El debate ante el Congreso que puso sobre la mesa las inconsistencias al condenar la trata de personas

El 14 de octubre se llevó a cabo la plenaria ante la Cámara de Representantes que debatió sobre la explotación sexual. Así, se evidenciaron las irregularidades judiciales de los delitos relacionados con trata de personas y explotación sexual comercial. Ángela Sánchez y Adriana Matiz del Partido Conservador citaron la discusión para dar a conocer qué está haciendo el Estado para prevenir que las mujeres y los menores caigan en redes de tráfico sexual.

Matiz aseguró que la problemática ha crecido los últimos años y “ha evolucionado a nuevas modalidades que hoy queremos poner en conocimiento de la opinión pública”. Por ejemplo, comprobó que las redes sociales representan un peligro inminente para los menores de edad.

Por su parte, la representante Sánchez denunció que las cifras manejadas por el ICBF y el Ministerio del Interior son diferentes: “En 2019 se recibieron 1295 llamadas, pero se registraron 124 casos”. Cuestiona el por qué de esa diferencia entre los datos. Las cifras no concuerdan. Por ello, en el debate exigieron la definición de un registro único de atención de víctimas, la reincorporación a su entorno, prontitud en los procesos judiciales y la correcta tipificación de los delitos de ESCNNA (Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes). Además, cuestionó que en algunos casos se han impuesto penas 75% menores a lo establecido.

El delito aparece en Colombia, dados los altos índices de pobreza y extrema pobreza, como una nueva forma de lucrarse. Al igual que el desempleo, según el representante César Lorduy de Cambio Radical, se crea un “caldo de cultivo de explotación sexual y trabajo forzado”.

Sánchez encontró que existen problemas al momento de adecuar la normativa de tipo penal y por eso hay menos imputaciones. Por ello, Juanita Goebertus Estrada del Partido Alianza Verde comparó tres modelos legislativos aplicados por distintos gobiernos. El modelo de Estados Unidos, por ejemplo, prohíbe la prostitución y busca criminalizar al proxeneta, a quien paga por sexo y a la mujer prostituida. Esta visión prohibicionista no ha sido efectiva para proteger a las mujeres.

El modelo alemán busca legalizar la prostitución, pero al despenalizar al proxeneta, a quien paga por sexo y a quien es utilizada para la prostitución, se ha conseguido un aumento en el número de mujeres prostituidas. El tercer modelo que garantizaría la protección de las víctimas es la abolición de la prostitución. Reconoce a las mujeres como victimas, criminaliza al proxeneta “que hace uso comercial del ejercicio de la prostitución” e impone multas y sanciones morales a quienes paguen por sexo. El gobierno sueco, que ejecuta este modelo, envía cartas a la casa y al empleador de quien paga por sexo para notificar dicho comportamiento.

En Colombia la prostitución no es un delito, pero el código de policía legaliza los establecimientos en los cuales se ejerce la prostitución. Se convierte en un modelo de negocio autorizado, según Estrada. Además, alega que “una persona puede traficar con mujeres, comerciar el uso de sexo y no hay una persecución”. Lo más grave es que quien paga por sexo no tiene ninguna sanción penal o moral.

El problema radica en la naturalización social y cultural de la prostitución, pues en la práctica es la principal causa de trata de personas, especialmente de niñas y mujeres, según Estrada. Por ello, propone un modelo legislativo eficiente que proteja a las víctimas frente a la prostitución, pues las sexualidades machistas y violentas legitiman

La propuesta apunta a sancionar moralmente a quien pague por sexo y adoptar el modelo sueco, pues la penalización no logra desincentivar al usuario. Además, el modelo debe imponer multas “muy serias y perseguir a los establecimientos que comercian con las mujeres” y se lucran con ello. Así, se debe logra atacar el eslabón más fuerte de la cadena: los proxenetas.