos hay 4 dragoneantes y 1 inspector) cumplirán medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.
De otra parte, las diligencias efectuadas en los penales dio como resultado la confiscación de 423 celulares, 900 sim card, 8 micro SD, 7 USB, 191 cargadores y 549 armas blancas en 22 establecimientos de este tipo distribuidos en Bogotá y 19 departamentos del país.
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